Debate por el aborto, deja vu de la era K

Macri no está a favor de la legalización, al igual que su antecesora. Sin embargo, el oficialismo en el Congreso Nacional está dispuesto a debatir el tema y, como en todos los bloques, no hay homogeneidad de opiniones.

massotAl igual que su antecesora, el presidente Mauricio Macri se pronunció en contra de la posibilidad de que se legalice el aborto.
A principios de agosto, en una entrevista con la agencia mexicana Notimex, Macri dijo que apostaba por “defender la vida” y aseguró que durante su gestión no impulsará ni respaldará ningún proyecto sobre interrupción del embarazo.
Enviándole un mensaje a la Iglesia Católica, declaró: “Siempre me quedo del lado de la defensa de la vida, independientemente de que hay protocolos que hay que cumplir”.
Cabe recordar que en reiteradas oportunidades, Cristina Fernández de Kirchner expresó su oposición a la interrupción voluntaria del embarazo.
Pese a que la opinión favorable sobre el aborto sumó adhesiones de legisladores y referentes del kirchnerismo, la ex mandataria siempre fue crítica en cuanto a la posibilidad de que se habilitara la práctica.
El debate sobre el tema divide a la sociedad argentina y si bien llegó al Congreso Nacional varias veces, perdió estado parlamentario porque nunca obtuvo dictamen de comisión.
A fines de junio, militantes y diputados de todo el arco político presentaron el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), impulsado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es la sexta vez que intentan que el tema figure en la agenda legislativa.
La iniciativa fue lanzada por primera vez en el 2007 y prevé la legalización de la práctica en cualquier caso; es decir, aún si el embarazo no es producto de una violación o no hay riesgo de vida para la madre.
Ahora, a días de la nueva marcha “Ni Una Menos”, el tema volvió a la agenda política, ya que pese a que la movilización se generó para reclamar el cese de la violencia en contra de las mujeres, el reclamo por el aborto figuró.
En ese marco, el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, manifestó que a pesar de las diferencias que hay en el espacio que integra, ya que Cambiemos no tiene una postura unificada como bloque (como casi ninguno), el oficialismo parlamentario no rechaza discutir la posibilidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Así, en el análisis del tema hay un deja vu con respecto a la era K, ya que muchos legisladores del FpV desafiaron el punto de vista de la ex mandataria y participaron activamente no sólo en campañas en pos de garantizar la práctica, sino en la elaboración de iniciativas legislativas.
Actualmente, en el Congreso de la Nación hay ocho propuestas referidas a los abortos no punibles y a los protocolos para atender los casos regulados.
Además, hay dos proyectos que promueven la despenalización. Sin embargo, aunque hay predisposición de la bancada macrista y de otras fuerzas, es poco probable que haya avances legislativos en el corto plazo.
Cuando el Ministerio de Salud de la Nación dictó, en el 2010, el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”, se desató una fuerte polémica.
El instructivo fue reformado y actualizado en el 2012, luego del fallo de la Corte Suprema que confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut, que autorizó a una adolescente de 15 años que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro a interrumpir su embarazo.
De esa manera, estableció que la violación es una causal de aborto y que para acceder a la práctica sólo es necesaria la declaración jurada de la mujer, ya que el objetivo es no judicializar los casos.

Córdoba
En abril de ese año, siguiendo los lineamientos establecidos por la Nación y la Corte, Córdoba elaboró la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”. Inmediatamente, la asociación Portal de Belén presentó una acción de amparo y el juez en lo Civil y Comercial Federico Ossola la admitió.
La medida fue ratificada por la Cámara de Apelaciones y el expediente llegó al Máximo Tribunal de la provincia, que lleva tres años analizando las actuaciones.
En su momento, los camaristas Guillermo Barrera Buteler, Julio Fontaine y Beatriz Mansilla de Mosquera aceptaron los argumentos del grupo católico y establecieron que el protocolo cordobés vulnera los derechos de los menores por nacer, protegidos por la Constitución Nacional, por la Convención de los Derechos del Niños y, especialmente, por la Constitución de Córdoba.
Por unanimidad, la Cámara se apartó del criterio de la Corte. Los argumentos los formuló Barrera Buteler, quien fue recusado sin éxito por haber opinado en una publicación en contra del aborto y porque pertenece a una entidad vinculada a la Iglesia.
Entre otras consideraciones, el juez plasmó que dar por probado que la mujer que pide practicarse un aborto fue violada con “una simple declaración jurada” implica el “riesgo de que existan casos fabricados”.
A fines de mayo, el TSJ cerró su convocatoria a los “amigos del tribunal”, cuya opinión, pese a no ser vinculante, lo ayudara a dirimir el caso.
Según el Alto Cuerpo, busca garantizar el equilibrio entre la participación ciudadana y el debido proceso judicial, en una materia “delicada y trascendente”.
Las 60 presentaciones sonde particulares y entidades (locales y de otras jurisdicciones) que buscan dar su punto de vista en la causa.