Cannabis: kirchnerismo hace foco en “limitaciones” de la ley

Pese al avance que implica que las personas con enfermedades que no ceden con terapias tradicionales accedan gratuitamente al aceite de marihuana, la normativa es blanco de críticas.

cannabisTal como acordaron el año pasado la Nación y casi todas las provincias –entre ellas, Córdoba- el autocultivo de marihuana quedó fuera de la agenda y el Legislativo sólo avaló el uso medicinal, garantizando el acceso gratuido al aceite que se extrae de la planta.
Además de legalizar el consumo terapéutico del derivado del cannabis, el Senado determinó que es tiempo de que el país ponga en marcha la investigación médica y científica en la materia.
La oposición anunció que seguirá reclamando que se permita el autocultivo, pero acompañó la iniciativa de Cambiemos, luego de usufructuar hasta el cansancio la restricción.
Cabe recordar el caso de las legisladoras nacionales Diana Conti y Gabriela Estévez (FpV), a quienes el debate que comenzó en agosto del año pasado les dio la oportunidad de lograr algo de protagonismo.
Convenientemente, dejaron de lado en sus discursos que durante la última década las organizaciones que difunden las propiedades de la marihuana depositaron sus esperanzas en las promocionadas gestiones del anterior Gobierno y no obtuvieron nigún resultado.
Luego de que la Corte, en el precedente “Arriola”, del 2009, declarara inconstitucional el castigo de la tenencia de drogas para uso personal, el activismo no abandonó sus consignas, pero se politizó y se convenció de que de que el “modelo” iba a promover una reforma seria y respetuosa de las libertades individuales de la ley de estupefacientes, algo que no sucedió.
En el 2012, Aníbal Fernández apareció en la tapa de la revista THC, una publicación especializada en cannabis. Anunció que iba a presentar una iniciativa (lo hizo, pero fue intrascedente) y hasta dio consejos sobre cultivo. Todo quedó en meras declamaciones.
En el 2014, Cristina Fernández de Kirchner intentó capitalizar la repercusión que logró en el mundo el uruguayo José “Pepe” Mujica e instruyó a Conti para que impulsara el debate por la despenalización para uso terapéutico. Tampoco pasó nada.
Las objeciones seguirán, pero por primera vez hay un resultado concreto para la “militancia cannábica”; al menos, relacionado a una de sus causas.
Si bien se especulaba que la posibilidad de que el Estado cultive también se dejaría de lado, la ley prevé que el Conicet y el INTA podrán sembrar, para elaborar la sustancia que se usa como parte del tratamiento de patologías como la epilepsia refractaria.
La normativa establece que se fomentará la producción a través de las entidades nucleadas en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Mientras se organizan, la ANMAT permitirá la importación del aceite que se fabrica en Estados Unidos.
Entre otras razones, el oficialismo se opuso al cultivo personal porque la práctica podría acelerar los tiempos de la discusión del uso recreativo, un debate que no quiere abrir. Por otra parte, no pierde de vista que las directivas de “Arriola” deberían amparar a los cultivadores que producen volúmenes compatibles con el uso personal, con cualquier fin.
La idea del kirchnerismo, que contaba con el respaldo del la izquierda y del socialismo, era más audaz, pero se apartaba de las recomendaciones de los expertos, que coinciden en que es necesario más investigacion, profundizar los estudios clínicos y, sobre todo, capacitar a los profesionales de la salud.
El diseño “condicionado” de la normativa que finalmente surgió del Congreso tomó en cuenta los reclamos que la Pastoral Social hizo en diciemre pasado, cuando el Gobierno declaró la emergencia nacional en materia de adicciones hasta fines del 2018.
El grupo pidió la puesta en marcha de medidas preventivas y sanitarias.
Entre otras pautas, el Poder Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) para que implemente acciones y jerarquizó el rol de un dependnencia que la anterior administración dejó de lado.
En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti lanzó un plan de asistencia para toda la jurisdicción. Vía decreto, creó la Red de Asistencial de las Adicciones (RAAC), mediante la cual se puso en marcha un sistema único e integral, de carácter preventivo y asistencial, para todas las complejidades.
Como respuesta a la demanda para que mejore la atención sanitaria de los adictos, la Provincia acordó destinar más presupuesto para las entidades gubernamentales que trabajan con ellos y para que las ONG que ofrecen tratamientos accedan a subsidios.
El consenso para no promover la legalización del cultivo personal de marihuana hace pie no sólo en la necesidad de mayores estudios, sino en el Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas 2016-2020, preparado por la Sedronar, que sostiene que la “tolerancia social” es uno de los motivos del aumento del consumo.
La política de Estado parece encaminada a prevenir y a tratar la drogadicción, un flageo que, según los curas, no fue atacado por ningún gobernante.
En ese sentido, el titular de la Sedronar, Roberto Moro, declaró que uno de los problemas de Argentina durante los últimos 20 años es que siempre se le dio al consumo problemático “una mirada desde lo ideológico”.