Recorte inesperado complica el cierre del año judicial

Los empleados paran hoy a partir de las 10, luego de varias asambleas. El gremio sostiene que no percibieron el total del aumento que les acordó la Corte. El conflicto podría afectar el funcionamiento de la Justicia luego de la feria de verano.

tribunalesHabrá complicaciones en el servicio de Justicia a raíz de un nuevo desentendimiento entre la Asociación Gremial del Poder Judicial (Agepj) y el Tribunal Superior.
Hace dos semanas que hay tensión en los tribunales locales y los abogados están preocupados, ante la inminencia de la feria de verano.
Hasta no hace mucho la entidad celebraba que se hubiera concretado la última tanda de ascensos que se dispusieron en el marco de las negociaciones que llevó a cabo con el tribunal, con la mediación del Ministerio de Trabajo.
El total de promociones que logró (4.200) en el lapso de un año equivale al 78 por ciento de la de la planta, aproximadamente. Con ese paso, la Agepj pudo darle impulso a uno de sus reclamos históricos: la carrera.
La calma duró poco. Hoy partir de las 10 de los empleados de la Justicia cordobesa abandonarán nuevamente sus tareas, reclamando el cumplimiento de la pauta salarial que acortaron con el Alto Cuerpo y la cartera a cargo de Omar Sereno (del 41,68 por ciento).
Según los dirigentes sindicales, el pago –que se efectivizó el 18 de noviembre- tuvo un recorte que fue “impuesto” por el Poder Ejecutivo.
El titular del gremio, Federico Cortelletti, aseguró que si bien la Corte Suprema dispuso un aumento del 12 por ciento para el último tramo del año, vía acordada el TSJ dio marcha atrás y lo redujo al 8,5 por ciento.
En ese sentido, señaló que se calculó el incremento sobre los salarios de diciembre de 2015, en vez de hacerlo sobre el acumulado hasta julio pasado. Bajo esa premisa, razonó que el recorte impacta sobre el total anual, que pasará del 41 al 34 por ciento.
El secretario de la Agepj asegura que el TSJ admitió que hizo la quita por sugerencia de la secretaria general de la Gobernación, Silvina Rivero, con fundamento en razones presupuestarias.
Cortelletti declaró que la medida implicó que “le metieran la mano en el bolsillo” a los trabajadores del sector que representa.
Luego de un período de relativa calma, el descuento generó que los empleados retomaran las asambleas.
La última semana de noviembre fue compleja. Retuvieron servicios durante 48 horas, con protestas incluidas, y el viernes 25 pararon. Según fuentes del sindicato, el 80 por ciento de los empelados se plegaron.
Para la asociación, la reducción del 7 por ciento implicó “una grosera vulneración de derechos adquiridos”.
Además de las medidas de fuerza, la agrupación presentó un recurso administrativo de reconsideración cuestionando la acordada y concurrió ante la Legislatura Unicameral para exponer la situación.
“Si los miembros del TSJ no respetan los acuerdos que ellos mismos firmaron en la mesa de negociación se quiebra la institucionalidad”, opinó Cortelletti, mucho menos conciliador que de costumbre.
Por su parte, otro de los referentes del gremio, Adrian Valan, dijo que si no se revierte situación “no habrá un final de año tranquilo” y que “el conflicto se profundizará y afectará el normal funcionamiento de la Justicia en el 2017”.

Avances
Si bien el año empezó con algunos entredichos, los avances que logró el sector en el plano de la carrera mitigó el descontento por los salarios, ya que en la práctica, las promociones -que se concretan cubriendo vacantes y reconvirtiendo cargos- impactan en los ingresos del grueso de los empleados y achican la cuestionada “brecha salarial” entre dependientes y funcionarios.
Las cosas parecían marchar bien y se predecía un fin de año tranquilo; en especial, cuando el 25 de octubre la Corte dispuso un aumento del 12 por cuento para magistrados, funcionarios y empleados de la justicia de todo el país.
El efecto de ese incremento (antes de la acordaba del TSJ que generó un nuevo problema) propició que los ingresos de los judiciales superaran la “pauta provincial”.