Durante la última década, las organizaciones que promueven la liberación de la marihuana para uso terapéutico o recreativo depositaron, en mayor o menor medida, sus esperanzas en las promocionadas pero infructuosas gestiones del kirchnerismo.
Luego de que la Corte Suprema dictara el fallo “Arriola”, en el 2009, que declaró inconstitucional la criminalización de la tenencia de drogas para uso personal, el activismo no abandonó sus consignas, pero los grupos locales y de otras provincias se politizaron. En general, sus integrantes estaban convencidos de que el anterior Gobierno iba a promover una reforma de la ley de estupefacientes seria y respetuosa de las libertades individuales.
Eso no sucedió. Además, si bien el Máximo Tribunal dio directivas claras en su sentencia, la Justicia no quitó el foco de los consumidores y la jurisprudencia sigue siendo bastante contradictoria, ya que no todos los jueces interpretan el precedente “Arriola” de la misma manera.
En el 2012, el mismísimo Aníbal Fernández apareció en la tapa de la revista THC, una publicación especializada en cannabis. Anunció que iba a presentar una iniciativa de despenalización (lo hizo, pero sin cambios trascedentes) y hasta dio consejos sobre cultivo. “Buscamos priorizar los derechos humanos de segunda generación: primero, atender la salud de quien consume y después atacar el narcotrafico”, dijo al lanzar el texto en el Senado. Todo quedó en meras declamaciones.
En la misma entrevista, THC reunió a los diputados Diana Conti (FpV), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Victoria Donda (FAP), quienes adelantaron que tenían un “proyecto común” para ponerle fin a la criminalización del autocultivo y tenencia para uso personal de marihuana.
Dos años después, en el 2014, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner intentó capitalizar la repercusión que logró en el mundo el uruguayo José “Pepe” Mujica e instruyó a Conti para que impulsara el debate por la despenalización para uso terapéutico. Tampoco pasó nada.
Ahora, a tan solo dos meses de que el presidente Mauricio Macri anunciara que su Gobierno estaba “abierto” a la posibilidad de liberar el uso medicinal de la planta, el tema se trató en comisión y podría haber una reforma en la legislación antes de fin de año.
El jueves se reunieron las comisiones de Salud, Seguridad Interior y Legislación Penal de la Cámara Baja y los representantes de todo el arco político debatieron los pasos a seguir en la materia.
Así, la “militancia cannábica” vio por primera vez un resultado concreto; al menos, relacionado a una de sus causas, el uso medicinal, y se refugia en la agenda oficialista.
En el 2015, el Poder Ejecutivo le permitió a los padres de una nena de tres años traer aceite de cannabis desde el exterior. La noticia tuvo mucha repercusión y comenzaron a difundirse las propiedades terapéuticas del cannabis.
En junio, el juez Penal Pedro Pianta habló públicamente frente a los diputados en su doble condición de magistrado y de padre de un joven de 25 años que padece epilepsia refractaria y también evolucionó gracias a medicación a base de marihuana.
En la misma época, el titular de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnologías (Anmat), Carlos Chiale, le informó a la Comisión de Salud que la agencia permitió el ingreso de un considerable volumen de un aceite con cannabidiol, el componente principal de la planta, que se produce en Norteamérica. También precisó que de los 85 pedidos que se presentaron con éxito, 80 son para el tratamiento de síntomas de la epilepsia refractaria y cinco para aliviar dolor.
En la reunión de la semana pasada, el plenario debatió y escuchó a expertos. Tras la ronda de consultas se espera un dictamen favorable, ya que la oposición presionó para avanzar con la media sanción.
Hay acuerdo en que, al menos por ahora, no está bajo análisis el uso recreativo y en la necesidad de avanzar con los estudios clínicos y la capacitación de los profesionales del arte de curar.
El oficialismo buscará que el Estado sea el proveedor del aceite de Cannabis, pero se opondría al cultivo personal.
Actualmente, hay cinco propuestas relacionadas al campo de la salud, provenientes de la UCR; de Libres del Sur; del Frente de Izquierda y del FpV. Ahora, todas deberán articularse. Pese a las diferencias, señalan que el cannabidiol que contiene la planta provoca un efecto sedativo en personas afectadas por determinadas enfermedades, ya que inhibe la transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor.
Chubut ya incorporó el aceite de cannabis al vademécum de la obra social local y en Córdoba, la legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos) presentó un proyecto similar.
Paralelamente, Montero pidió que la Legislatura Unicameral le solicite a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que arbitren los medios necesarios para darle celeridad al tratamiento de las iniciativas existentes o que generen otras, con la finalidad de definir modificaciones en la normativa vigente.
