El 24 de marzo, o la defección de la política

No parece descabellado postular, a la distancia, que intentar llegar a las elecciones hubiera sido una buena estrategia, tanto para el oficialismo como para la oposición. El radicalismo, especialmente, debería haber estado profundamente interesado en que esto sucediera.

Por Pablo Esteban Dávila

Bien lo dijo Ricardo Kirchbaum en Clarín de ayer: “la mayoría de las organizaciones de derechos humanos se han convertido en partidos políticos”. No parece razonable, por lo tanto, analizar lo que representa hoy el 24 de marzo (definitivamente apropiado por la izquierda y el kirchnerismo) sino reflexionar someramente sobre la circunstancias de su ocurrencia hace 41 años atrás.
Sorprende, a la distancia, observar la pasividad de la clase política ante un final que prácticamente todos daban por descontado. Cualquiera sea la fuente que se consulte –de las serias, naturalmente– existía por entonces un pesimismo generalizado entre el oficialismo y la oposición sobre lo que podía esperarse de la presidencia de la señora María Estela Martínez de Perón. Con el país sumido en la violencia política, la economía paralizada y el peronismo enzarzado en una suerte de guerra civil interna, la opción de un golpe militar no escandalizaba a nadie.
Esta parálisis parece aún más sugerente cuando se cae en cuenta que las facciones violentas, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, eran claras minorías. El Congreso, dominado por el peronismo pero con una importante representación radical, no podía ser reputado como una asamblea revolucionaria, en tanto que el gabinete de la señora de Perón, más allá de la revulsiva presencia del “brujo” José López Rega, se integraba por dirigentes capaces, muchos de los cuales tuvieron una destacada actuación en los años de la restauración democrática. De la misma manera, la poderosa CGT no podía ser reputada de desestabilizadora. Sus caciques estaban nominalmente con la Casa Rosada y detestaban realmente a la izquierda revolucionaria, ávida por denunciarlos como “falsa conciencia” del proletariado y apropiarse de sus bases sindicales.
Tampoco existían mayores disensos entre la clase política de aquél entonces (al menos, la que se movía dentro de la legalidad democrática) sobre qué hacer con los movimientos guerrilleros. El Congreso votó sin mayores dificultades la denominada ley “de acefalía”, orientada a proporcionar un seguro institucional ante un posible alejamiento de la presidente. Gracias a este dispositivo el titular del Senado, Ítalo Luder, comenzó a alternar en la presidencia con la viuda de Perón, firmando los decretos 2770, 2771, y 2772 que establecían un Consejo de Seguridad Interior integrado por el presidente y los jefes de las fuerzas armadas, extendiendo a todo el país la política de “aniquilar” el accionar de los elementos “subversivos”.
Más allá que el gobierno estuviera en el ojo de la tormenta, no podía dudarse de la legitimidad de su origen. Juan Domingo Perón y su esposa habían sido electos por el 62% de los votos en septiembre de 1973, un abrumador resultado que no dejaba dudas sobre quién mandaba en el país. “Isabelita” lo continuaba tras su muerte y Luder fungía como el vicepresidente. Tanto las decisiones de la viuda de Perón como las de aquél debían reputarse válidas y legales. Tal es así que, durante la campaña presidencial de 1983, Luder nunca fue atacado por la firma de aquellos decretos, a pesar de ser el candidato del PJ y el supuesto favorito. En su lugar, Raúl Alfonsín prefirió machacar sobre el nunca probado “pacto sindical – militar” para esmerilar al peronismo antes que hacer revisionismo sobre las medidas tomadas en los meses anteriores al golpe del Estado.
Es cierto que el gobierno no estaba para argumentos legalistas, ni para recordar todo el tiempo los orígenes populares de su mandato. Existían problemas graves y objetivos, de la índole que exigían determinación y firmeza. Estos atributos estaban claramente ausentes en la Casa Rosada pese a que, y paradójicamente, siempre fueron reclamados como característicos de cualquier mandato justicialista. La presidente parecía una mujer voluble, completamente a merced del esotérico López Rega o, luego de su partida a mediados de 1975, de su indolencia y falta de carácter.
Sin embargo, no estaba en un callejón sin salida. Por imperio de la ley Mor Roig (dictada durante la presidencia de Lanusse) el mandato presidencial era de cuatro años en lugar de los seis establecidos por la Constitución de 1853. Esto significaba que, al momento del golpe de Videla, faltaban sólo siete meses para las elecciones generales, lo que hubiera dado aire a las instituciones de la República y una posibilidad de debatir, en el marco de la Ley, sobre cómo tratar el flagelo de la violencia. Hubiera sido éste, por sobre cualquier otro, el gran tema de la campaña y es altamente probable que, al final, hubiera triunfado la posición de restaurar el orden perdido.
No parece descabellado postular, a la distancia, que intentar llegar a las elecciones hubiera sido una buena estrategia, tanto para el oficialismo como para la oposición. El radicalismo, especialmente, debería haber estado profundamente interesado en que esto sucediera. En el caos en que se encontraba el país, la fuerza podría haber intentado cambiar el eje de la discusión política argentina, tal como lo logró Raúl Alfonsín en 1983. Liderazgos no le faltaba: Ricardo Balbín, un orador brillante y de gran prestigio nacional, estaba en posición de orientar al partido hacia el triunfo y de articular la acción del Estado en contra de los grupos que pretendían usurparel poder gracias a la violencia.
Pero nada de esto sucedió. Balbín pareció abdicar de aquella posibilidad cuando, poco tiempo antes del golpe militar, expresó melancólicamente que “Algunos suponen que yo he venido a dar soluciones y no las tengo”. Esta fue, posiblemente, la señal que se aguardaba desde los cuarteles para destituir a la presidente. Si los políticos no podían hacerse cargo del desaguisado en que se había convertido la Argentina, ni siquiera los de la oposición, no parecía entonces haber esperanza para la democracia, al menos desde la estrecha mirada castrense.
La sociedad, azorada por la violencia de los grupos armados y la impotencia que emanaba desde el Estado, no parecía tener la paciencia necesaria para aguardar por el recambio presidencial. Muchos sectores, y no solamente las clases medias y altas, estaban hartos de aquella ordalía que parecía devorarse las instituciones, las esperanzas y el futuro de los argentinos. Crecía, tras lo que se percibía como una defección de la política, la sensación que sólo los militares podrían encontrar la punta al ovillo.
Lo curioso es que las Fuerzas Armadas no podían quejarse del rol que la presidente les había encomendado. No existían prácticamente restricciones sobre su accionar en contra de la subversión, excepto las garantías constitucionales básicas (lo que no es poco decir, especialmente después de lo ocurrido durante el Proceso). El Ejército obtuvo éxitos importantes en Monte Chingolo, Tucumán y Formosa en 1975, y no son pocos los autores que señalan que, al momento del golpe de estado, la parte substancial de las fuerzas guerrilleras ya estaban vencidas. Sin apoyo social ni político de relevancia, el destino de los grupos armados parecía escrito, no obstante que todavía estuvieran en condiciones de dar batalla durante algunos meses más. Aunque la sensación pudiera ser de caos absoluto, es posible que la señora de Perón pudiera haber entregado los atributos del mando a un sucesor civil en octubre en una situación de mayor estabilidad que la que se vivía por marzo de 1976.
Es triste decirlo, especialmente por todo lo que sucedió después: la extrema derecha y la extrema izquierda, no obstante que minoritarias, tomaron de rehén a la sociedad y le sugirieron, con el sibilino lenguaje de las balas y las bombas, que la única opción a mano era la militar. No importaba demasiado que en poco tiempo más hubiera arrancado una campaña presidencial, ni que las derrotas que estaban sufriendo las expresiones guerrilleras fuesen un dato cierto. Cuando alguien cree que se muere, cualquier racionalidad es superflua. La clase política pareció entregarse mansamente a la espada, como si nada más pudiese hacer y pese a que los resortes del Estado de Derecho se encontraban, formalmente, a su disposición. No hubo ningún conato de resistencia. Cuando la Junta Militar asumió el poder por la fuerza, el ambiente fue de un resignado fatalismo. Nada hacía imaginar lo que ocurriría después, ni los costos que la Argentina debería pagar, en sangre y lágrimas, en los años que vendrían.