Laboralistas no quieren reforma de riesgos de trabajo

El ministro de Trabajo explicará en el Senado los alcances del proyecto del Poder Ejecutivo, que cuenta con el aval de Juan Schiaretti.

triacaEl ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, asistirá hoy a la Cámara Alta para defender el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo en octubre, para modificar la legislación de Riesgos del Trabajo.
El Gobierno sostiene que la legislación vigente contribuye a incrementar la litigiosidad en la materia. Bajo esa premisa, impulsa cambios en el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), con el objetivo de limitar los juicios por accidentes. La iniciativa busca que el afectado deba agotar primero la vía administrativa como paso previo para acudir al Poder Judicial.
Además, prevé que las denominadas “comisiones médicas jurisdiccionales”, encargadas de determinar los grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales, sean una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial.
Con esa norma, pretende que las valoraciones de los cuerpos de galenos tengan carácter de “cosa juzgada”, en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos de conciliación entre empleadores y trabajadores homologados por la cartera.
El martes, luego de la reunión de gobernadores con Mauricio Macri, Juan Schiaretti se pronunció a favor del proyecto. Para el mandatario, la normativa vigente es “uno de los impedimentos para generar empleo”. En ese sentido, aseguró que la modificación del 2012 incentivó “la industria del juicio” y opinó que los únicos beneficiados fueron “los abogados laboralistas”.
Cabe recodar que hace cuatro años el fin de la “doble vía” y la introducción de la “opción excluyente” generó polémica. Antes, un empleado podía reclamarle a la ART una indemnización por un accidente y, en caso de considerar que el monto era insuficiente, tenía la posibilidad de accionar ante la Justicia y demandar a su empleador por la misma causa. Con la regulación actual los dependientes sólo cobran la reparación de la aseguradora o una compensación integral tras un juicio civil.
El respaldo político a la intención del Gobierno generó la reacción del sector y la Asociación de Abogados Laboralistas difundió un comunicado en el cual planteó su desacuerdo, al entender que “pretende reducir la litigiosidad a costa de las víctimas”.
Además, dijo que va a “dificultar y dilatar” el acceso de los trabajadores a la Justicia, “obligándolos a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo”.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, entre el 2010 y el 2015 las aseguradoras recibieron 440 mil demandas.
En tanto, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino denunció que en el país existe una “litigiosidad espuria” en el sistema de riesgos e indicó que ese uno de los factores que conspiran contra la generación de empleo productivo. La entidad definió como “vertiginoso” el crecimiento de los conflictos, precisando que mientras en el 2004 se presentaron en la Justicia 3.000 reclamos, en la actualidad hay más de 100.000 demandas anuales.
Para IDESA, es paradójico que el aumento se dé en el marco de “sensibles reducciones en las tasas de siniestralidad y mejoras en las prestaciones”.