Las maratónicas sesiones del Congreso Nacional suelen ser lo suficientemente extensas para que los diputados puedan abocarse a tareas paralelas, mientras algunos pocos se abocan a seguir con detenimiento la prolongada seguidilla de discursos.
Aprovechando dicha características, algunos de los dirigentes más encumbrados del PRO en la Cámara de Diputados aprovecharon la última sesión para, en paralelo a los discursos, intentar reunir una mayoría transversal a todos los bloques, que estuviese dispuesta a aprobar la actualización de la cantidad de diputados que le corresponden a cada provincia en dicha Cámara.
Sin embargo, advertido de esto y oponiéndose a un tratamiento “entre gallos y medianoche”, el cordobés Mario Negri, titular de la bancada radical, se encargó de alinear a los diputados de su partido en contra de la iniciativa macrista, logrando darla por tierra.
De no haber mediado la negativa de Negri, Córdoba podría haberse beneficiado con un aumento significativo, obteniendo hasta un tercio más de la cantidad de representantes que hoy ostenta en la Cámara Baja.
Cálculos desactualizados
La discusión sobre la cantidad de diputados que tiene cada provincia es de larga data, puesto que el artículo constitucional que determina el reparto fue reglamentado por la Ley Bignone (denominada de esta manera por haber sido promulgada por el último presidente de facto) de una manera distorsiva.
El texto constitucional presenta un modelo claro de bicameralidad en el Congreso. Mientras el Senado pretende representar los intereses de las distintas provincias, dotándolas de la misma cantidad de bancas a cada una (3 escaños por provincia), la Cámara de Diputados representa al pueblo argentino, y la distribución de las bancas debería hacerse de manera proporcional a la población de cada distrito.
Así lo establece el artículo 45 de la carta magna: “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.
Sin embargo, la Ley Bignone estipuló un piso mínimo de cinco diputados por cada provincia, generando una distorsión en la cantidad de habitantes que representa cada diputado. Aquellos que provienen de provincias más pequeñas representan a menos ciudadanos cada uno, y viceversa.
Como efecto, podría decirse que cada ciudadano de las provincias más chicas tiene una “porción” de las decisiones más grande que aquellos ciudadanos de las provincias más grandes.
Una de las provincias afectadas por esta realidad es Córdoba, representada hoy por 18 diputados, uno menos que la provincia de Santa Fe (que cuenta con 19) a pesar de contar con más habitantes.
Este tipo de distorsiones se deben a que las cantidades de diputados no han sido actualizadas en décadas, y actualmente se basan en el censo nacional de 1980.
Si las proporciones se ajustasen al censo del 2010, la Cámara Baja debería incorporar alrededor de 50 diputados más que los que la componen en la actualidad. De ellos, alrededor de seis corresponderían a la provincia mediterránea.
Fundamentos de Negri
El titular de la bancada del PRO, Nicolás Massot, y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, se aventuraron en medio de la sesión a intentar reunir una mayoría de votos, con miembros de todos los bloques, que aprobase sobre tablas la ampliación de la cantidad de diputados.
La temática había sido debatida en comisión, pero se había decidido no incorporar en el despacho que se sometía a votación. Sin embargo, miembros del Frente Renovador, del bloque de Margarita Stolbizer y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores estaban dispuestos a acompañar la propuesta.
Al conocer la jugarreta de sus aliados, el cordobés Negri reunió a sus correligionarios en su despacho para tomar una decisión conjunta. La postura del radical fue clara, él pretendía que esa norma no se aprobase para evitar un rechazo de la opinión pública, puesto que la medida implicaría un aumento en “el costo de la política” y se estaba tratando sin debate previo.
El bloque radical decidió encolumnarse detrás de su presidente, quitándole viabilidad a la intentona macrista.
A pesar de sus motivos, la jugada radical contra la iniciativa macrista podría ser leída como un golpe para Córdoba, puesto que sería una de las provincias beneficiadas con el incremento en la cantidad de diputados.
