Clima electoral: postergan ley de “Comunicaciones Convergentes”

Se abrió un nuevo período de consultas, por 180 días. En septiembre el articulado debería estar a disposición de la cartera que conduce Oscar Aguad, pero lo más probable es que la reforma se aborde el próximo año.

La reforma de las leyes 26.522 y 27.078 (de Medios y Argentina Digital, respectivamente), se aplazó por tercera vez desde que se formó la comisión encargada de la redacción de la iniciativa.
Mediante la resolución 601, el Ministerio de Comunicaciones, a cargo del cordobés Oscar Aguad, oficializó que dispuso un nuevo período de consultas, por 180 días, sobre los documentos preliminares que conformarán el anteproyecto de cambio, actualización y unificación de la normativa.
Pese a que en septiembre del 2016 el Gobierno anunció que la redacción del proyecto de la denominada ley de “Comunicaciones Convergentes” iba a estar lista en marzo, resolvió poner el asunto nuevamene a consideración.
Se estima que el debate se cerrará a finales de septiembre y que durante el último trimestre del año el articulado volverá a la cartera de Comunicaciones. Sin embargo, por la inminencia de las elecciones legislativas y el complejo panorama politico que enfrenta el oficialismo lo más probale es que el cambio legislativo se concrete recién el año que viene.
Entre los fundamentos de la decisión que postergó la reforma se plasmó que las 78 organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos y ciudadanos que participaron de las rondas de consulta solicitaron la pertura de nuevos espacios de diálogo, para que se garantice “la más absoluta apertura” del esquema destinado a la aprobación de la legislación; en especial, teniendo en cuenta que se trata de un articulado muy extenso, que aborda los medios públicos, la convergencia de las redes, los OTT (over the top) y la cuota de pantalla, entre otros temas.
A finales del 2015, a poco de asumir, el Gobierno anunció que modificaría las leyes de medios y de telecomunicaciones. Vía DNU, unificó a las autoridades de aplicación en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), una medida que, en la práctca, implicó la disolución de la Afsca y de la Aftic y volvió abstractos los planes de adecuación en marcha.
En esa oportunidad, creó en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones la comisión encargada de redactar la ley “convergente” y el jefe de Gabinete Marcos Peña adelantó que el proceso llevaría al menos un año.
En abril del año pasado, la Cámara de Diputados validó el decreto, pese a la polémica que generaron el “cristinismo” y sus aliados.
El objetivo, pendiente por ahora, es establecer un marco regulatorio que rija por igual todos los actores de la comunicación, provengan de las telecomunicaciones (como las telefónicas) o de los medios audiovisuales (como la televisión por cable).
Con la nueva convocatoria, el sector de las telecomunicaciones continuará siendo regido por los decretos 267/2015 y 1340/2016, sus reglamentaciones y resoluciones posteriores.
El mayor desafío es regular los servicios dispares que habilita el mundo digital, como Whatsapp y Netflix, y aún no hay consenso al respecto en la comisión redactora. Lo mismo sucede con la faz impositiva.
La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) denunció que la postergación impica “una nueva afrenta” a los compromisos que asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia del 8 de abril del 2016.
Cabe recordar que el organismo convocó Gobierno nacional y a organismos de la sociedad civil vinculados al kirchnerismo para discutir sobre los cambios que introdujo la Administración macrista a una de las leyes “emblema” del modelo.
El encuentro fue solicitado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representado por el periodista Horacio Vertbisky y por Damián Loreti, el autor del proyecto original de la “Ley de Medios”).
La entidad adujo que la nueva política en la materia habilitaba una mayor concentración, mientras que la delegación oficial señaló que las medidas eran transitorias y se comprometió a avanzar con el proyecto de ley, a fin de abrir el debate parlamentario a principios de este año.
El clima electoral, la complejidad que implica regular la “convergencia”-es decir, normar todos los servicios que permitan recibir, producir, transportar y distribuir información, opinión y contenidos, con independencia de las plataformas tecnológicas que se utilicen-, la necesidad de diseñar una normativa flexible y moderna y el atraso en materia de inversiones en el área motivó que los plazos no se cumplieran a rajatabla.
No obstante, desde julio del año pasado se conocen los principios que se buscarán plasmar con la nueva ley. El documento fue difundido por el Enacom, para darle un marco a los debates de la comisión redactora, y entre las definiciones más importantes figuran la que prevé el acceso universal, equitativo, asequible y de calidad a Internet como derecho fundamental y la pauta de “neutralidad tecnológica”, que podría implicar el fin de las restricciones para dar determinados servicios por tipo de tecnología.