Por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estableció que la escala penal prevista para los delitos que se comente en el último eslabón del comercio de estupefacientes (de cuatro a 15 años de prisión) es inconstitucional.
En la causa “Loyola”, por comercialización de drogas, el Alto Cuerpo, en pleno, admitió el recurso de inconstitucionalidad presentado por el asesor letrado Horacio Carranza y fijó una pena en abstracto de tres a diez años.
Los vocales Aída Tarditti, Sebastián López Peña, Domingo Sesin y María de las Mercedes Blanc de Arabel se pronuncia en la misma línea que algunas cámaras del crimen locales y otros tribunales del país.
El voto mayoritario señaló que la decisión del Congreso de la Nación de sustraer ilícitos como el analizado de la competencia de la Justicia Federal obedece a que los consideró de menor gravedad.
Por consiguiente, entendieron que la falta de reflejo de esa circunstancia en una menor escala penal configuró una “omisión legislativa”, lo que determinó su desproporcionalidad y consiguiente inconstitucionalidad.
Además, comparó aquella pena con las graduaciones previstas para otros delitos contra la salud pública -como la venta, suministro, distribución o almacenamiento con fines de comercialización de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo- que, precisamente, prevén penas en abstracto de entre tres y diez años de encierro.
En tanto, destacó que lo decido carece de repercusiones en el dictado de prisiones preventivas, en el marco de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia.
Por su parte, la minoría -integrada por los jueces María Marta Cáceres de Bollati, Luis Rubio y Carlos García Allocco-, en consonancia con otras posturas jurisprudenciales, argumentó que la “desfederalización” del comercio minorista de estupefacientes no evidenció un cambio de valoración sobre la gravedad del delito, sino que se debió a una variación de la política criminal, para darle mayor eficacia a la persecución del último eslabón de la cadena de comercialización.
A su turno, el fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano, opinó que la impugnación no era procedente en el plano sustancial y que el recurrente alegó en forma dogmática.
Moyano destacó que el abogado soslayó que la Sala Unipersonal que juzgó al imputado tuvo en cuenta las características del caso y la cantidad y calidad de las drogas secuestradas (cannabis, cocaína y sustancias de corte), las cuales, junto a otros efectos, acreditaron el ánimo de lucro y la habitualidad con la que ejercía el comercio.
Así, descartó que la escala prevista para el delito por el que fue condenado afecte garantías constitucionales.
Proyecto
En septiembre, luego de que el presidente Mauricio Macri lanzara el plan “Argentina sin narcotráfico”, diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley que busca reestablecer la competencia de la Justicia federal en todos los delitos relacionados con la comercialización de drogas.
Según los legisladores, la narcocriminalidad se agudizó en las pocas provincias que adhirieron a la ley 26.052 (Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Entre Ríos, Salta y Tucumán), ya que los jueces y fiscales “tienen menos independencia respecto al poder político local”.
Cabe recordar que en el 2005 se modificó Ley de Estupefacientes (23.737) y se le otorgó a las provincias la posibilidad de perseguir y reprimir el “narcomenudeo”, una facultad que Córdoba ejerció. De hecho, fue pionera.
Ahora, los representantes reclaman que la legislación vuelva al estado anterior a la sanción de la ley 26.052, en el entendimiento de que la norma, lejos de ser un instrumento eficaz en la lucha contra el tráfico, entorpeció la tarea e, incluso, facilitó el avance del crimen organizado.
Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica, recordó que cuando se discutía en el Congreso la reforma de la ley 23.737 su bloque advirtió sobre las graves consecuencias que tendría la “desfederalización” en la política criminal.
Las críticas a esa práctica no son nuevas. Un informe del 2014 de la Procuraduría Narcocriminal (Procunar) remarcó que la Justicia Federal ya no accede a información que le permitiría conocer la existencia del contrabando o tráfico de mayor porte.
Córdoba dejó el narcomenudeo bajo órbita de la Justicia local en junio del 2012, cuando creó el fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
En abril, Moyano expuso ante legisladores de la región centro sobre “narcomenudeo” y valoró que el esquema local funciona. También hizo un balance positivo de la actividad de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), creada en mayo del 2015, la primera unidad de su tipo en el país que, como novedad, está a cargo del Ministerio Público y no del jefe de Policía.
