Cuando una orden se convierte en violencia de género

En un caso que involucra a un juez de la Cámara Federal de Casación Penal, podría estarse ante un supuesto de utilización de la condición de mujer para ocultar disputas de poder o irregularidades. Las tensiones entre los integrantes de ese tribunal son de público conocimiento.

Por María Viqueira
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2016-11-06_ni_una_menosDurante la feria judicial de invierno se desató un escándalo en la Cámara Federal de Casación Penal, un tribunal conocido por las tensiones existentes entre los miembros de sus salas.
En esa oportunidad, el juez Juan Carlos Gemignani ordenó detener a la prosecretaria María Elena Expucci, al entender que desobedeció una orden administrativa.
Gemignani necesitaba espacio para realizar una videoconferencia y le pidió a Expucci que habilitara un lugar que estaba atestado. El juez le indicó que inventariara las cosas y las sacara, pero la empleada le respondió que no lo haría y le indicó que debía consultar su directiva con el resto de los integrantes de la Cámara.
El vocal consideró que Expucci incurrió en el delito de desobediencia a la autoridad y, por eso, quedó demorada unas horas, en Comodoro Py.
Una vez en libertad, la mujer denunció Gemignani, respaldada por la Unión Personal de la Justicia Nacional y la Procuración contra la Violencia Institucional. El caso también llegó ante el Consejo de la Magistratura.
Sin éxito, el vocal alegó que la dependiente incurrió en un ilícito, pero su versión fue desestimada por “inexistencia de delito”.
Ahora, Gemignani recusó a la fiscal que interviene en la causa, en la cual el juez Rodolfo Canicoba Corral lo imputó por la presunta comisión de abuso de autoridad.
El camarista sostiene que Paloma Ochoa participó de un “escrache” en su contra durante la última marcha “Ni una menos”, el 19 de octubre, cuando aprovechó la consigna para atacarlo.
El camarista estima que el explícito compromiso de Ochoa con aquella movilización y sus consignas le resta objetividad.
No obstante, la funcionaria se resiste a dejar de intervenir argumentando que el planteo de recusación se basa en una confusión “extravagante y violatoria del derecho a la libertad de expresión”.
La instructora aduce que el respeto por los derechos humanos de las mujeres supone no entender una manifestación como un ataque.
Paralelamente, con algo de subjetividad, declaró que el punto de vista del juez “torna aún más verosímil” su vinculación con el hecho por el cual está siendo investigado”; es decir, una hipótesis de abuso de poder basado en el desequilibrio entre varones y mujeres.
Entre las pruebas que presentó Ochoa figuran las declaraciones que hizo durante el denominado “paro de mujeres” la ministro de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, respaldando la medida.
Más allá del resultado final del proceso y sin emitir opinión sobre lo que realmente sucedió en las instalaciones del tribunal, la situación es propicia para hacer algunas consideraciones.
En junio, cuando el tema de la violencia de género ya monopolizada la agenda política y mediática, la legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública) presentó un proyecto tendiente establecer vagones de subterráneo “exclusivamente femeninos” en horarios pico, para “evitar acosos”.
En ese momento, se planteó que, de prosperar, la iniciativa implicaría segregar a la población y partir de la base de que el apiñamiento que se da en las grandes ciudades, en diversos ámbitos, favorece conductas reñidas con el respeto a la integridad sexual de un grupo. También se dijo que el discurso imperante está instalando toda clase de presunciones y prejuicios sobre los hombres y que no hay espacio para otros puntos de vista.
Además, se aventuró que las consecuencias de abordar la interacción entre hombres y mujeres con la perspectiva de Ocaña eran imprevisibles y que si se seguía profundizando la agenda de los colectivos que demonizan a la mitad de la población no iba a haber disenso posible en ningún espacio académico o laboral.
Así, se reseñó que, de continuar la tendencia, una llamada de atención a una redactora, un intercambio acalorado de ideas en una mesa de ejecutivos, un debate en un tribunal mixto o todo desacuerdo entre personas de distinto sexo será un caldo propicio para que se denuncie “violencia contra la mujer”, lo cual se relaciona con la disputa generada entre Gemignani y Expucci.
Bajo esas premisas, el caso de la prosecretaria bien podría ser una manifestación de esa manera extrema de ver las cosas o, lo que sería más grave, una utilización de la condición de mujer para ocultar disputas de poder o irregularidades en el ejercicio de la función.

Dato útil
Como dato, es útil citar que Gemignani vinculó a la denunciante con una causa por dádivas que involucra al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
Sin éxito hasta ahora, pidió que se investigue el contenido de las cajas que Expucci se negó a trasladar, en las cuales habría materiales que la Cámara usa para sus videoconferencias y que habrían sido enviados por la cartera que comandaba De Vido.
Esos elementos no habrían sido inventariados como consecuencia de una discusión suscitada entre los vocales del tribunal. La batalla entre Gemingnai y su colega Ana Maria Figueroa es ya conocida y algunos aventuran que la orden del juez se direccioóa a poner en “evidencia” la recepción de esos artefactos de manera irregular.
En declaraciones a la prensa, el juez dijo que Expucci “trabaja” para Figueroa y opinó que “las cajas eran una especie de dádiva de De Vido para algunos integrantes de la Cámara”.
En ese sentido, manifestó que cuando la prosecretaria se negó a hacer el inventario él interpretó su accionar como “una expresión de encubrimiento”.