Desopilante: Jaime denuncia persecución política

El prontuario del cordobés se generó en pleno kirchnerismo, pero ayer compareció a una nueva cita ante a Justicia y dijo ser una víctima del nuevo Gobierno. De Vido hizo declaraciones similares y aseguró que se “magnifican” los casos.

jaimeEl diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, investigado por varios hechos de corrupción, sostuvo que es uno de los “perseguidos políticos” del gobierno de Mauricio Macri.
Inquieto por el desgaste que generan dentro de la fuerza que integra las denuncias y procesos judiciales que involucran a ex funcionarios del kirchnerismo, incluida la ex presidenta, opinó que la nueva administración intenta “magnificar” los casos.
Al ser entrevistado por el portal El Ojo Noticias, De Vido dijo que se trata de “situaciones anómalas o ilegales que después no se pueden verificar”.
Ricardo Jaime, el multiprocesado ex secretario de Transporte del kirchnersimo, se plegó a la versión de sus compañeros de militancia.
Así, al igual que la ex mandataria Cristina Fernánez de Kirchner y la dirigente social Milagro Sala, antes, y De vido, ahora, optó por ignorar el rol de la Justicia como poder independiente del Estado y colocarse en posición de víctima.
El cordobés tildó de “persecución política” la pesquisa que se sigue en su contra por la renovación irregular de los contratos de concesión de las terminales de ómnibus de Retiro y de Mar del Plata.
Aunque su situación judicial es compleja desde mucho antes de que Macri llegara a la presidencia, Jaime hizo esa manifestación al comparecer ante el juez federal Sebastián Ramos. En la audiencia de indagatoria, asistido por su defensor, Andrés Marutian, se limitó a presentar un escrito y no respondió preguntas.
En septiembre de 2013, el ex titular de la cartera de Transporte fue condenado por el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba a la pena de seis meses de prisión en suspenso, por intentar robarse pruebas durante un allanamiento que se hizo su domicilio en la ciudad, en el 2010, en la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Ese proceso -que también involucra a allegados y familiares de Jaime- está a punto de ser elevado a juicio oral y público.
Luego, fue sentenciado a un año y medio de cárcel en un juicio abreviado en el cual reconoció haber recibido dádivas por parte de empresarios a los que debía controlar.
En tanto, en diciembre del año pasado recibió cinco años de prisión por administración fraudulenta, en el debate oral por la tragedia ferroviaria de Once, y el tribunal le impuso la sanción única de seis años, unificando las dos condenas anteriores.
Jaime fue arrestado el 2 de abril por orden del juez federal Julián Ercolini, quien lo procesó por administración fraudulenta agravada y cohecho y lo embargó en 100 millones de pesos, por la compra de trenes en desuso a España y Portugal.
Su abogado recurrió la medida, pero la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo defensivo y remarcó que Ercolini analizó el riesgo procesal de dejarlo en libertad cuando dispuso su detención.
Además de las condenas previas, la Casación tomó en cuenta que las circunstancias de corrupción ventiladas en la causa permitían presumir “relaciones residuales” de Jaime que podrían posibilitarle “vías de transporte para eludir la acción de la Justicia”.

Capítulo local
En septiembre, los desmanejos en las concesiones de obra pública durante la era K tuvieron su capítulo local.
El fiscal Ramiro González imputó a De Vido en la causa que involucra al ex intendente de Villa María, Eduardo Accastello, por su desempeño irregular al comandar del Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional de Córdoba (Enider),
Cabe recordar que a principios de julio, en la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe que detectó sobreprecios en varios trabajos a cargo del Eninder, entre los que figuran la remodelación del anfiteatro villamariense y el nuevo puente que une a esa ciudad con su vecina, Villa Nueva.
Las sospechas sobre el dirigente del FpV se remontan al 2009, cuando se denunciaron irregularidades presupuestarias ante la Justicia provincial. En esa oportunidad, el fiscal de Instrucción de 2ª Nominación, Gustavo Atienza, archivó la causa en tiempo récord.
También fueron ignorados los pedidos de los concejales de la oposición a Accastello, que en varias oportunidades impulsaron solicitudes de informes por obras no terminadas o con modificaciones posteriores a la aprobación.
El requerimiento que González le hizo al juez Rodolfo Canicoba Corral alcanzó también al ex secretario de Inversión Pública y Servicios, Abel Fatala, el “número tres” de la obra pública detrás de José López y De Vido.
También quedaron imputados la ex secretaria de Economía y Finanzas de la comuna, Verónica Navarro Alegre (pareja de Accastello), y el ex jefe del Tribunal de Cuentas, Carlos De Falco.
Según plasmó González, el Ministerio de Planificación Federal había estimado el costo de las obras en casi 25 millones de pesos y la municipalidad las pudo realizar, con dinero propio, por menos de diez millones.