A Micaela no la mató el patriarcado, tampoco Zaffaroni

A Micaela no la mató el patriarcado, ni el machismo, ni la trata, ni todos los varones del universo, ni el garantismo, ni Zaffaroni, ni el juez que liberó al sospechoso.

Por Daniel Gentile

Hasta hace unos pocos días, sólo la conocían su familia, sus amigos y su círculo de allegados. Hoy, muerta, es famosa. Triste celebridad póstuma, de la que ella nunca tendrá noticia, la que le están deparando los medios, los políticos, los psicólogos, los sociólogos, los juristas, y ese indefinible colectivo gelatinoso que suele denominarse “la gente”.
Antes, un asesinato, además de una cosa terrible, era un hecho policial. En este tiempo, sobre todo si la víctima es una mujer, y más aún si es una mujer joven, es un suceso político e ideológico. Son cadáveres que cotizan alto en la bolsa de valores en la que especulan los que están acostumbrados a sacar réditos de la desgracia ajena.
Sabemos que Micaela era una chica joven y linda, pero además se ha conocido que militaba en el feminismo y en el kirchnerismo. Esto último ha permitido la redacción de editoriales que sostienen que “luchaba por un mundo mejor”. Como primer efecto de su muerte terrible, se advierte la pretensión de algunos de legitimar las ideas con las que la víctima estaba embanderada.
Hay un sospechoso del crimen, que ha confesado su autoría, que estaba purgando una condena y había sido beneficiado con la libertad condicional. Los cañones apuntan contra el juez que lo liberó, pero además contra el “garantismo” que habría permitido esa liberación anticipada, y también contra Eugenio Zaffaroni, a quien se considera el máximo referente de esa corriente doctrinaria. Aquí el destino de la pobre muerta se vuelve más cruel, pues Zaffaroni es kirchnerista, y al cadáver se lo disputan entre los “K” y los “anti K”.
He leído –y me pareció terrible- que Micaela fue víctima del garantismo y el abolicionismo que propició la corriente política en la que militaba. Algo así (y perdón por la crudeza de la traducción), como que “probó su propia medicina”.
Si “garantismo” es el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todas las personas, incluso las imputadas o condenadas por delitos penales, yo me declaro garantista. Me parece muy peligroso que estos episodios se utilicen para cuestionar el instituto de la libertad condicional, que deriva del precepto constitucional de que el tratamiento penitenciario debe procurar la recuperación de los reos. Reconozco que ese beneficio debe ser concedido muy cuidadosamente, y que la experiencia demuestra que existen individuos, en especial condenados por abusos sexuales, que tienen altas probabilidades de reincidir. En esos casos los jueces deben ser muy estrictos, pues devolver a la calle a un sujeto de esas características implica poner en grave riesgo a la sociedad. Razones de seguridad –no de ensañamiento en el castigo- obligan a ser muy rigurosos en estas situaciones.
El código penal no ha tenido reformas “zaffaronistas”, por lo que, desde el punto de vista legal, es un error acusar a este jurista por liberaciones anticipadas mal concedidas. Es verdad que ha ejercido influencia académica y jurisprudencial, y aún es probable que ello haya promovido en algunos jueces cierta laxitud en la concesión de beneficios a imputados y condenados. Pero eso no es garantismo, eso es mera negligencia, e incluso, como en este caso, cabría hablar de graves errores judiciales cuyas consecuencias deben recaer sobre los magistrados. El anteproyecto de código penal que elaboró Zaffaroni junto a otros especialistas, entre ellos Federico Pinedo, no ha sido tratado aún por el Congreso y existen escasísimas chances de que sea aprobado. Por otra parte, hasta donde lo conozco, es un buen proyecto.
Muchos piden a gritos, como pasa siempre en estos casos tan tristes, el endurecimiento extremo de la ley. Desde pena de muerte, pasando por castración, tormentos legales, hasta prisión perpetua efectiva, sin libertad condicional y sin posibilidad de considerar, caso por caso, la reinserción social.
El clamor está movido más por el ánimo de venganza, o el oportunismo político, que por la búsqueda de la seguridad. Es cierto que el código penal debe funcionar como una amenaza disuasoria, como un castigo en ciernes para quien proyecte delinquir, pero más importante que la pena que se aplique al reo es procurar la seguridad del resto de la sociedad.
Los códigos penales endurecidos al calor de un cadáver reciente nunca han servido para nada. Recordemos el caso Blunberg y el código Blunberg.
En cuanto a los linchamientos sin juicio que se reclaman, no son derechos que puedan ejercer los medios de comunicación, ni los políticos ni la muchedumbre. Sólo en la víctima y en sus deudos, que también son víctimas, puede justificarse el puro deseo de revancha. Ni los periodistas, ni los legisladores, ni los magistrados pueden reaccionar como víctimas.
También el feminismo, como siempre y más en este caso, dada la militancia de Micaela, quiere apropiarse de la muerta. Se lee por ahí que estos crímenes ocurren porque no tenemos una justicia “con perspectiva de género”, o que “hay que cambiar la enseñanza para erradicar el machismo” (proponiendo casi campos de reeducación para varones), o que la mató el “patriarcado” o el “heteropatriarcado”, y las infaltables imputaciones a “la trata”, jamás comprobadas.
Habrá –paradoja que se repite- marchas violentas exigiendo el fin de la violencia, y además se pretenderá de esa forma homenajear a una pobre chica, primero asesinada por un psicópata y luego abusada por los pescadores de río revuelto.
A Micaela no la mató el patriarcado, ni el machismo, ni la trata, ni todos los varones del universo, ni el garantismo, ni Zaffaroni, ni el juez que liberó al sospechoso. En estos tiempos en que ante un crimen no se investiga sino que se ideologiza, se pierde de vista lo elemental. A Micaela la mató un asesino. Y si ese criminal fue liberado indebidamente, el magistrado que concedió ese beneficio deberá soportar las consecuencias, incluso penales, de su acto jurisdiccional.