Feria: Judiciales cordobeses ya denuncian intromisión de poderes

Se sumaron voces a favor y en contra de la iniciativa del Gobierno para cambiar el sistema de vacaciones. El gremio local se opuso con beligerancia, vía comunicado, pese a que el ministro de Justicia aclaró que el plan es que el tema figure en la agenda del 2018 y de que la última palabra al respecto la tendrá la Corte

Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Como era previsible, el anuncio del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano,  precisando que se buscará limitar la duración de la feria judicial -que se prolonga 45 días al año e implica un interrupción de casi el 20 por ciento de la labor del sector- generó partidarios y detractores.

Garavano planteó que es necesario debatir cómo darle agilidad a la Justicia y qué medidas son conducentes para que la actividad no se paralice, en el entendimiento de que un receso tan extenso implica “un grave perjuicio para los ciudadanos”.

Además, dijo que es conveniente ampliar los horarios de atención al público, implementando dos turnos de trabajo.

La iniciativa está contemplada en la plataforma “Justicia 2020”, pero no se trata de una idea nueva. Cuando Garavano se desempeñó como fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijó un régimen de vacaciones que permitía la atención al público sin interrupciones.  Los fiscales y sus colaboradores podían tomarse vacaciones entre diciembre y abril, pero con coordinación, para conservar dos tercios de personal cuando la fiscalía estaba de turno y al menos un tercio en el resto de los días.

Si bien el Gobierno adelantó que la intención es que el asunto figure en la agenda del 2018 y de que ya aclaró que la última palabra al respecto la tendrán la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal, el gremio de judiciales de Córdoba reaccionó con beligerancia. Así, a través de un comunicado, calificó a la propuesta  como una “verdadera intromisión” del poder Ejecutivo y adujo que “Justicia 2020 esconde un conjunto de medidas que tienden a flexibilizar las condiciones de trabajo y avasallar derechos adquiridos”.

Con algo de precipitación, sin aparente predisposición para el diálogo o el intercambio de ideas, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agep) se opuso “rotundamente” a la iniciativa, según plasmó.

Más reflexivo, el secretario general del gremio de los judiciales nacionales, Julio Piumato, prefirió no difundir ninguna postura oficial.

En tanto, el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, dijo que “para los abogados que caminan los tribunales es difícil trabajar bajo el rayo del sol en enero”, pero definió al descanso de un mes y medio como “un privilegio”.

Pese a la dura postura de la entidad local, comandada por Federico Cortelletti, muchos actores del sistema de Justicia y expertos en la materia coinciden en la necesidad de, al menos, dar un debate sobre el tema.

 

 

 

Denegación de Justicia

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) valoró que lo ideal sería generar  licencias para que el sistema funcione todo el año y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) manifestó que la feria “no tiene sustento legal ni de razonabilidad” y que “es una forma de denegación de Justicia”.

El abogado y ex miembro del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi fue uno de los primeros en expresar su apoyo a la iniciativa oficial. El letrado consideró que “el Poder Judicial trabaja poco” y aseguró que se solicitan muchísimos permisos para examen, para dar clases y para viajar.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guillermo Lipera, sostuvo que la feria “demora injustificadamente la prestación del servicio de Justicia” y que no hay razón alguna para que el sistema se paralice, sumándose a quienes consideran que semejante cantidad de días de inactividad responde a una costumbre obsoleta.

Joaquín Pedro Da Rocha,  ex miembro del Consejo de la Magistratura y actual presidente de la Fundación de Estudios Para la Justicia (Fundejus), valoró que la Justicia es un servicio que  “no puede interrumpirse durante 45 días”, resaltando que “a nadie se le ocurriría cerrar un hospital durante un mes”.

Ricardo Gil Lavedra, ex magistrado, ex legislador y coordinador general del programa Justicia 2020, definió como “muy sano” que en el marco de un programa integral de reforma también se debata el tema de la feria. “Tener los tribunales cerrados mucho tiempo dificulta el acceso a la Justicia”, opinó, acotando que abrir la discusión posibilitará que el  Poder Judicial sea “más cercano y sensible” a las demandas de los ciudadanos.