Los gremios estatales protagonizan una escalada de reclamos contra el Gobierno provincial. Ayer los sindicatos que aportan a la Caja de Jubilaciones ratificaron la propuesta del SEP y anunciaron una nueva jornada de protesta.
Será la tercera vez en este segundo semestre que la coordinadora de gremios estatales salga a la calle para reclamar por la derogación de la Ley 10.333, ahora ya sin fisuras luego de algunos cortocircuitos con el SEP a principios de agosto. Pero los dirigentes tienen una preocupación mayor que esta. La Caja de jubilaciones es un punto sensible y están ansiosos por conocer los detalles del acuerdo que la Nación y la Provincia están a punto de firmar.
Los gremialistas acusan que no reciben ningún tipo de respuestas de la Provincia y temen que entre las cláusulas esté camuflada una intención armonizadora del régimen previsional cordobés. Aún no hay precisiones oficiales sobre los alcances del nuevo convenio, pero fuentes de Finanzas indicaron que la rúbrica es “inminente”.
No obstante, atender a la derogación del reajuste jubilatorio que implementó la Provincia a fines de diciembre no está dentro de los planes de El Panal. La reformulación del cálculo de haberes fue clave para que los funcionarios de Finanzas y sus pares de Anses diseñaran un convenio sui generis, por el nivel de aportes que realizan los trabajadores provinciales, que supera la media nacional.
Esta situación no es desconocida por los gremios estatales que en todo caso apuntan a formas alternativas, bajo el paraguas de normativas nacionales, para lograr un mejor trato sobre los haberes.
La incertidumbre que genera la proximidad de este acuerdo es un factor importante para entender la efervescencia gremial, que además se alimenta de otros reclamos comunes y demandas puntuales de cada sector. Los sindicatos locales relucen con fuerza una batería de reivindicaciones que tiene como destinatario casi excluyente al gobierno nacional y, en menor medida, a la Provincia.
La situación por la inflación y la modificación de las bandas del Impuesto a las Ganancias son dos de esos puntos. Pero la presión que puedan generar los gremios cordobeses es escaza. Las definiciones de este tipo están atadas directamente a las negociones entre la Casa Rosada y el flamante triunvirato de la CGT. Por el momento, la central obrera mantiene un paro en suspenso y le dio a la Casa Rosada un plazo de diez días para definir sobre estos puntos. La solución para la cúpula pasaría por un bono de fin de año.
En principio, un plus de estas características no satisface a los gremios estatales, particularmente al SEP y a la UEPC, que ayer también decretó un paro. Más allá de la pequeña ventana que abrió el lunes el gobernador Juan Schiaretti para otorgarle a los gremios del sector público un suba extraordinaria a fin de año si la recaudación mejora.
El secretario general del SEP, José Pihen, fue claro en este punto: quieren lograr la reapertura de la negociación colectiva. Sabe que es una cruzada difícil. La alternativa sería negociar un bono de consideración como dieron las provincias de San Juan y La Pampa (Entre 5.000 y 8.500 de manera escalonada). Pero mientras el acuerdo de la Caja no esté firmado, La Provincia no puede salirse de los márgenes fiscales que señala la Casa Rosada.
Humor estatal
El humor gremial se torna cada vez más espeso, sobre todo en el sector público. El miércoles 19 marcharán la CGT y los gremios que aportan a la Caja.
Tal como se preveía, la UEPC confirmó ayer un nuevo paro. El sexto en lo que va del año. Y diagramó un calendario de protestas que incluyen otro tipo de acciones. Por su parte, el viernes los estatales volverán a movilizarse.
Salud
El jueves el sector de Salud marchará desde el Polo Sanitario hasta El Panal. Con la llegada de los recibos de sueldo, los trabajadores de la salud se anoticiaron de la magnitud de los descuentos que realizó la Provincia por las medidas de fuerza realizadas durante el mes pasado. En las vísperas de una nueva medida de fuerza, las detracciones reavivan la tensión en los hospitales.
La UTS salió ayer a denunciar esta situación. “La Provincia descontó de manera arbitraria a los trabajadores”, denunció Gastón Vecchiani ya aseguró que se trata de medidas “irregulares e ilegítimas”. La entidad gremial afirma que presentará un amparo para suspender estas detracciones.
