Las partes pueden conciliar en procesos penales locales

El TSJ determinó que el artículo 59 del Código Penal tiene validez en la Provincia, pese a que la Legislatura Unicameral no dictó una ley procesal. Lo hizo al sentenciar en un caso en el cual la presunta víctima de violencia de género desvinculó al imputado del hecho. Los jueces no estuvieron de acuerdo sobre cómo debe salvarse la laguna legal

tribunales-penales-iiEl Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se pronunció afirmativamente sobre la constitucionalidad y la vigencia en la Provincia del artículo 59 y concordantes del Código Penal (CP).
Caber recordar que esa disposición introdujo al ordenamiento criminal nuevos criterios de disponibilidad de la acción penal como la oportunidad, la conciliación o reparación integral del perjuicio y la suspensión del juicio a prueba como causales de extinción de la acción penal, como causales de extinción de aquélla.
En el caso, instruido en el marco de un episodio de violencia de género, la presunta damnificada por el delito de lesiones graves calificadas compareció ante la Justicia y expresó que, según lo dispuesto por el inciso 6 de aquel artículo 59, “perdonaba” al imputado. Además, dijo que no tenía nada que reclamarle porque él nunca le pegó.
En ese sentido, la mujer aseguró que la lesión que padeció fue provocada por una patota y que su madre mintió.
Sobre esa base, la defensa solicitó la extinción de la acción, por conciliación entre las partes, y sostuvo que la norma era de aplicación automática, ya que la ley de rito provincial no restringe la posibilidad.
El Ministerio Público Fiscal dictaminó por la improcedencia de la conciliación instada por la defensa. Según su opinión, la norma no es operativa porque la Legislatura Unicameral no dictó las leyes procesales pertinentes.
El Tribunal de Mérito, en Sala Unipersonal, resolvió no hacer lugar al incidente de extinción de la acción y sostuvo que la norma requiere que se dicten leyes procesales.
Al intervenir en el conflicto, en forma unánime, la Sala Penal del TSJ concluyó que el artículo 59 rige en la jurisdicción a pesar de las tensiones generadas por las remisiones que hace a los ordenamientos procesales penales (provinciales y federales) para que determinen sus propios contenidos y requisitos materiales de procedencia.
Del mismo modo, se pronunció positivamente en relación a la aplicabilidad en el ámbito provincial, a pesar de que Córdoba carece de normativa que regule los aspectos a los que remite la disposición nacional.
Sobre el tema, exhortó al Poder Legislativo de la Provincia para que proceda a sancionar la legislación pertinente y destacó que pasó más de un año desde la entrada en vigencia de la normativa nacional.
“La falta de recepción en la legislación local específica de lo ya establecido por el artículo 59 para todo el país no puede ser un obstáculo para impedir su vigencia; al menos, sin introducir diferencias irrazonables y, por ende, arbitrarias en el tratamiento de los sometidos a proceso locales frente a los de otras provincias donde el instituto sí se encuentra regulado”, expresó el Alto Cuerpo.
También hubo coincidencia sobre la improcedencia de la solicitud de extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio solicitada en el caso, por tratarse de un caso de violencia de género, que determina la inviabilidad convencional de esa salida.
En cambio, el pronunciamiento del Alto Cuerpo no fue unánime en relación a la solución que debe darse para salvar la laguna legal para aplicar los institutos.
La mayoría -integrada por los vocales Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollatti- sostuvo que ese vacío, con carácter excepcional y hasta tanto la Legislatura Unicameral dicte la ley procesal correspondiente- debe ser zanjado con instrucciones del fiscal General de la Provincia, por tratarse de una cuestión de política criminal, una materia cuya dirección está a su cargo, para que los funcionarios inferiores adopten criterios uniformes a la hora de expedirse sobre la viabilidad o no de su aplicación en cada caso concreto.
En disidencia, la jueza Aída Tarditti entendió que esa tarea está fuera de las competencias legales y constitucionales del Ministerio Público y que, por esa razón, el vacío legal debe llenarse recurriendo a la aplicación analógica de otra ley.
“El tenor literal del artículo 59, inciso, admite la conciliación como una causa extintiva de la acción penal ‘de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes’. Por tanto, implica una derivación a las condiciones de procedencia por ellas fijadas. Lo señalado, descarta de plano recurrir a los criterios individuales de cada fiscal, porque deben surgir de las fijadas por el legislador”, opinó Tarditti en su voto.
En esa línea, estimó que no puede haber una libre elección de cada operador judicial hasta que la Provincia reforme el Código Procesal Penal.