Políticos, gremios y Justicia contra Uber

La nueva embestida en contra de la firma proviene del fuero Contravencional porteño. Se pidieron detenciones de gerentes y el bloqueo de la plataforma. En Córdoba, con el respaldo de la Municipalidad, taxistas y remiseros cerraron filas con sus pares porteños y es improbable que la empresa desarrolle actividades

uberLa firma norteamericana Uber sigue enfrentado problemas judiciales en el país. Aunque entre octubre y noviembre del 2016 la Justicia en lo Penal porteña, en dos instancias, desestimó una denuncia en contra de más de 30 choferes, el fuero Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció a fin de año que tenía los datos de los socios de la compañía y adelantó que la intención era demorarlos. También habló posibles detenciones masivas e inhabilitaciones de conductores.
En esa oportunidad, el fiscal Martín Lapadú dijo que tenía determinada la identidad de casi 4.000 choferes y puntualizó que la decisión de la Justicia criminal no interfería en la causa que él instruye, en la cual les enrostra desarrollar una actividad lucrativa en espacios públicos sin autorización.
Lapadú sostuvo que “Uber es un profesional de la ilegalidad que pone en riesgo la vida de sus usuarios” e indicó que sus directivos no sólo están bajo investigación contravencional, sino también en la mira de una pesquisa Penal tributaria.
El fiscal pasó del dicho al hecho y ayer le reclamó dos medidas a la jueza María Fernanda Botana: las detenciones del CEO de Uber, Mariano Otero, y del gerente general, Diego Mariano Oliveira, y el bloqueo de la aplicación en todo el territorio.
Botana desestimó ordenar que los directivos queden privados de su libertad. Resaltó que ambos están a disposición de la Justicia y entendió que en el caso no se da un supuesto de flagrancia. En cambio, hizo lugar al “cerco” judicial de la página, una medida que se hará efectiva cuando la sentencia quede firme. Las novedades al respecto podrían conocerse al final de esta semana o a principios de la que viene, ya que Uber tiene tres días para apelar la decisión y luego la Cámara cuenta con 48 horas para resolver.
Las trabas a la actividad de la empresa no son nuevas. En septiembre del 2016 se hicieron más de una decena de allanamientos en oficinas de la firma y en viviendas de conductores y gerentes. Paralelamente, se dieron pasos tendientes a complicar su operatoria y si bien la aplicación siguió funcionando los pasajeros empezaron a sufrir problemas para pagar con tarjeta de crédito. Eso, sumado a las constantes agresiones en contra de los choferes, desalentó el interés por ese trabajo en las ciudades del interior.
Cuando Uber desembarcó en Argentina, en marzo del año pasado, dio su primer paso para operar lanzando una convocatoria para potenciales conductores en la Ciudad de Buenos Aires.
Ese anuncio generó histeria en varios sectores; en especial, entre taxistas y remiseros. Los cordobeses cerraron filas con sus pares porteños. Respaldados por los respectivos gobiernos locales, hasta ahora tuvieron éxito en dificultar las actividades de la firma norteamericana.
Sin embargo, la sentencia del juez de Instrucción Luis Zelaya, que desestimó una denuncia Penal del sindicato que nuclea a los taxistas, por inexistencia de delito, al considerar que manejar un auto a través de una aplicación web no es una conducta criminal, generó expectativas entre quienes pretenden insertarse en el mercado que explota Uber.
Esa esperanza se acentuó cuando la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal confirmó lo decidido y negó que los 33 los choferes hubieran incurrido en los delitos de entorpecimiento del transporte, desobediencia a la autoridad y asociación ilícita, entre otros.
Si bien el fallo no legalizó las operaciones de la compañía, implicó una suerte de protección para los conductores durante un tiempo, ya que estableció que desarrollan una actividad comercial lícita y que, en todo caso, podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito, pero no ilícitos.
En resumen, tanto el juez Zelaya como la Alzada opinaron que la presentación se basó en la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial.
Sentando un precedente en la materia, señalaron que el fuero Penal no es la vía apropiada para resolver los cuestionamientos del sector y ahora es el área del Poder Judicial que se ocupa de las contravenciones la que encabeza la nueva embestida.
Actualmente, los choferes están incriminados por lo que indica el primer párrafo del artículo 83 del Código Contravencional porteño, que prohíbe la actividad lucrativa en espacio público y contempla una de entre 200 y 600 pesos. A los gerentes se les enrostra la organización de ese giro y podrían responder con sanciones pecuniarias de hasta 60.000 pesos e, incluso, quedar arrestados.
A través de un comunicado, la empresa confirmó que la jueza Botana “rechazó enfáticamente” la solicitud de Lapadú, tendiente a las aprehensiones, por ser “manifiestamente improcedentes”, y ratificó que “los directivos de Uber no podrán ser detenidos bajo ningún argumento”.
Los políticos no escaparon de la controversia y desde el primer momento los sindicalistas contaron con el apoyo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
En Córdoba, el secretario de Servicios Públicos, Julio Waisman, rechazó de plano la utilización del sistema dentro del ejido municipal.
Con su posicionamiento anti Uber, la Municipalidad de Córdoba aplacó posibles conflictos desde el minuto cero, cerrando todo canal posible de diálogo con directivos de la firma.
Aunque la compañía nunca manifestó intenciones de querer radicarse en la ciudad, en abril del año pasado los remiseros locales se sumaron a la “resistencia” de los taxistas y expusieron que era posible que autos privados ya estuvieran prestando el servicio; puntualmente, en hoteles y en el Aeropuerto Internacional Taravella.
El gremio que los agrupa llegó a presentar una acción declarativa de certeza en los Tribunales Federales, para que se indagara sobre su hipótesis, y reclamó saber si la firma disponía de oficinas y si había personas trabajando como choferes con sus propios vehículos. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada por la Justicia.
Si bien todos opinan que Uber es ilegal, la compañía sostiene que su servicio se ajusta a las leyes nacionales. A poco de comenzar a batallar judicialmente plasmó que el Código Civil y Comercial establece en su artículo 1280 la figura del contrato de transporte y que, en base a esa legislación, cualquier persona puede transportar a otra a cambio de un pago. Además, remarcó que las autoridades provinciales pueden trabajar en normas que regulen aspectos específicos de la actividad, pero que no impedir el funcionamiento de la aplicación.