Cayó “freno al tarifazo” de Vaca Narvaja al gas comercial

Como era previsible, la Cámara de Apelaciones revocó el decisorio del juez K. Se enfocó en uno los puntos más endebles del fallo del miembro de Justicia Legítima, que le reconoció a una asociación empresarial la capacidad de representar a una amplia variedad de emprendedores, que tienen firmas de distintas escalas y orientadas a diversos rubros

2016-10-31_vaca_narvaja_gasLa Cámara de Apelaciones revocó el fallo del juez Miguel Vaca Narvaja, que a fines de septiembre, a pedido de la filial cordobesa de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), frenó el “tarifazo del gas” comercial con efecto para todo el país. Aunque ya rige un nuevo esquema de costos, la Alzada se pronunció en la causa y se enfocó en uno los puntos más endebles del decisorio, que le reconoció a una asociación empresarial la capacidad de representar a una amplia variedad de emprendedores, que tienen firmas de distintas escalas y orientadas a diversos rubros.
El sector productivo que presentó el amparo quedó excluido del fallo dictado por la Corte Suprema el 18 de agosto, que dejó sin efecto el incremento del servicio sólo para los usuarios residenciales, en el entendimiento de que se trata de los ciudadanos a quienes les resulta más difícil hacer una demanda por sí mismos.
Estimando que esa debilidad afectaba el acceso a la Justicia de los particulares, el Máximo Tribunal valoró que podían ser representados en una sentencia colectiva. Un mes después se realizó la audiencia pública de rigor y comenzó a regir el nuevo esquema de costos.
Sin embargo, al conceder la cautelar, Vaca Narvaja dispuso que el Enargas instruyera a las empresas prestatarias para que retrotrajeran las tarifas para las Pymes al 31 de marzo y a fin de que las mantuviera “sin variación” hasta el 27 de diciembre.
También le ordenó a la repartición que ilustrara a las firmas sobre el proceso de refacturación y hasta dio directivas acerca de cómo debería percibir las deudas.
El magistrado opinó que el incremento fue concebido “en un contexto de dificultad económica, con un alto índice de inflación” y que a ello se sumaba “la baja de ventas en general, el aumento de la desocupación y la época del año del anuncio (pleno invierno)”, circunstancias que, según juzgó, condicionaban al colectivo representado por la actora “de manera evidente, clara y fácilmente perceptible”. En esa tesitura, concluyó que no había necesidad de acudir “a mayores probanzas o consideraciones”.
Paralelamente, adujo que “como factor agravante” debía sumarse “la inminencia de los aumentos de otros servicios públicos”.
La decisión del integrante de Justicia Legítima fue elogiada por la accionante y por distintos sectores. Sin embargo, sus órdenes quedaron en la nada por el recurso del Gobierno y ahora el “universo” de las Pyme (integrado por industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros sectores) no solo deberá abonar el aumento, sino también las deudas que generarron, con los valores actuales.
Previsiblemente, los camaristas Eduardo Ávalos, Ignacio María Vélez Funes y Graciela Montesi consideraron que la sentencia no se ajustó a la doctrina que fijó la Corte en el precedente “Cepis” y cuestionaron la representatividad de la parte demandante.
“El Alto Tribunal ha sido muy insistente en remarcar que quienes pretenden iniciar procesos colectivos deben ofrecer una definición cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la clase, lo cual exige caracterizar suficientemente a sus integrantes, de forma tal que resulte posible a los tribunales corroborar, en la etapa inicial del proceso, tanto la existencia de un colectivo relevante como determinar quiénes son sus miembros”, subrayaron.
Vaca Narvaja había justificado su punto de vista argumentando que al invocar como hecho único el aumento desproporcionado del gas, Apyme actuaba “en resguardo de los derechos de las pequeñas y medianas empresas”. También alegó que, de no aceptar el reclamo, se alentaría a esas compañías a “concurrir a la Justicia de manera individual, lo que llevaría a la saturación de los juzgados”.
Para refutarlo, la Alzada citó la presentación de Apyme, que se refirió al conjunto de actividades que se verían perjudicadas por el impacto de la suba, y opinó que esa enumeración ponía en evidencia “el mosaico variopinto de sujetos que quedarían comprendidos en el colectivo”.
Así, concluyó que la “clase” –lo que lleva a un grupo a beneficiarse de una acción colectiva- requiere una heterogeneidad que no se daba en el caso.
Vaca Narvaja es uno de los muchos funcionarios Federales locales que estuvieron alineados con el kirchnerismo.
La ex presidenta lo designó frente al Juzgado Federal Número 3 en noviembre del 2014, luego de dos décadas sin que se cubrieran vacantes similares, y su nombramiento se dio en el marco de la avanzada de su Gobierno sobre el Poder Judicial.
Según reconoció, no pensaba anotarse para el cargo al que finalmente accedió y que se inscribió “sobre la hora”.
El juez integra Justicia Legítima y simpatizó abiertamente con la gestión Cristina Fernández de Kirchner.