Piden juicio político de Gils Carbó y apuntan al “caso Gonella”

El Colegio de Abogados porteño reclama que la procuradora responda por mal desempeño. La designación del ex titular de la Procelac, procesado por prevaricato, figura entre los ejemplos de violación a la normativa vigente que enumeró la entidad.

fiscal-gonellaLa procuradora General de la Nación, Alejandra  Gils Carbó, no acusó recibo de los reclamos del nuevo Gobierno y de distintos sectores para que dejara su cargo, pese a que su rol como protectora de los intereses de la anterior administración quedó en evidencia cuando el Poder Judicial comenzó a avanzar en varios casos de corrupción resonantes, como el que involucra al empresario Lázaro Báez.

Parte del “blindaje judicial” de Cristina Fernández de Kirchner y de sus funcionarios, entre las  maniobras de pobre calidad institucional que se le enrostran figuran la designación y el traslado de subordinados siguiendo la agenda del Poder Ejecutivo. Un ejemplo emblemático es el de Carlos Gonella, quien concursó en Formosa pero fue enviado a Córdoba y luego llegó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Procesado desde el 2014 por prevaricato por su deslucida actuación  en el caso conocido como “la ruta del dinero K”, el cordobés renunció  en mayo.

A principios de abril, Alfil adelantó que el huracán judicial que se desató con la detención del patagónico lo afectaría.

Días después del encarcelamiento de Báez, la Sala II de la Cámara Federal rechazó liberarlo y no olvidó citar a Gonella, reseñando que omitió incluir al ex bancario en el dictamen que presentó en el proceso y que no impulsó la producción de prueba alguna dirigida a esclarecer el origen de su inmensa fortuna.

Cabe recordar que luego de boyar durante meses, el juez Sebastián Casanello puso el pie en el acelerador y dictó medidas tras la difusión de las imágines del hijo de Báez, Martín, contando dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Las novedades en el expediente expusieron a Gonella, quien quedó en la mira judicial por amputar de la instrucción los temas sensibles para el titular de Austral Construcciones. De hecho, logró que Báez ni siquiera figurara en la carátula del expediente.

En el 2013 explotó el caso conocido como “la ruta del dinero K”, que involucra a Báez y a su entorno de colaboradores. El juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán quedaron a cargo de la pesquisa, pero como este último estaba de licencia, su colega, Ramiro González, ocupó su lugar.

Ni bien Marijuán volvió de sus vacaciones incluyó a Báez y dijo que no lograba comprender la visión de Gonella sobre una causa en la cual tenía “a la vista” múltiples denuncias, programas de investigación y cámaras ocultas, entre otros elementos.

Marijuán enfatizó que no profundizó su análisis sobre los graves sucesos ventilados y escribió: “Parece que las reuniones y cursos en el exterior de estos funcionarios (por Gonella y su segundo, Gabriel Orsi, también procesado), supuestamente especializados en el tema del lavado de dinero, no han resultado suficientes todavía para ilustrarlos sobre lo que es una pesquisa de esta naturaleza”.

El joven quedó frente a la Procelac por decisión de Gils Carbó, junto a quien engrosó las filas del polémico colectivo Justicia Legítima. Cuando fue nombrado se especuló que además de su amistad con la procuradora lo favoreció la relación de su familia con Carlos “el Chino” Zanini, ex candidato a la vicepresidencia de la Nación y secretario legal y técnico del Poder Ejecutivo.

Ahora, el Colegio de Abogado de la Ciudad de Buenos Aires anunció que pedirá que la Gils Carbó  sea enjuiciada políticamente, por mal desempeño, y entre las causales  que citó figuran arbitrariedades en la designación de fiscales y organización de concursos bajo un sistema parcial. También enumeró la presunta comisión de ilícitos como abuso de autoridad, malversación de fondos públicos e instigación a cometer delitos.

El colegio que nuclea a los letrados porteños hizo hincapié en la persistencia de Gils Carbó en una conducta en particular, a saber: no observar las normas que regulan el proceso de nombramiento de los fiscales, violentando en reiteradas oportunidades el mecanismo legalmente previsto para designar a funcionarios según su “preferencia personal”.

Entre los casos más polémicos,  incluyó lo que definió como “las designaciones ilegales resultantes de la creación de la cuestionable Procelac” y la “colocación” de su ex titular, Gonella, quien al momento de ser designado no era un representante del Ministerio Público nombrado conforme a la normativa vigente.

También señaló que desplegó una estratagema similar al  elegir a los llamados “coordinadores de las áreas operativas” de aquel organismo.

Luego de que el Gobierno descartara remover a Gils Carbó por decreto, el tema quedó en suspenso durante algunos meses, hasta que puso en marcha un acuerdo con el massismo en el Poder Legislativo para reformar la ley que rige el funcionamiento del Ministerio Público.

Esa iniciativa quedó desactivada a fines de octubre. La diputada Elisa Carrió generó una “grieta” dentro del oficialismo y detuvo el avance de la discusión.

La líder de la Coalición Cívica considera que el proyecto, que prevé acotar el mandado del procurador a cinco años, es inconstitucional. Para Carrió, Gils Carbó debe enfrentar un proceso disciplinario y no ser apartada en virtud de lo que definió como un “acuerdo corporativo”.