Jaime se organiza: pidió estudiar abogacía en la cárcel

El juez Casanello elevó a juicio la causa por enriquecimiento ilícito en contra del ex secretario de Transporte del kirchnerismo y de una de sus hijas. Condenado a seis años de prisión por la tragedia de Once, es posible que el tiempo de condena se incremente.

jaimeRicardo Jaime, el ex secretario de Transporte que “no hacía nada sin una orden directa” del fallecido ex presidente Néstor Kirchner -según aseguró ante la Justicia el ex asesor del funcionario, Manuel Vázquez, en mayo-, enfrentará otro juicio.
El juez Sebastián Casanello dio por cerrada la pesquisa en contra del cordobés y de una de sus hijas, Julieta, de 35 años. Así, ambos deberán sentarse en el banquillo como acusados por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
En agosto, la Sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos que Casanello había dictado en contra de ambos.
La Justicia tiene bajo la mira las onerosas compras de la heredera. Se trata de una moto de agua y de una vivienda en Carlos Paz, el lugar en donde el ex secretario declaró que residía antes de ser detenido.
Julieta adquirió esos bienes entre el 2005 y el 2007, mientras Jaime era un asiduo asistente a los actos del kirchnerismo. Pese a que ya sobrevolaban denuncias por corrupción y se hablaba de que era un “recaudador serial de dinero” a través de los negocios que hacía desde su cargo, siempre ocupaba los palcos.
Casanello estima que está probado que, mediante diversas maniobras, Jaime se hizo de casas, autos de lujo, un hotel y hasta un avión que, según los peritos, vale más de cuatro millones de dólares. Sin embargo, en el proceso resta que se cierren algunos puntos bajo investigación, como el relacionados al yate que está secuestrado en Uruguay.
A principios del mes pasado el magistrado comenzó los trámites parta repatriar la embarcación, con el fin de asegurar su conservación y, eventualmente, el recupero de activos.
La nave está varada en Piriápolis desde el 2013, cuando fue detectada e inmovilizada por la Justicia argentina. Costó un millón de dólares y es uno de los tantos bienes que adquirió mediante testaferros.
El yate es un modelo Altamar 64 y fue comprado por una empresa fantasma con sede en Estados Unidos, en marzo de 2009, poco antes de que Jaime dejara el cargo.
En la pesquisa se determinó que detrás de la compra hay ejecutivos de la empresa Trenes de Buenos Aires, que explotaba ferrocarriles y colectivos bajo su “control”. De hecho, los investigadores no descartan que haya sido una de las varias coimas que cobró de manos de los empresarios a los que debía supervisar.
La embarcación produjo gastos portuarios que tiene que pagar el Estado argentino para que Uruguay permita el traslado. Según los cálculos de Prefectura, al 27 de octubre hacían falta 850.000 pesos para traerla.
Casanello ya le pidió a la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura una partida de 990.000 pesos, ya que tomó en cuenta los eventuales aumentos que podría generar la demora en el costo del amarre.

“Perseguido”
Recientemente, el multiprocesado tildó de “persecución política” la pesquisa que se sigue en su contra por la renovación irregular de los contratos de concesión de las terminales de ómnibus de Retiro y de Mar del Plata.
Aunque su situación judicial es compleja desde mucho antes de que Mauricio Macri llegara a la presidencia, Jaime se plegó a la versión de sus compañeros de militancia.
De esa manera, al igual que la ex mandataria Cristina Fernánez de Kirchner, la dirigente social Milagro Sala y el ex ministro de Planificación, Julio De vido, entre otros, optó por ignorar el rol de la Justicia como poder independiente del Estado y colocarse en posición de víctima.
En septiembre de 2013, fue condenado por el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba a la pena de seis meses de prisión en suspenso, por intentar robarse pruebas durante un allanamiento que se hizo su domicilio, en el 2010, en la causa por la que ahora va a debate oral.
Luego, fue sentenciado a un año y medio de cárcel en un juicio abreviado en el cual reconoció haber recibido dádivas.
En tanto, en diciembre del año pasado recibió cinco años de prisión por administración fraudulenta, en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, y el tribunal le impuso la sanción única de seis años, unificando las dos condenas anteriores.
La pena por el accidente podría subir, ya que el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plee, dictaminó a favor de que se eleve. Cabe recordar que la acusación, a cargo de Fernando Arrigo, reclamó 11 años, al estimar que debía responder también por estrago culposo.
Plee opina que el ex secretario sabía del deterioro del material ferroviario otorgado en concesión y descartó que hubiera tomado medidas tendientes a resguardar su integridad.
Jaime fue arrestado el 2 de abril por orden del juez federal Julián Ercolini, quien lo procesó por administración fraudulenta agravada y cohecho y lo embargó en 100 millones de pesos, por la compra de trenes en desuso a España y Portugal.
Su abogado recurrió la medida, pero la Casación rechazó el planteo defensivo y remarcó que Ercolini analizó correctamente el riesgo procesal de dejarlo en libertad cuando dispuso su detención.
Además de las condenas previas, el Alto Tribunal en lo Penal tomó en cuenta que las circunstancias de corrupción ventiladas en la causa permitían presumir “relaciones residuales” de Jaime que podrían posibilitarle “vías de transporte para eludir la acción de la Justicia”.
Al parecer, Jaime se niega a recibir atención médica en el penal de Ezeiza, se alimenta mal e insiste en su condición de perseguido político y en su reclamo de que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria. No obstante, tal vez previendo que permanecerá privado de su libertad un tiempo considerable, se inscribió para estudiar la carrera de Derecho a distancia, en una universidad privada.