Cesanteado tras último Golpe tendrá beneficio previsional

El TSJ sentenció en contra de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Consideró que las leyes de prescindibilidad, que se aplicaron entre 1976 y 1983, suponían la persecución de los opositores y que en el caso de había dado un supuesto.

tribunalesEl Tribunal Superior de Justicia ratificó los derechos previsionales de un subgerente del ex Instituto de Seguros de la Provincia que fue cesanteado en abril de 1976, tras el golpe de Estado.
Tras reconocer en el carácter de “servicios fictos” las tareas que prestó Juan Carlos Lozada Chávez durante el período comprendido entre el 4 de abril de 1976 y el 9 de diciembre de 1983, condenó al organismo a jubilarlo, de conformidad a la Ley 8024, vigente cuando planteó su reclamo.
El Alto Cuerpo confirmó parcialmente la sentencia dictada por el fuero Contencioso Administrativo, que hizo lugar a la demanda de Lozada Chávez y declaró la nulidad de los actos que le denegaron la reapertura del trámite.
Para oponerse a jubilar al letrado, la caja argumentó que aun computando los servicios fictos a partir de 1976, el cese de funciones debía fijarse el 9 de diciembre de 1983, el último día reconocido por las leyes de reparación previsional. Por ende, razonó que a tenor del régimen vigente en esa fecha (Ley 5846), no cumplía con los requisitos exigidos para obtener el beneficio.
No obstante, para el TSJ, en el caso no podía soslayarse que la baja del agente no fue “normal y voluntaria”, sino forzada.
Según expresó, las leyes de prescindibilidad consolidaron “una praxis de verdadera persecución ideológica, que acalló las posturas opositoras al proyecto gobernante de la dictadura militar”, acotando que “en ese contexto de injusticia, muchos ciudadanos perdieron sus trabajos”.
Bajo esa premisa, valoró que la legislación aplicable no era la del cese de funciones, sino la vigente a la fecha de la solicitud del beneficio (1999), en cuyo marco el demandante sí reunía los requisitos para acceder a la jubilación.
El TSJ ponderó que las mismas razones justificaban, por lo “especial y particular” del supuesto, omitir la exigencia de que el demandante se encontrara en actividad; ello así, porque se probó que padeció “una forzada imposibilidad” para trabajar en la órbita estatal, hasta el momento de solicitar su jubilación ordinaria.
Sin perjuicio de haber confirmado el fallo de la Cámara, la Máxima Instancia local dispuso que correspondía conceder la pensión a partir de la fecha de su pronunciamiento; ello así, porque recién en el proceso judicial “se acreditó la situación histórica y personal del demandante y fueron analizados en detalle los extremos fácticos (renuncia forzada, exilio y precedente administrativo a su favor, entre otros)- invocados para el reconocimiento de los servicios fictos”.
Al referirse al “contexto de injusticia” en el que se dio el despido del abogado, el tribunal recordó que con las leyes de reparación previsional se buscó resarcir de alguna manera a personas que fueron perjudicadas en su situación personal, laboral y previsional.
Además, plasmó que la solución armoniza con el criterio interpretativo establecido por la Corte Suprema y que se consolidó “por su continuo seguimiento en reiterados pronunciamientos”, hasta erigirse en “un principio cardinal en el campo de la seguridad social”, según el cual al interpretar las normas “el puro rigor de los razonamientos lógicos debe ceder”, ante la necesidad de que no se desnaturalicen jurídicamente los fines que las inspiran.
El TSJ también consignó que los jueces “tienen el deber de ponderar las consecuencias sociales de su decisión” y que no pueden prescindir de “la realidad que la precede”, acotando que ese es el criterio que siguió la Corte en el precedente “Saguir y Dib”, al afirmar que la aceptación de soluciones disvaliosas es incompatible con la misión de los magistrados.
En esa línea, expresó que atenerse estrictamente a las palabras de las leyes no es siempre el método recomendable, ya que el espíritu que las nutre es lo que debe determinarse, en procura de una aplicación racional “que elimine el riesgo de un formalismo paralizante”.
Finalmente, el TSJ resaltó que el “Estado Social de Derecho” al que se refiere el artículo 1 de la Constitución Provincial es, por definición, una organización política “permeable al cambio y a las necesidades sociales”, que se erige en garantía dinámica que asegura a los ciudadanos la adaptación del derecho a los “requerimientos de la evolución histórica de la sociedad”.