La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) sigue con asambleas para que los dependientes del sector evalúen los pasos a seguir durante los próximos meses.
La entidad estima que el ministro de Trabajo, Omar Sereno, no presentó una propuesta satisfactoria sobre la recomposición salarial que pretende, vía antigüedad o título, en consonancia con la respuesta que se le brindó al resto de los trabajadores estatales, en el marco de la mediación voluntaria que lleva adelante entre la entidad y el Tribunal Superior de Justicia.
El gremio le reclama al TSJ definiciones acerca del tercer punto de la agenda fijada en la mediación, que gira en torno al establecimiento de un sistema salarial único en el Poder Judicial, un compromiso que asumió, vía acordada, en el 2013.
Hoy hay una asamblea en el Palacio de Tribunales y mañana los dirigentes se trasladarán a la sede de Villa María. Ese esquema continuará, ya que la Agepj prevé hacer tres viajes al interior por semana.
En abril, la conducción (mayormente “K”, aunque con matices) terminó su duelo por el cambio de Gobierno y lanzó medidas, entre las cuales figuraba “provincializar el conflicto”, con el objetivo de darle visibilidad a la problemática que se da fuera de la ciudad de Córdoba.
La nueva “élite gremial”, encabezada por Federico Cortelletti, Belén Juárez y Adrián Valán, tuvo éxito con esa iniciativa y durante el primer paro del año el acatamiento en el interior fue total.
Ahora, vencida la validez de la mediación a la que accedió, la Agepj levantó la guardia y es posible que la dirigencia esté enfocada en sumar apoyo, ante la situación de incertidumbre que enfrenta, agravada por el complejo contexto económico.
El Gobierno provincial está lidiando con mucha conflictividad gremial y el reclamo de los empelados del Poder Judicial no está entre sus prioridades.
Durante el primer semestre del año, la entidad generó movilizaciones y llevó adelante tres medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales, pero depuso su actitud combativa y aceptó la prórroga que le solicitó Sereno, en su carácter de “mediador voluntario” en las negociaciones con el TSJ
La feria invernal comenzó sin novedades y la decisión de la Agepj generó cierto malestar entre los agremiados, quienes por amplia mayoría definieron suspender las acciones directas y esperar los resultados de la gestión de la Provincia, que destrabó lo que se perfilaba como una nueva crisis del Poder Judicial.
Si bien el mecanismo de la “mediación voluntaria” ministerial fue idóneo para evitar que el desentendimiento con el Alto Cuerpo pasara a mayores y cortó la racha de paros y asambleas, los trabajadores de la Justicia empezaron a exteriorizar su ansiedad.
Sin embargo, la impaciencia no derivó en que se dispusieran nuevas medidas de fuerza y el gremio siguió manejándose con prudencia, con una actitud que parece perfilarse más hacia la búsqueda de resultados, aunque insuma tiempo, que a la “lucha por la lucha”.
El perfil racional de los miembros de Confluencia contrasta con el estilo de la anterior gestión. La semana pasada, intentando capitalizar la falta de novedades, a dos años de su derrota en las elecciones, la agrupación encabezada por Irina Santesteban emitió un duro comunicado criticando el desempeño de la actual conducción sindical.
Judiciales Unidos cuestionó a sus colegas y adujo que los representantes en funciones carecen de “voluntad política para luchar” y que “no informan ni plantean objetivos”.
Germán Viani, representante del fuero Laboral e integrante del área de comunicación de Confluencia, respondió señalando que a la actual conducción se encontró con una estructura debilitada y que está inmersa en “la difícil tarea de administrar derrotas ajenas”.
Además, destacó que todas las resoluciones que se tomaron hasta la fecha contaron con el apoyo de las bases y dijo que si bien los integrantes de Confluencia acompañaron a la anterior gestión en sus reclamos, esa actitud de colaboración no es recíproca.
Lo cierto es que pese a la contundencia de su misiva, Santesteban y su equipo no sólo no pudieron frenar la ley de equiparación (que incrementó los ingresos de los funcionarios), sino que en el 2013 rechazaron dos propuestas de porcentualidad que hubieran impactado positivamente en los sueldos de los dependientes y no dieron demasiadas explicaciones cuando los empleados debieron soportar descuentos.
Esos pasos en falso fueron citados por Viani, quien subrayó que el gremio logró avances en el plano de la carrera y que sigue participando de todas las instancia de diálogo con el Máximo Tribunal tendientes a que se establezca un sistema salarial único.
Cabe recordar que en lo que va del 2016 unos 3.500 empleados ascendieron. En la práctica, las promociones -que se concretarán cubriendo vacantes y reconvirtiendo cargos- impactarán en los ingresos y achicarán la cuestionada “brecha salarial”. A eso se suman los numerosos pases a planta permanente.
La posición del TSJ es que la pretensión de una modificación en el mecanismo de retribución excede su competencia, ya que reformar la actual coexistencia de sistemas salariales es un paso más profundo que disponer un mero aumento y que, por esa razón, está fuera de su alcance a nivel presupuestario.
Una posible vía de solución sería una redefinición del presupuesto que recibe el TSJ por parte de la Provincia, pero no habrá novedades al respecto en el corto o mediano plazo.
No obstante, junto con la oferta de masivos ascensos el TSJ le aseguró a la Agepj que la idea de ir hacia un sistema salarial único sigue en agenda, aunque sin presupuesto ni fecha de implementación.
Al respecto, Cortelletti manifestó que el avance en esa materia “es responsabilidad del TSJ” y que “depende de su voluntad política y del cumplimiento de sus propios compromisos para con los trabajadores judiciales de la Provincia”.
