“Ley Bignone” hasta nuevo aviso en la Cámara Baja

Luego de que el debate parlamentario para aumentar el número de diputados se frustrara, la deficiente representación del pueblo de algunas provincias se mantendrá.

XXXXXtad-Camara-Diputados-opxXXn-Telam_CLAIMA20141001_0272_27En mayo, cuando la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) le reclamó a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de la denominada “ley Bignone”, la legislación que determina la forma en la que se reparten las bancas en la Cámara de Diputados, el tema de la deficiente representación del pueblo de algunas provincias quedó instalado.
El amparo presentado por la entidad –que aclaró que no está motivada por cuestiones políticas, sino porque está en juego la legalidad- es el primer intento ante la Justicia tendiente a actualizar la normativa.
A nivel parlamentario, el tratamiento del asunto no pasó a mayores. Encabezado por Mario Negri, el radicalismo frenó un intento del PRO y del Frente Renovador para abordarlo en el recinto.
En el marco de la extensa sesión por la reforma electoral, algunos dirigentes trataron de reunir voluntades para actualizar la cantidad de diputados que le corresponden a cada jurisdicción. El massimo, el bloque de Margarita Stolbizer y el FIT estaban dispuestos a acompañar la propuesta.
El titular de la bancada de la UCR alineó a sus pares en contra de esa intención, por varias razones; entre ellas, para evitar el rechazo de la opinión pública, ya que la medida implicaría un aumento del “costo de la política”.
Sin embargo, el eje del cuestionamiento se basó en que no hubo un debate previo (y serio) y en que, de avanzar al respecto, se iba a desplegar un accionar que, como oposición, le criticaron al kirchnerismo, una fuerza muy inclinada a “sacar leyes” entre gallos y medianoche y con poca o nula vocación para el diálogo en los recintos legislativos.
Otra posible motivación del cordobés puede haber sido que reformas como la analizada son más oportunas en “momentos prósperos” y, claramente, un año con tantos despidos no es el contexto más afortunado.
Así, no habrá novedades en el plano legislativo este año y es poco probable que esa tendencia cambie en el 2017, cuando habrá un nuevo turno electoral, ya que todas las provincias eligen diputados (se renueva la mitad de la Cámara Baja) y ocho jurisdicciones votan senadores (hay recambio de dos tercios en la Cámara Alta).
Si bien el artículo 45 de la Carta Magna establece que el reparto de bancas debe ajustarse después de cada censo, la distribución en Diputados no se modifica desde 1983. La última recomposición del número de legisladores se dio en diciembre de 2001, cuando el Senado se estiró de 48 miembros a 72, dando lugar a un senador por la minoría en cada distrito.
En este momento, el “retraso” de la ley implica que distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza se perjudiquen con respecto a otros, que tienen menos habitantes.
En su reclamo judicial, como ejemplo de lo que consideró un supuesto de discriminación, la ADC argumentó que un diputado de la provincia de Buenos Aires representa casi 10 veces más votantes que uno de Tierra del Fuego, razonando que el voto de un bonaerense vale 10 veces menos que el de un fueguino.
Según la ONG, el sufragio de un ciudadano de cualquier provincia argentina debería tener igual incidencia en la composición de la cámara representativa, algo que no ocurre porque no se contempla el desarrollo demográfico y se garantiza un “piso” de cinco diputados aunque la jurisdicción no tenga a población para acceder a esa representación política.
La acciónate afirmó que la normativa viola el sistema representativo y le solicitó al Alto Cuerpo que le ordene al Parlamento que proceda a fijar las nuevas representaciones para cada distrito, de acuerdo al censo del 2010, que contabilizó 40.091.359 habitantes, y no al de 1980, cuando la población argentina no llegaba a 30 millones de personas (27.947.446).
Torcuato Sozio, director ejecutivo de la ADC, planteó que la desproporción se puede resolver de dos maneras: aumentando las bancas de las provincias más grandes o reduciendo las de las provincias más chicas.
Sozio estima que pese a que Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires deberían tener más bancas por fundamentos “estrictamente matemáticos”, hay resistencia al respecto porque “es una cuestión política muy sensible”.
“Este tema no lleva a un cambio de legislación; llevaría a un cambio de Constitución, porque es la Constitución la que dice que en el Senado están representadas las provincias y en Diputados están representadas las personas. O sea que no es un tema de cambio legislativo; es un cambio de interpretación judicial acorde con lo que establece la Constitución. Lo que podrían hacer los jueces, como han hecho en otros asuntos, es encomendar al Congreso que sancione una ley que sea compatible con lo que dice la Constitución”, manifestó.