Se complicó la situación judicial de Gils Carbó

Quedó vinculada a una causa por “filtraciones” de expedientes a la SIDE. Desde que asumió, a mediados del 2012, fue denunciada penalmente más de 20 veces.

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó en la mira de la diputada Elisa Carrió.
La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó en la mira de la diputada Elisa Carrió.

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, salió durante unos días del centro de la escena política, luego de que la diputada Elisa Carrió propiciara que el interbloque de Cambiemos postergara el debate del proyecto para reformar la ley que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
Entre otras cuestiones, la iniciativa acota el mandato del titular de la Procuración General a cinco años y crea una comisión bicameral con amplias facultades para monitorear su desempeño.
Pese a haber votado, casi en soledad, en contra de la designación de Gils Carbó, la líder de la Coalición Cívica considera que la propuesta en trámite es inconstitucional.
Si bien presentó sus observaciones una semana después de que recibiera dictamen parlamentario, recordó que “desde que comenzó a debatirse el tema” le adelantó su punto de vista a varios dirigentes y legisladores del oficialismo.
Para Carrió, para un eventual desplazamiento de la fundadora de Justicia Legítima debería utilizarse el resorte institucional del juicio político, un proceso que es poco probable que la jefa de los fiscales –que tiene más de 20 denuncias penales- supere con éxito.
Ahora, la funcionaria militante sumó una nueva imputación y su situación judicial y política de complica.
El fiscal federal Ramiro González la incriminó por haber filtrado informes del fiscal José María Campagnoli al ex número dos de la SIDE, Francisco Larcher, en el marco de la pesquisa por el confuso secuestro del ferroviario “k” Alfonso Severo, en Avellaneda. El dirigente fue liberado sano y salvo 24 horas después.
González hizo su pedido de instrucción a raíz de un planteo de Campagnoli, quien se basó en el testimonio completo del “espía” Antonio Stiuso ante la jueza Fabiana Palmaghini, en el marco de la investigación por el fallecimiento de Alberto Nisman.
Stiuso aseguró que en el 2012, a poco de asumir, Gils Carbó “manipuló” a Campagnoli para que pidiera su indagatoria como sospechoso en el caso Caballero. También afirmó que le dio copias de lo actuado a Larcher y que, así, “filtró” datos confidenciales. Incluso, dijo que luego, preocupada, le mandó a decir a través del ex titular de la Unidad Amia que no quería tener “ningún inconveniente” con él.
Caballero fue secuestrado mientras los efectivos de la Gendarmería y de la Prefectura realizaban un paro en protesta por la incorrecta liquidación de sus haberes.
Gils Carbó le encomendó la investigación del hecho a Campagnoli. Días después, determinó que decenas de teléfonos de agentes de la SIDE se habían activado en la zona y pidió la indagatoria de Stiuso.

Puesta en escena
Antes de que su superior lo apartara del proceso, Campagnoli sospechaba que el secuestro de Caballero fue una puesta en escena para “tapar” la medida de fuerza de gendarmes y prefectos.
Ante el requerimiento de González, el juez Rodolfo Canicoba Corral le pidió a su colega Julián Ercolini una copia certificada del testimonio de Stiuso sobre la muerte violenta de Nisman.
Desde que juró como procuradora, Gils Carbó fue una aliada de las estrategias judiciales de la ex presidenta y de su entorno y una pieza clave en el blindaje judicial del kirchnerismo.
En su rol de protectora de los intereses del anterior Gobierno, impulsó el controvertido juicio político en contra de Campagnoli, en el 2013, por su intento de investigar a Lázaro Báez en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, una medida que generó un escándalo.
Entre otros pasos de dudosa calidad institucional, la procuradora se arrogó el poder de designar a los jurados de los concursos.
Además, trasladó a sus subordinados siguiendo la agenda del Poder Ejecutivo. Un caso emblemático de ese modus operandi es el de Carlos Gonella, que había concursado en Formosa pero fue enviado a Córdoba y luego llegó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La actividad judicial que se desató con la detención del empresario Báez lo eyectó de su cargo.
El joven cordobés ya estaba procesado por prevaricato, por amputar de la instrucción los temas sensibles para el titular de Austral Construcciones.
Según sospecha la Justicia, Gonella monitoreó las actuaciones como guardián de los intereses de Cristina Fernández de Kirchner y logró que el patagónico ni siquiera figurara en la carátula del expediente.
Aunque las muchas irregularidades en las que incurrió Gils Carbó podrían alimentar una causa sólida por mal desempeño en su contra, como quiere Carrió, el oficialismo no abandona su plan para limitar su mandato y reflotará el acuerdo al que llegó con el Frente Renovador y otras fuerzas en el Congreso y buscará cambiar la legislación que rige la actividad de la procuración.