Lo que muchos piensan del golpe del ’76 y pocos se animan a decir

Probablemente no ha habido en los últimos cincuenta años un gobierno con más respaldo y consenso popular que el de aquellos militares.

Por Daniel Gentile

Varias cosas nos dejó el golpe del 24 de marzo de 1976. Trajo pacificación pero que después tuvimos que pagar con un alto precio. En vidas (algunas inocentes), en libertades y derechos recortados. Nos ahorró también el trabajo de imaginar cómo hubiera sido la historia sin el golpe. Cualquier respuesta a esa pregunta será falsa, porque estará basada en conjeturas, y la historia conjetural no existe. Sin embargo, no es descabellado pensar que nuestra vida, sin aquel quiebre institucional, hoy sería peor. El golpe nos ha deparado también, cuarenta y un años después, la comodidad intelectual de condenar a los militares desde la platea, como quien asiste a la proyección de una película que relata hechos a los que el espectador fue ajeno.
La Argentina, secuestrada por ejércitos terroristas, era un territorio atravesado cotidianamente por balas, bombas y muerte. El famoso decreto presidencial que ordenó la aniquilación de los insurgentes no fue otra cosa que la verbalización institucional del generalizado sentimiento de hartazgo y desesperación que invadió a una ciudadanía atrapada en un país invivible.
No fue Isabel Perón la que ordenó la aniquilación de los terroristas. Los argentinos, con la bronca que sólo puede producir un asedio injusto e intolerable, ansiábamos y rogábamos que los aniquilaran.
Ricardo Balbín no era un ciudadano más. Era el líder de la oposición. No reclamó la renuncia de la presidenta y su sucesión según los preceptos constitucionales. En un tono fuerte y claro, que nadie puede olvidar, afirmó que ninguna solución tenía para ofrecer. Esa declaración de impotencia nunca necesitó traducción. Balbín fue en ese momento la voz de millones de personas que clamaban otro tipo de salida. Sin eufemismos, el golpe militar. Sabíamos que no había en el tablero otra jugada posible. Mejor dicho, no había otra jugada útil a los fines de la recuperación de la paz. Estábamos convencidos de que cualquier mecanismo normal o institucional resultaría insuficiente. A cuarenta y un años de aquel quiebre, yo arriesgo la hipótesis de que teníamos razón.
Fue una guerra y la inició el terrorismo. La inmensa mayoría de la población, que tenía la modestísima aspiración de vivir en paz, exigió a las Fuerzas Armadas que cumplieran con su obligación de defender al país. Lo hicieron primero en democracia y con mecanismos constitucionales. Luego, ante la evidencia de que una situación excepcional requería remedios excepcionales, se allanaron al clamor generalizado de la ciudadanía y asumieron íntegramente el poder. A la ejecución militar de ese mandato expreso de la población civil, que implicaba un inevitable quiebre institucional, se le ha dado, no sé si con justicia, el nombre de golpe de Estado.
No fue una solución antijurídica. El estado de necesidad en que se encontraba el país justificó la ruptura y enmarcó a la acción militar dentro de los límites del derecho. Estamos hablando, por cierto, de un derecho de excepción, sólo aplicable en los casos en que los mecanismos institucionales normales no alcanzan para salvar a la república en riesgo de disolución. Se trataba, ni más ni menos, que de defender la vida de los ciudadanos, agredidos no por uno, sino por varios ejércitos irregulares. Yo no acepto el aborto, salvo en un caso: Cuando está en peligro la vida de la madre. En mi concepción moral, esa dramática disyuntiva otorga a la mujer embarazada y a los médicos, en el marco de la ética, un derecho del que normalmente carecen. Algo análogo ocurrió con la Argentina en marzo de 1976.
Probablemente no ha habido en los últimos cincuenta años un gobierno con más respaldo y consenso popular que el de aquellos militares. Fueron elegidos sin urnas, fueron recibidos con alivio y con júbilo, y fueron sostenidos con el entusiasmo que sólo la alegría de la paz recuperada es capaz de producir.
En junio del 78, cuando Daniel Passarella levantaba la Copa Mundial que (con algunos procedimientos sospechosos) ganó la Selección argentina de fútbol, el General Videla recibió una ovación por lo menos igual en intensidad a la que mereció el capitán de nuestro equipo.
Aquella ovación fue el premio al presidente de facto por haber cumplido el mandato de apagar el incendio, pero también fue una convalidación de los métodos que se utilizaron para extinguir las llamas. Nadie ignoraba (nadie podía ignorar) las atrocidades que se cometieron. Nadie ignoraba (pero a la mayoría le pareció bien, casi como si fuera el efecto colateral de un fármaco), que la represión se ejerció con ensañamiento y en muchos casos contra justos y pecadores.
Sin embargo, a pesar de aquella generalizada aprobación, esos métodos aberrantes deslegitimaron a quienes ejercían el poder. El derecho de excepción que justificó el quiebre institucional no era apto para ampararlos en la violación indiscriminada de derechos humanos fundamentales. Eso los ha hecho merecedores de castigo.
Pero también es cierto que ese castigo se vuelve injusto, ni bien se advierte la asimetría en la que han incurrido los hombres de la democracia a la hora de juzgar a los combatientes del bando que resultó derrotado en aquella guerra no convencional.
No es justo que los jueces y la historia oficial les hayan dado a los vencedores el trato que se reserva para los criminales, y a los vencidos el que habitualmente se depara a los héroes. No es equitativo que condenemos a la cárcel y al oprobio a los hombres a los que les dimos el mandato de defendernos, mientras absolvemos y glorificamos a los generales de los ejércitos que nos asediaron y nos atormentaron.
Ocurre que la guerra no ha terminado. Esos generales del bando otrora irregular han sido diabólicamente hábiles en la posterior batalla cultural. Han sido tan demoníacamente insidiosos, que han logrado apoderarse de la historia. Por lo menos, hasta ahora.