Uno de cada cuatro pesos de los ingresos públicos va a asistencialismo

En total son casi 500.000 millones de pesos, representan el 26 por ciento del total de ingresos públicos del Estado nacional.

asistencialismoLa oposición intentará aprobar el proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado de “emergencia social” a la vez que el Gobierno mejorará la oferta a las organizaciones sociales para intentar garantizar un diciembre en tranquilidad. El presupuesto 2017 contempla que un cuarto de los ingresos públicos se asigne a gasto social.
La “emergencia social” propone que en el marco del plan asistencial Argentina Trabaja se determine que el Ministerio de Desarrollo Social genere un millón de nuevos “puestos de trabajo”, aunque el concepto no necesariamente sea así literalmente, sino que se refiere a la asistencia del Estado sin que haya una contraprestación laboral de la otra parte.
La iniciativa, además, propone la creación de un Consejo de la Economía Popular, con mayoría de las organizaciones piqueteras y sociales para que defina un Salario Social Complementario (SSC) cuyo monto se determinará en base a un índice de precios de una canasta popular que definirá ese mismo organismo. También se establece que la Asignación Universal por Hijo se incremente un 15 por ciento.
El proyecto de presupuesto que ya está en el Congreso establece que el Ministerio de Trabajo asigna 6.400 millones de pesos a planes de empleo y capacitación laboral y el de Desarrollo Social, 128.000 millones de pesos a planes asistenciales. Por su lado, Anses tiene proyectado gastar 363.000 millones de pesos en la Asignación Universal por Hijo, el plan Progresar y las jubilaciones sin aportes (moratorias).
En total son casi 500.000 millones de pesos, representan el 26 por ciento del total de ingresos públicos del Estado nacional. Un análisis de la consultora Idesa remarca que uno de cada cuatro pesos de recaudación va a planes asistenciales.
“Si a esto se suma las erogaciones que las provincias y los municipios realizan con la misma finalidad se llegaría a un monto que supera la brecha de pobreza. Es decir, si todo el dinero que se asigna a planes asistenciales efectivamente llegara a las familias de más bajos ingresos, el Indec no debería reportar gente con ingresos por debajo de la línea de pobreza”, agrega el reporte.
El informe recuerda que la distribución masiva de planes asistenciales tiene como antecedentes más relevantes al Plan Trabajar en la década de los noventa y al Plan Jefas y Jefes de Hogar en el año 2002 que, a criterio de Idesa, demostraron ser herramientas “rústicas, limitadas y altamente permeables a ser usadas para fines espurios”.
Para la consultora los principales beneficiarios de este tipo de planes no son las familias pobres “sino los líderes que se apropian de fondos públicos para acumular poder ejerciendo el rol de intermediarios en la gestión del gasto asistencial”.
“Para combatir la pobreza no se necesita más planes sociales sino mejores estrategias –agrega-. Por un lado, es fundamental eliminar la multiplicidad de programas asistenciales que de manera superpuesta aspiran a llegar a los hogares vulnerables. La superposición multiplica los gastos administrativos, posibilita el desvío de fondos a población no pobre y facilita las prácticas clientelares”.
También plantea que se requiere asumir que no existe política asistencial que compense la falta de inversión y generación de empleos formales: “Los planes asistenciales pueden aportar paliativos transitorios o atender situaciones críticas, pero carecen de capacidad para garantizar una sociedad más integrada. Para incluir, se necesita buenas políticas económicas, laborales y educativas”.
El oficialismo rechaza el proyecto de ley que busca ordenarle al Poder Ejecutivo la creación de un millón de empleos. Enfatiza que no prevé fuentes de financiamiento, y dice que tendría un costo de 100.000 millones de pesos al año.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, opinó que la norma “así como está es una ley incompleta y no muy seria. La discusión se dará en Diputados, pero así como está es una ley poco clara, incompleta y no muy seria”.
Dijo que “Argentina tiene un gravísimo problema social y de pobreza y nos parece uno de los temas más importantes, por eso nosotros no vamos a trabar el debate; yo también estoy de acuerdo con crear un millón de trabajos, pero hay que discutir cómo se hace, de dónde salen los recursos. Si el Estado puede administrar eso o no, o si hay que generar incentivos para que se creen puestos de trabajo en el sector privado”.