Ganancias, la mala praxis que fastidia a Schiaretti

La moraleja inapelable es que un problema como este, derivado de la inexperiencia o del amateurismo político, como se prefiera, no debería repetirse.

Pablo Esteban Dávila

9201678774_d58c6ba14c_oEl impuesto a las ganancias sigue siendo un palo enjabonado. Establecido en un principio para los salarios más altos, gracias a José Luis Machinea y la inflación de la era K, una buena parte de los asalariados formales paga esta gabela, especialmente aquellos representados por sindicatos poderosos como el de los camioneros del dúo Hugo y Pablo Moyano. Durante la campaña presidencial del año pasado, todos los candidatos prometieron estudiar su modificación. Mauricio Macri fue taxativo: “Ningún trabajador debería pagar ganancias”. Pero, y a pesar de residir en Balcarce 50 desde hace un año exacto, la solución de fondo se encuentra todavía en veremos.
El motivo no es un secreto. Con un déficit fiscal peligrosamente alto (un 5% del Producto Bruto Interno, superior a las estimaciones iniciales de Alfonso Prat Gay), es difícil prescindir de un monto tan importante. Este dato ha forzado al presidente y su equipo a poner este compromiso electoral en el freezer y dedicarse, quizá con mayor pasión, a la tarea de explicar porqué el Estado Nacional no puede quedar desfinanciado a pesar de la justeza del reclamo. Esta pedagogía se ha vuelto particularmente intensa en la última semana. La razón está en boca de todos: el traspié de Cambiemos en la Cámara de Diputados.
Los hechos son relativamente sencillos. La Casa Rosada convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar un proyecto de reformas a la ley del impuesto a las ganancias. El bloque oficialista bajó al recinto con el proyecto enviado por el Ejecutivo sin tener demasiado en claro qué hacer. El hecho que, en términos estrictos, Cambiemos se encuentre lejos de una mayoría no fue, al parecer, determinante. Con fe y con esperanza todo se puede, tal como enseñó durante tanto tiempo Daniel Scioli y de quien el macrismo surge como un inesperado discípulo.
La realidad resultó ser diferente y mucho más cruel. Un insólito (aunque no improbable) acuerdo entre el kirchnerismo y el massismo impuso un proyecto mucho más gravoso en términos fiscales que el originariamente propuesto desde la Presidencia. De nada valió la pataleta oficialista, ni que se acusara a Kicillof y compañía de preocuparse del asunto después de haberlo ignorado durante una década. Goles son amores, y la valla de Cambiemos resultó vencida, sin atenuantes. Los memoriosos recordarán el enojo mortal de Raúl Alfonsín para con su vice, Víctor Martínez, por haber enviado al debate su recordada ley de “Democracia Sindical” sin contar con la mayoría necesaria en el senado de la Nación. ¿Hacia quién dirigirá Macri su reproche en esta ocasión?
El asunto se encuentra, precisamente, en manos del Senado, donde la Casa Rosada espera que se imponga la cautela de los gobernadores. Dado que Ganancias es un impuesto que se coparticipa, el proyecto votado resta hasta la friolera de 20 mil millones a las provincias. Los dedos se cruzan para que la Cámara Alta introduzca modificaciones al texto votado por Diputados y, de esta manera, poder barajar y dar de nuevo. Se trata de evitar un daño fiscal para el que no existe plan B, excepto quizá tomar más deuda en el exterior.
Cuesta entender que, en definitiva, un asunto tan importante dependa de la voluntad (o el espanto) de una veintena de mandatarios que, en su gran mayoría, no pertenecen al oficialismo nacional. Es, si se quiere, un caso atípico de federalismo de terapia intensiva en un país resignado al unitarismo de facto.
La forma en que actuarán los gobernadores no está del todo clara. Algunos, como Miguel Lifschitz o Juan Manuel Urtubey, anticiparon sus dudas respecto al proyecto votado. Otros, como Mario Das Neves, prefirieron destacar que se repara una injusticia contra los trabajadores. De cualquier manera, la prudencia general se impone por sobre la temeridad de los menos, al menos en lo inmediato. Esta conducta se explica fácilmente porque, cualquiera sea la decisión que se adopte desde las provincias, existen riesgos recíprocos. Es que apoyar la rabieta de la Nación supone darle la espalda a ciudadanos que también votan, mientras que mantener el respaldo a la solución opositora implica abdicar de recursos que, monedas más o monedas menos, ya se daban por descontados.
El caso golpea especialmente a Córdoba. No sólo porque la provincia dejaría de recibir unos 2.500 millones, sino porque coloca en un severo dilema político a Juan Schiaretti quien, de repente, ha visto de cómo la política nacional le ingresa por la ventana del Centro Cívico. Hasta ahora, la posición del gobernador no se caracterizaba por ser excesivamente compleja. Era acreedor del tesoro nacional tras años de discriminación kirchnerista y dueño de una privilegiada relación con el presidente, dispuesto a complacer a los cordobeses a como diera lugar. Los temas nacionales, en cualquier caso, era un dominio de su antecesor, José Manuel de la Sota. La votación por ganancias lo ha sacado de esta zona de confort mediterránea.
No hace falta para ser demasiado perspicaz para entender la encrucijada que atraviesa. Si ordena a su único senador, Carlos Caserio, que vote en contra del proyecto con media sanción se alejaría de UNA (el espacio animado tanto por Massa como por De la Sota), en tanto que, si no lo hace, su relación con la Casa Rosada se enfriaría ostensiblemente. No es una decisión fácil, porque necesita tanto del presidente como del exgobernador para mantener su ecuación de poder. En este sentido, se descontaría el enojo o la alegría de Macri según fuera la opción que decidiere, aunque no siempre podría decirse lo mismo de De la Sota, al menos en público. El hombre ha decidido desde siempre no interferir con lo que haga Schiaretti; resta ver si esta circunspección comprende, asimismo, el espinoso distrito de las ganancias.
Lo que sí resulta claro es el fastidio que, por estas horas, debe de tener Schiaretti por enfrentar una situación en la que no tiene ni arte ni parte. El equívoco forma parte de la mala praxis de Cambiemos respecto de un escenario legislativo que, se supone, debería tener calibrado. Lo sucedido no sólo expuso al presidente al costo político de un veto, sino que también lo hizo con los aliados de baja intensidad que, como es el caso del gobernador de Córdoba, son actores centrales para la gobernabilidad. ¿Por qué debería mediar en una cuestión que, claramente, es producto la incompetencia ajena? Una cosa es respaldar al presidente en los grandes temas nacionales, aquellos en donde el consenso institucional es relevante, y otra muy distinta tener que cubrir los flancos que sus propios coroneles dejan abiertos.
Probablemente la batalla pase de una forma u otra y que, al final, resulte en un gran experimento de negociación entre el oficialismo y la oposición en donde todos salgan moderadamente conformes y, al mismo tiempo, moderadamente disconformes. Son las reglas de juego de la democracia. Pero la moraleja inapelable es que un problema como este, derivado de la inexperiencia o del amateurismo político, como se prefiera, no debería repetirse. Las razones son varias, pero pueden resumirse en dos: los costos que paga el presidente en un país que no perdona la ingenuidad en quienes lo gobiernan, y el estrés sobre un sistema político basado en partidos frágiles, apoyos circunstanciales y déficits fiscales interminables. Tanto como el impuesto a las ganancias que tan rebelde parece ser.