Primer paso de la reforma política provincial

La legislatura de la provincia aprobó el límite a las reelecciones indefinidas para todos los cargos provinciales y el ordenamiento del calendario electoral.

Por Marcos Duarte

legislatura-reforma-011216-1La primera etapa de la reforma política provincial se convirtió en ley la semana pasada. El oficialismo provincial consiguió aprobar los dos proyectos que había definido como prioritarios para este año.
El primero impone un límite a las reelecciones en todos los cargos provinciales. A partir de ahora, los intendentes, concejales, legisladores provinciales y miembros de los tribunales de cuentas solo podrán permanecer dos periodos (8 años) en el mismo cargo. En todos los casos se computará el mandato actual como el primero.
La iniciativa, que tuvo como antecedente una ley similar aprobada en la provincia de Buenos Aires a instancias de la gobernadora María Eugenia Vidal, contó con el apoyo del bloque de Cambiemos. Radicales, macristas y juecistas acompañaron con su voto este proyecto elaborado en la Comisión Especial de Reforma Política presidida por el legislador Oscar González. El bloque kirchnerista de Córdoba Podemos y el del Frente de Izquierda votaron en contra.
El segundo proyecto de ley que impulsó el bloque de Unión por Córdoba provocó más discusión entre los sectores políticos. La propuesta oficialista, finalmente aprobada, establece que el llamado a los comicios provinciales debe ser realizado por el gobernador antes del 1° de marzo del último año de mandato.
También prevé que “La elección a gobernador y vice debe realizarse como mínimo con 60 días de anticipación a la fecha de finalización de mandato y, como máximo, dentro de los 180 días de esa fecha”. La ampliación del plazo mínimo de 30 a 60 días imposibilita en los hechos realizar una elección provincial simultánea con la nacional.
En lo que hace a las categorías municipales, el oficialismo estableció que los comicios de todos los pueblos y comunas que no posean carta orgánica propia deberán realizarse en un período de que va desde 30 días antes hasta 30 días después de la fecha fijada por el gobernador para la elección provincial.
El bloque de Cambiemos planteó su propio proyecto opuesto al de Unión por Córdoba. En primer lugar, los miembros del interbloque plantearon quitar al gobernador la potestad de fijar la fecha de la elección provincial. Para esto propusieron dejarla establecida por ley para el primer domingo de octubre del año en que finalice el mandato.
Fundamentaron su propuesta en las recomendaciones del informe conocido como “Así no va más” elaborado por la Comisión Consultiva de Expertos que impulsó el propio gobernador Schiaretti en el año 2007. Además, citaron varios proyectos presentados por el bloque radical en ese momento en el mismo sentido.
Por otra parte, la alianza de radicales, macristas y juecistas propuso que todos los municipios que no cuenten con carta orgánica propia deban realizar sus elecciones en simultáneo con las de gobernador y legisladores provinciales. Finalmente, la mayoría de Unión por Córdoba fue suficiente para aprobar los proyectos de acuerdo al criterio del ejecutivo provincial.

Lo que viene
Por otra parte, el debate anticipó algunas de las cuestiones que, si bien quedarán para el próximo año, despiertan diferencias entre las bancadas legislativas.
En lo relativo a la implementación de la Boleta Única Electrónica parece haber un acuerdo mayoritario. Cambiemos se muestra favorable a la idea aunque advierte sobre el diseño del instrumento electoral. Plantean modificar la casilla de “lista completa” que, según su criterio, confunde al electorado por encontrarse próxima a la celda correspondiente al candidato a gobernador.
Por otra parte, el juecista Juan Pablo Quinteros sorprendió con una propuesta dirigida a penalizar el “transfuguismo”, es decir los pases de legisladores a bloques distintos de los que fueron electos. Obviamente, la idea tiene que ver con la reciente deserción de la riocuartense Adriana Oviedo, ex juecista, al bloque de Unión por Córdoba.
El proyecto establece que “toda persona que llegue a ser electa por un partido político o por una alianza, deberá actuar y mantener la calidad de miembro de ese bloque. Si cambia, si viola esta actitud, perderá la banca y será remplazado por los mecanismos constitucionales” y se inspira en una iniciativa que presentó la UCR en años anteriores.