Justicia Legítima sigue peregrinando al Vaticano

Gils Carbó fue recibida por el papa luego de que el Colegio de Abogados porteño pidiera su juicio político. Las audiencias en el viejo continente les ahorran malos momentos a los integrantes del colectivo kirchnerista. Este año, la agenda del fiscal Senestrari también se sincronizo con Roma cuando se derrumbó el “narcoescándalo”

ilustra-francisco-con-carbo-y-senestrari-justiciaLuego de que el Colegio de Abogado de la Ciudad de Buenos Aires pidiera su juicio político, Alejandra Gils Carbó pasó a engrosar el listado de militantes del kirchnerismo que fueron recibidos  por el papa cuando tienen encima al Poder Judicial o deben rendir cuentas de su actuación funcional.

Ayer,  la procuradora General de la Nación estuvo 75 minutos con el sumo pontífice, junto a sus pares de Uruguay y Paraguay, en una audiencia durante la cual se abordaron los detalles del denominado “Programa Atajo”,  diseñado por el Ministerio Público con el fin para facilitarles a los habitantes de villas de emergencia el acceso a la Justicia

La cita de Gils Carbó le ahorró enfrentar el revuelo que el anuncio de la entidad, que precisó el viernes logró reunir las pruebas necesarias para enviar al Congreso Nacional la solicitud de enjuiciamiento en su contra.

El órgano que preside Guillermo Lipera estima que el juicio político es “la vía más adecuada” para poner fin al mandato de Gils Carbó, quien suma una veintena de denuncias y enfrenta procesos penales.

Entre las causales  que citó el colegio figura la organización de concursos bajo un sistema parcial. También enumeró la presunta comisión de ilícitos como abuso de autoridad e instigación a cometer delitos.

No obstante, hizo hincapié en la persistencia de Gils Carbó en una conducta en particular, a saber: no observar las normas que regulan el proceso de nombramiento de los fiscales.

En ese sentido, expuso que violentó el mecanismo legalmente previsto y que privilegió  su “preferencia personal”. Entre los casos más polémicos incluyó lo que definió como “las designaciones ilegales resultantes de la creación de la cuestionable Procelac” y la “colocación” de su ex titular, Carlos Gonella.

El cordobés concursó en Formosa pero fue enviado a Córdoba y luego llegó a la Procelac, de donde saliuó eyectado –y procesado por prevaricato- como consecuencia del avance de la pesquisa conocida como “la ruta del dinero K”. La Justicia sostiene que en los primeros momentos de la instrucción amputó los temas sensibles para Lázaro Báez,  titular de Austral Construcciones.

La agenda de la fundadora de Justicia Legítima no es la única que se sincronizó con Roma. Cabe recordar que en mayo el fiscal Enrique Senestrari no estuvo en la sede de los Tribunales Federales locales cuando el “narcoecándalo”, el proceso que impulsó con vehemencia durante años, virtualmente naufragó por orfandad probatoria.

En aquella oportunidad, el funcionario militante se salvó de un disgusto y no escuchó cuando, por unanimidad, los jueces Hugo Vaca Narvaja, Daniel Herrera Piedrabuena y Mario Garzón descartaron los cargos por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad que pesaban en contra el principal acusado, el ex comisario Rafael Sosa, le impusieron una pena leve y lo dejaron en libertad.

En su momento, Senestrari pidió 15 años de prisión para Sosa, ex jefe de Drogas Peligrosas, al considerar que encabezó una banda de policías que hacía negocios con el narco.

Sin embargo, tal como adelantó Gustavo Franco, el abogado del uniformado, el Ministerio Público “vio otro juicio” y todo parece indicar que el publicitado proceso, que tuvo notas de  sobreactuación funcional y vasta cobertura mediática, quedará en la historia como no mucho más que una puesta en escena con fines políticos.

Tras conocerse el fallo, el legislador Daniel Passerini (Unión por Córdoba) dio su visión sobre el tema y, como muchos sectores de la sociedad cordobesa, opinó que el “narcoescándalo” fue una maniobra del kirchnerismo para “pegarle” a José Manuel De la Sota.

Además, señaló que se armó “un show mediático”; que “Senestrai y la plana mayor del gobierno nacional (de Cristina Fernández de Kirchner) mentían y el fiscal, Gils Carbó y Sergio Berni desplegaron una operación que tuvo como único objetivo “lastimar a De la Sota y al peronismo en pleno proceso electoral durante las elecciones legislativas de 2013”.