Pese a su resistencia, el fiscal Enrique Senestrari deberá seguir investigando el origen de los fondos que el ex intendente de Villa María, Eduardo Accastello, tenía a su disposición en la financiera CBI.
El juez federal Número 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, desestimó el planteo del representante del Ministerio Público, quien a fines de agosto sostuvo que no tenía competencia en el tramo de la pesquisa en la que se investiga el origen de los 290 mil dólares que el ex intendente de Laguna Larga, Fernando Boldú (Córdoba Podemos), atesoraba en una caja de seguridad de la empresa.
Senestrari “despegó” a los ex mandatarios comunales kirchneristas de la causa CBI afirmando que no había elementos de prueba que determinaran la comisión de un delito en el ámbito federal, como lavado de activos o evasión de impuestos.
Así, al estimar que estaba latente la posibilidad de un enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública -por la falta de justificación del origen del dinero y de la legitimidad de su posesión- solicitó sin éxito el traspaso de las actuaciones a los tribunales cordobeses.
En un caso con mar de fondo político, Vaca Narvaja le ordenó al fiscal que siga indagando sobre el rol de los dirigentes.
Cabe recordar que recién en marzo trascendió que Accastello figuraba en el expediente, pese a que la intervención de las cajas de la empresa se produjo mucho tiempo antes.
Cuando se detectó la titularidad, el hecho de que el ex candidato “K” a la gobernación tuviera acceso a los fondos generó controversia y, entre otras cosas, causó la “migración” de varios legisladores del bloque de Córdoba Podemos.
La conexión de Accastello con la instrucción de las actuaciones generadas hace dos años; las versiones que lo vincularon a la quiebra del diario La Mañana de Córdoba y las denuncias en su contra por la difusión de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que señaló que el Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder), que administró durante años, cobró sobreprecios de hasta un 148 por ciento, frustraron las expectativas del político de volver al peronismo local.
Su situación se complicó cuando trascendió que figura en la causa en la cual el diputado por el Frente para la Victoria (FpV) y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quedó imputado por presunto desvío de fondos públicos en la remodelación del anfiteatro de Villa María.
El fiscal Ramiro González interviene en instrucción que comenzó con la denuncia presentada en el fuero Federal por el ex integrante del Tribual de Cuentas villamariense, José Naselli (Democracia Cristiana), quien aseguró que durante el mandato de Accastello se sustituyó el convenio original que se firmó en el 2009 para los trabajos en el anfiteatro comunal, con el fin de “justificar” el desvío de fondos.
Con el rechazo de Vaca Narvaja al pedido de Senestari, es previsible que el asilamiento político el otrora referente del kirchnerismo local se acentúe.
Si bien la “megacausa CBI” se perfilaba como la oportunidad para que la Justicia esclareciera, entre otras cosas, cómo se financia la política en Córdoba, hasta ahora los resultados son magros.
Con rumores de insuficiencia probatoria y de fallas en la descripción de los hechos, a horas de que comenzara la feria de invierno Senestrari le pidió a Vaca Narvaja el procesamiento de los imputados, algo que el magistrado no resolvió y es improbable que disponga si se tiene en cuenta que la Cámara Federal de Apelaciones declaró la nulidad del embargo millonario dictado en contra de los 37 vinculados a las maniobras irregulares efectuadas por la financiera.
Con el decisorio de la Alzada -que revocó la medida que solicitó en su momento Senestrari y concedió Vaca Narvaja- también “cayeron” las inhibiciones de bienes y las prohibiciones para salir del país dispuestas en contra de los sospechosos. El juez “debe” los fundamentos en base a los cuales embargó a los encartados, una medida que, según la superior, concedió sin cumplir “exigencia legales mínimas”.
El tribunal no se quedó ahí y subrayó que la resolución “sólo contiene afirmaciones genéricas” y que “carece de un mínimo razonamiento autónomo”; es decir, opinó que Vaca Narvaja siguió, sin mayores consideraciones, el paso procesal que le propuso el fiscal.
No sólo el desempeño del juez Vaca Narvaja está bajo la lupa. En septiembre del año pasado, cuando la Cámara apartó a Ricardo Bustos Fierro, le reclamó a Senestrari que procediera con “agilidad y precisión”, valorando que a pesar de a la “actividad procesal importante” que generó la causa, no se le daba a la sociedad “una respuesta categórica” en relación a qué episodios con relevancia jurídico-penal investigados. “La mera cita de artículos del Código Penal no satisface ese deber, porque los hechos son relatados de manera muy general”, consignó también.
También exhortó a Senestrari a ahondar “con agilidad y precisión” en la pesquisa, algo que no pudo o no logró hacer, en vista de la marcha del proceso, casi paralizado. Ante esa situación, Vaca Narvaja ordenó nuevas medidas.
