Las claves de las paritarias que vienen

El gobierno apuesta a que la discusión salarial sea sobre la inflación proyectada para este año y que se aplique la cláusula gatillo. Los gremios desconfían de los dos ítems.

Por Gabriela Origlia

La discusión paritaria no viene nada simple. El cierre de la de bancarios fue un ejemplo; a la complejidad de siempre se sumó que el gobierno nacional pretende que se avance en función de la inflación futura.
Es decir, que se use la presupuestada para este año, del 17% (las expectativas relevadas por el Banco Central apuntan 21%) y no la que marcó el 2016, cercana al 40%.
Los gremios de todos los sectores, en cambio, apuntarán a recuperar algo del poder adquisitivo perdido el año pasado. Puertas adentro el propio gobierno admitió una caída del salario real del siete por ciento.
En la respuesta a esta disyuntiva está también la clave para la reactivación económica. Si la pauta salarial se mueve entre el 17 y el 18 por ciento, es probable que los salarios vuelvan a perder contra los precios.
Por otro lado, no hay que perder de vista que el actual es un año electoral. A nadie le interesa más que al propio oficialismo ganar en las legislativas.
Es cierto que en el consumo influyen más factores que el salario, por ejemplo el acceso al crédito o la reforma de Ganancias que redujo el peso del impuesto sobre los ingresos formales.
Hay funcionarios del gobierno que aseguran que el crecimiento no vendrá sólo por la mejora del consumo, sino que se completará con las inversiones y las exportaciones. La misma ecuación hizo en 2016 y no cerró.
Es cierto que esta vez la economía crecería, pero tampoco sobra optimismo respecto de cuánto será la reactivación. Hay que tener presente que se debe descontar la caída de 2016.
Otro aspecto que el gobierno pretende introducir es la cláusula gatillo, que implica que los aumentos salariales en paritarias pueden ser revisados en caso de que la inflación supere lo previsto. De esa manera
busca darle alguna garantía a los gremios y conseguir que los acuerdos sean largos y no de seis meses como ya deslizan algunos sectores.
La herramienta, prevista en las negociaciones salariales, no convence a los gremialistas porque muy pocas veces se instrumentó. Un anticipo de las inclinaciones del gobierno se dio a finales del año pasado, cuando
Trabajo vetó un acuerdo alcanzado por la Asociación Bancaria que incluía un ajuste salarial a fin de 2016 que abarcaba una recomposición por la pérdida salarial y un anticipo para 2017. El debate se extendió hasta hace unos días.
El ministro Jorge Triaca argumentó que se trataba de una reapertura de paritaria fundada en una cláusula gatillo. Los bancarios consiguieron su objetivo después de varios paros.
El economista del Ieral Jorge Vasconcelos aportó al análisis que, este año, tendrán un rol relevante los “beneficios no salariales” que incluyen servicios de salud, educativos, del transporte y seguridad, que
no implican gastar más, pero si hacerlo mejor. De todos modos, advierte que habrá que ver qué grado de avances se logra.
También menciona que la pauta salarial define sólo una parte de la masa de ingresos: en el sector privado puede haber mejoras adicionales en caso de avances de productividad, y el volumen del empleo también juega.
En el Estado, las partidas de planes sociales y jubilaciones habrán de subir un 25% interanual en términos nominales, con cierto margen frente a la inflación.
“Aunque aumenten las tarifas y la política salarial resulte muy contenida, de todos modos el 2017 apunta a mejorar las noticias económicas del año pasado –describe Vasconcelos-. Pero no habrá un boom y la percepción
por sectores será heterogénea”.
En ese marco, el gobierno tendrá que poner en marcha muchas acciones en paralelo (no discursos, sino hechos) para tener chances electorales. La obra pública debe empezar a ejecutarse y con ritmo; los cambios impositivos que reduzcan la
presión tributaria deben empezar a tomar forma y los índices de confianza tienen que crecer.