En marzo, cuando la empresa de transporte privado Uber, cuyas prestaciones se pueden solicitar a través de una aplicación para dispositivos móviles, dio su primer paso para operar en el país y lanzó una convocatoria para potenciales conductores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el anuncio generó histeria en varios sectores.
El secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, rechazó el desembarco de la firma y anticipó que iría ante la Justicia. Así lo hiceron, y tuvieron éxito.
Los políticos no escaparon de la controversia y desde el primer momento los sindicalistas contaron con el apoyo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
En Córdoba, el secretario de Servicios Públicos, Julio Waisman, rechazó de plano la utilización del sistema dentro del ejido municipal.
“No hay posibilidad de que se instale” aseguró. La contundencia de Waisman tuvo doble destinatario, pues si bien los principales opositores a Uber son los taxistas, su implementación podría afectar también a los concesionarios del sistema de colectivos. Con precios desregulados y nulas exigencias de calidad y mantenimiento, tanto las empresas de transporte como los taxistas lo considerarían competencia desleal y reclamarían acciones por parte de la comuna.
Con su posicionamiento anti Uber, la Municipalidad de Córdoba aplacó posibles conflictos desde el minuto cero, cerrando todo canal posible de diálogo con directivos de la firma.
Aunque la compañía nunca manifestó intenciones de querer radicarse en Córdoba, en abril los remiseros locales se sumaron a la “resistencia” de los taxistas y expusieron que era posible que autos privados ya estuvieran prestando el servicio; puntualmente, en hoteles y en el Aeropuerto Internacional Taravella.
El Sindicato de Remiseros de Córdoba acudió a los Tribunales Federales y presentó una acción declarativa de certeza, para que la Justicia constatara si hay actividades de Uber.
La entidad también reclamó saber si la firma disponía de oficinas y si había personas trabajando como choferes, con sus propios vehículos. Ninguna de esas hipótesis se constató.
El gremio fundamentó su pretensión en un cálculo. Según precisó, en la jurisdicción sólo hay 31 “remises de lujo” habilitados y, por eso, se preguntaban cómo se estaba trasladando el turismo internacional. Por esa razón, también reclamó que la Justicia investigara cómo se movilizaban los extranjeros.
Si bien todos opinan que Uber es ilegal, la compañía sostiene que su servicio se ajusta a las leyes nacionales.
En un comunicado, plasmó que el Código Civil y Comercial establece en su artículo 1280 la figura del contrato de transporte y opina que, en base a esa legislación, cualquier persona puede transportar a otra a cambio de un pago.
Además, remarca que las autoridades provinciales pueden trabajar en normas que regulen aspectos específicos de la actividad, pero que no impedir el funcionamiento de la aplicación.
La batalla judicial que Uber enfrenta desde hace meses incluyó el allanamiento de sus oficinas y el bloqueo de las plataformas digitales de la compañía, entre otros episodios.
Pese a todo, la aplicación siguió funcionando, aunque los pasajeros que contrataron el servicio empezaron a sufrir problemas para pagar con tarjeta de crédito y las constantes agresiones que soportaron los choferes desalentó el interés por ese trabajo en las ciudades del interior.
En la causa que el Sindicato de Peones de Taxi de la Capital Federal inició contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario desestimó todos los recursos en contra de la sentencia que le ordenó al accionado “tomar medidas urgentes” para suspender la operatoria del servicio.
Esta semana, José Ibarra, secretario general del Sindicado de Conductores de Taxis y presidente de la Federación Nacional, estuvo en el Congreso de Estrategia sobre Uber en Amberes, Bélgica, uno de los países en donde las autoridades consiguieron prohibir el uso de la aplicación.
El debate fue organizado por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), que agrupa a casi 1.000 sindicatos.
El diario británico The Guardian publicó una estimación de cuánto ha gastado Uber en litigios de diverso tipo desde su fundación, y aventuró que ya desembolsó unos 60 millones de dólares para seguir operando.
