Por Gonzalo Neidal
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Un fallo de la Corte Suprema de Justicia nos devuelve otra vez a un escenario de discusión al que estamos condenados por décadas: los años de atentados, crímenes y represión.
Por una ajustada mayoría de tres a dos, los ministros de la Corte resolvieron que también se aplica el sistema del 2 X 1 a los delitos de lesa humanidad. No entraremos en cuestiones técnicas, por supuesto. Sólo diremos que en la práctica esto puede significar el acortamiento de penas a quienes hoy purgan prisión, condenados por estos delitos.
Esto supone un cambio de criterio respecto de los que la Corte sostenía durante los años previos y, además, fueron decisivos los votos de los dos ministros (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) recientemente incorporados al más alto tribunal. No nos referimos a lo referente a lo técnico-jurídico sino a las implicancias políticas de la decisión de la Corte.
Algunos expertos que conocen la cadencia del máximo tribunal piensan que no es descartable que este fallo integre una negociación más amplia que incluye el próximo pronunciamiento de la Corte acerca de la prisión de Milagro Sala. Estos analistas piensan que la libertad de la jujeña completaría el combo conocido como “una de cal, una de arena”.
Como era de esperar, el fallo ya desencadenó pronunciamientos a favor y en contra, debates, agitación en las redes sociales y las adhesiones y rechazos que son de rigor en casos como éste. Era completamente previsible. E inevitable.
Se trata también de una grieta que divide a una parte de la sociedad argentina aunque, hay que reconocerlo, otra parte de ella mira a esta discusión con completa indiferencia. Es un debate para la clase media politizada, principalmente. Y estamos condenados a sumergirnos una y otra vez en esta discusión que pinta para permanecer varias décadas más, sin 2 X 1 que pueda amortiguarla.
Existe una amplia superposición entre quienes rechazan este fallo y el progresismo que respaldó al gobierno anterior. Y al revés: entre quienes lo aprueban y apoyan al gobierno actual. Este tema es uno de los componentes de la grieta.
¿Existe una “nueva Corte” al menos en el sentido que reorientará sus opiniones hacia criterios afines al gobierno actual? No puede saberse. Este fallo logró una ajustada mayoría integrada por los dos ministros recién incorporados y la Dra. Elena Highton de Nolasco, que fue instada por el Dr. Ricardo Lorenzetti a abandonar el tribunal tras llegar a los 75 años, en cumplimiento de un precepto constitucional.
Algunos expertos que conocen la cadencia del máximo tribunal piensan que no es descartable que este fallo integre una negociación más amplia que incluye el próximo pronunciamiento de la Corte acerca de la prisión de Milagro Sala. Estos analistas piensan que la libertad de la jujeña completaría el combo conocido como “una de cal, una de arena”.
La Corte se niega a establecer una diferencia entre los delitos comunes y los de lesa humanidad, salvo en lo atinente a su imprescriptibilidad. Y esto es lo que ha indignado sobremanera a las agrupaciones de derechos humanos y a la intelectualidad afín a ellos.
Pero el debate ciertamente excede lo jurídico. No puede ignorarse que hoy purgan prisión, condenados por graves delitos, varias decenas de protagonistas de la década de sangre y plomo. Todos pertenecen a las Fuerzas Armadas y de seguridad. Muchos de los convictos han superado largamente los años para los cuales la ley prevé su prisión domiciliaria. El promedio de todos ellos es superior a los 75 años. Sin embargo, han sido pocos quienes se han visto beneficiados por este instituto. Recién ahora, algunos tribunales están fallando en esa dirección, quizá también mostrando una modificación del criterio respecto de años anteriores, a tono con el cambio ocurrido en el poder político. Del otro lado y hasta no hace mucho tiempo, los guerrilleros y terroristas han sido tratados como héroes y sus nombres figuran en placas y monumentos, de un modo completamente improcedente y ciertamente provocador.
Las prisiones domiciliarias, la propuesta de la Iglesia para reunir a los descendientes de unos y otros y ahora el cómputo de las penas establecido por la Corte son diversos intentos en la búsqueda de equilibrio cicatrizante. Por el momento, está claro, los resultados distan de ser alentadores.
