Precedente para Córdoba: manejar con Uber no es delito

La Justicia confirmó que la postura del sindicato de taxistas, que denunció penalmente a varios choferes, revela que está disconforme por la aparición de un competidor comercial.

ilustra-la-justicia-subiendo-auto-uberCuando la empresa de transporte privado Uber desembarcó en el país, en marzo, dio su primer paso para operar lanzando una convocatoria para potenciales conductores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ese anuncio generó histeria en varios sectores; en especial, entre taxistas y remiseros. En Córdoba, cerraron filas con sus pares porteños. Respaldados por los respectivos gobiernos locales, hasta ahora lograron dificultar las actividades de la firma norteamericana.
Sin embargo, un magistrado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desestimó una denuncia penal del sindicato que nuclea a los taxistas, por inexistencia de delito, al considerar que manejar un auto a través de la aplicación web no es una conducta criminal. La sentencia fue apelada por la entidad -que, en su momento, expuso la presunta comisión de entorpecimiento del transporte, desobediencia y asociación ilícita, entre otros delitos- en contra de 33 conductores de Uber, pero la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal confirmó lo decidido.
Si bien el fallo no legalizó las operaciones de la compañía, le dio una especie de protección a los choferes.
En su momento, el juez de instrucción Luis Zelaya sostuvo que quienes manejan vehículos para la empresa desarrollan una actividad comercial lícita y que, en todo caso, podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito, pero no delitos.
Además, dijo que no es lógico presumir que la intención de los particulares que conducen para Uber esté (o haya estado) dirigida a entorpecer el sistema de transporte. Por el contrario, razonó que pretenden sumar sus servicios.
“No se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro”, consignó.
En resumen, Zelaya opinó que la presentación se basó en la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial.
Ahora, por unanimidad, la Cámara también descartó que haya un supuesto de competencia desleal o de instigación a cometer delitos, subrayando que Uber busca desarrollar una actividad lícita, bajo un modo de asociación con fines legítimos.
En ese sentido, opinó que transportar pasajeros sin habilitación oficial no configura una conducta tipificada por la legislación punitiva.
“No se advierte cuál sería el delito concreto al que se habría instigado, ni los crímenes indeterminados que tendría por objeto la supuesta asociación ilícita”, agregó.
Al igual que su colega, la Alzada valoró que la postura del sindicato revela que la discusión gira alrededor de su disgusto por tener competidores.
Sentando un precedente en la materia, señalaron que el fuero Penal no es la vía apropiada para resolver los cuestionamientos del sector.
Para la Asociación de Taxistas, es “sorprendente” que el accionar de Uber sea considerado una simple infracción de tránsito o un “entuerto comercial”.

Controversia
Desde que los ejecutivos de la empresa anunciaron que operaría en la Argentina, el secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, anticipó que iría ante la Justicia. Así lo hizo y tuvieron éxito en otros fueros.
Los políticos no escaparon de la controversia y desde el primer momento los sindicalistas contaron con el apoyo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
En Córdoba, el secretario de Servicios Públicos, Julio Waisman, rechazó de plano la utilización del sistema dentro del ejido municipal.
Aunque la compañía nunca manifestó intenciones de querer radicarse en Córdoba, en abril los remiseros locales se sumaron a la “resistencia” de los taxistas y expusieron que era posible que autos privados ya estuvieran prestando el servicio; puntualmente, en hoteles y en el Aeropuerto Internacional Taravella.
El Sindicato de Remiseros de Córdoba presentó una acción declarativa de certeza ante los Tribunales Federales, para que se constatara su planteo.
La entidad también reclamó saber si la firma disponía de oficinas y si había personas trabajando como choferes, con sus propios vehículos. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada por la Justicia.
Si bien todos opinan que Uber es ilegal, la compañía sostiene que su servicio se ajusta a las leyes nacionales.
En un comunicado, plasmó que el Código Civil y Comercial establece en su artículo 1280 la figura del contrato de transporte y que, en base a esa legislación, cualquier persona puede transportar a otra a cambio de un pago.
Además, remarcó que las autoridades provinciales pueden trabajar en normas que regulen aspectos específicos de la actividad, pero que no impedir el funcionamiento de la aplicación.
La batalla judicial que Uber enfrenta incluyó el allanamiento de sus oficinas en Buenos Aires y el bloqueo de sus plataformas digitales.
Pese a todo, la aplicación siguió funcionando, aunque los pasajeros empezaron a sufrir problemas para pagar con tarjeta de crédito. Eso, sumado a las constantes agresiones que soportaron los choferes, desalentó el interés por ese trabajo en las ciudades del interior.
El “efecto Uber” no sólo generó polémica, sino también una mirada crítica sobre cómo desempeñan su oficio los taxistas.
La incorporación de tecnología es uno de los reclamos de los usuarios, quienes, en general, tienen una mirada favorable sobre Uber.
Un ejemplo de esa tendencia es lo sucedido en Río Cuarto, en donde la Federación Nacional de los Conductores de Taxis le pidió al Concejo Deliberante que haga un proyecto de ordenanza para permitir que, mediante una aplicación para celulares, el servicio pueda pedirse desde el domicilio o en la vía pública. La entidad manifestó que su solicitud “tiene que ver con la modernización del sistema” y que el método que sugiere “es parecido a la implementación del Uber, pero aplicado al taxi”.