El Gobierno Nacional presentó en el Senado un proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).
La modificación de esa normativa fue uno de los caballos de batalla del colectivo kirchnerista Justicia Legítima. Hace dos años, el actual titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el cordobés Gabriel Pérez Barberá, ex juez de la Cámara de Acusación de Córdoba, vaticinó que el cambio promovido por el grupo que integra era prácticamente un hecho.
Sin embargo, el 29 de diciembre del año pasado se oficializaron decretos del presidente Mauricio Macri con reformas sobre la Justicia; entre ellos, el 257/15, que suspendió la aplicación del nuevo CPPN, que estaba prevista para el 1 de marzo, derogando las leyes dictadas por el Congreso relativas a su implementación.
Ahora, el Poder Ejecutio envió su propio texto. Entre los cambios propuestos figuran la limitación de las excarcelaciones y hacer efectivas las condenas desde el momento en que se imponen.
La iniciativa se dio a conocer luego de que de sifundiera la convocatoria que hicieron para el próximo martes familiares de víctimas de delitos. El ministro de Justicia, Germán Garavano, respalda el acto, que se llevará a cabo frente al Parlamento.
El proyecto actual cambia varios artículos del ordenamiento de rito impulsado por el kirchnerismo y su fuerza de choque dentro del Poder Judicial. Si bien se mantiene el “espíritu” de aquel diseño legislativo (un código acusatorio, con protagonismo de los fiscales en la investigación), contempla nuevas facultades para los jueces y, en general, es más “duro”.
Se prevé un paquete de más de 30 artículos destinados a introducir nuevas medidas en las pesquisas por crímenes complejos; se establece que un condenado por un delito con penas de más de tres años podrá quedar detenido aunque el fallo no esté firme y se amplían las causas para mantener las privacones de libertad.
En cuanto a las excarcelaciones, se fijan pautas para limitarlas, como las amenazas a testigos o las detenciones previas de los encartados. También se estipula que el fiscal podrá negociar información con los supuestos cómplices y que si esos datos son útiles se podrán reducir sus sanciones.
Además, se regla la vigilancia electrónica a distancia, la audiovisual, la intercepción de las comunicaciones y la extracción remota de datos de una computadora de investigados; incluso, el uso de “programas espía” para hackear las máquinas de los imputados.
En tanto, la inciativa contempla que los instructores podrán optar por no perseguir delitos menores o cuando como consecuencia del hecho el imputado haya tenido graves consecuencias físicas o morales.
Si bien el decreto de diciembre fue un mensaje para los judiciales militantes del proyecto “nacional y popular”, tras el cambio del Gobierno muchos sectores esperaban una reacción más dura de la Administración de Cambiemos.
La continuidad de la influencia de Justicia Legítima quedó en evidencia luego de la agresión que sufrió Macri en Mar del Plata. El juez federal Alfredo López, a cargo de la pesquisa, hizo duras declaraciones y definió a la agrupación como “una mafia judicial”.
López denunció al fiscal general Daniel Adler y a sus colegas Laura Mazzaferri y Nicolás Czizikl por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, al considerar que demoraron “injustificadamente” la investigación de los hechos que involucraron al mandatario y lamentó que el Gobierno nacional no tomara medidas con respecto al accionar de Justicia Legítima, el cual, según juzgó, es ilegal.
“No tienen ningún interés en la Justicia, sólo en militar en favor de una determinada facción”, aseguró el juez, sumándose a las voces que desde hace tiempo recuerdan que el reglamento de la Justicia nacional determina que los funcionarios no pueden participar en agrupaciones políticas.
El Gobierno intentó evitar un enfrentamiento y apeló al desgaste, pero ahora da pasos claros.
En Córdoba, casi todos los funcionarios federales se enrolaron abiertamente en las filas Justicia Legítima y sus declaraciones trascendieron lo relacionado al debate ideológico sobre el modelo judicial vigente y pasaron a ser dichos de militantes partidarios.
Cabe recordar que el avance en las causas por corrupción ya le costó el cargo al cordobés Carlos Gonella. En abril, salpicado por el escándalo que se generó con la detención de Lázaro Báez, renunció a su puesto en la Procelac.
Gonella quedó en la mira de la Justicia por su deslucida actuación en la causa conocida como la “ruta del dinero K” y está procesado por prevaricato, ya que se le atribuye haber ordenado que se excluyera a Báez de las primeras medidas investigativas, como guardián de los intereses del kirchnerismo.
El joven salió de los tribunales federales de la ciudad para comandar la Procelac amadrinado Gils Carbó y se sumó a la lista de militantes que eran funcionarios de segundo o tercer rango y que migraron a las altas esferas.
Actualmente comanda la Procelac Pérez Barberá, ex juez de la Cámara de Acusación, uno de los pocos jueces provinciales que adhirió a la agrupación K.
Aunque el puesto de Gils Carbó es vitalicio, avanza el plan para removerla. Ya se constituyó la Comisión Bicameral que revisará su accionar. Entre los potenciales reemplazantes figura Alberto García Lema, quien se desempeñó entre 1974 y 1976 como secretario letrado de la Procuración y fue constituyente por el Partido Justicialista en 1994. También está bien posicionado de Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados. El abogado sería el “candidato” de Macri.
Para el macrismo, el reemplazo de Gils Carbó es un paso vital para el desmantelamiento de la red que tendió el kirchnerismo en los tribunales, en donde nombró a cerca del 80 por ciento de los funcionarios.
