El laberinto de las cuentas públicas

La Nación está preocupada por el frente fiscal de las provincias y por la dinámica en la colocación de deuda. En un año electoral parece improbable una reducción del gasto y la instrumentación de la reforma tributaria.

Por Gabriela Origlia

2016-10-02_laberinto_billete-1La Nación convoca periódicamente a las provincias preocupada por el déficit (que también es un problema en la administración central). En un contexto de recesión es difícil que ningún gobernador acepte bajar impuestos, incluso acompañaron la baja gradual de Ganancias porque “se curan en salud”, perderán menos dinero de coparticipación de esa manera que con una reducción brusca.
En el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal el equipo del ministro Alfonso Prat Gay –entre quienes se cuenta, en un rol relevante, el cordobés Nadín Argañaraz- busca rearmar junto con las provincias un esquema de responsabilidad fiscal que se cumpla ya que el actual es letra muerta.
No sólo hay profundización del rojo fiscal en las provincias sino que la colocación de deuda va en aumento y el riesgo es el destino de esos ingresos. Hay luz de alarma por las complicaciones financieras que aparecen en diferentes distritos.
Después del arreglo con los holdouts, ocho gobiernos provinciales colocaron US$ 5850 millones; a la cabeza está Buenos Aires con US$ 2250 millones y la Capital Federal, con US$ 890 millones. Córdoba –que ya hizo una colocación, prepara otra- y salieron a los mercados Chubut, Mendoza, Salta, Chaco y Neuquén. La ciudad de Córdoba consiguió US$ 150 millones y Santa Fe prepara una salida por US$ 500 millones.
La Nación, por ahora, no condiciona el otorgamiento de avales, pero empieza a preocuparle que el dinero no vaya a obras e infraestructura.
En medio de este panorama, la intención es empezar a instrumentar una reforma impositiva que desemboque en menor presión tributaria. A nivel nacional, en los últimos quince años la presión tributaria aumentó en nueve puntos del PIB y, aun así, el déficit fiscal trepó cuatro puntos del Producto. Al mismo tiempo, el peso de Ingresos Brutos (principal impuesto de las provincias) se duplicó, pasando de dos a 4,1 por ciento del PIB.
La pérdida de las ventajas del tipo de cambio por los mayores costos, acota las mejoras de competitividad por esa vía por lo que todos los economistas coinciden en que los avances deberán venir de optimización de la infraestructura, reducción de costos laborales, y menor carga de impuestos.
Un trabajo de los economistas Marcelo Capello, Marcos Cohen Arazi y Vanessa Tosselli del Ieral de la Fundación Mediterránea señala que, por la magnitud del déficit fiscal, la reforma tributaria deberá realizarse en forma gradual, para no profundizar los desequilibrios pero, a la vez, cuidando de no llegar a destiempo en función de los problemas existentes en materia de competitividad.
En lo que va de gobierno se hicieron cambios tributarios: modificación de deducciones en Ganancias, baja de retenciones para la soja y eliminación para maíz y trigo, reducción del IVA para las compras de sectores vulnerables y posibilidad de que las Pymes tomen el impuesto al cheque a cuenta de Ganancias.
“Se trata de avances importantes. Pero se debe profundizar el camino de la reducción de la carga tributaria en las materias pendientes: impuestos al trabajo, actualizar tramos de la escala que se aplica en el impuesto a las ganancias, extender las reducciones en IDCB y en Derechos de exportación al resto de los sectores, y comenzar a modificar el impuesto a los Ingresos Brutos, para que deje de dañar la competitividad de la producción nacional”, plantea el trabajo.
En un año electoral como es el 2017 parece difícil pensar que los gobernantes estarán dispuestos a perder ingresos y verse obligados a reducir gastos. En general la experiencia Argentina indica que lo que se corta por un lado se usa por el otro.
En la discusión del proyecto de presupuesto para el año próximo volverán a la carga los legisladores de las distintas provincias. En el caso de Córdoba, el senador Carlos Caserio ya adelantó que reclamará por las obras prometidas que no están incluídas en la iniciativa y se plantearán las dudas respecto a que los $14.000 millones presupuestados para financiar el rojo previsional luce escaso teniendo en cuenta que sólo Córdoba requiere unos $5.200 millones.