La abogada Adriana Donato será la próxima titular del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y remover a los jueces nacionales y federales.
Paralelamente, ayer se constituyó en el Congreso la Comisión de Seguimiento y Control del Ministerio Público, con la presidencia de la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador).
La creación de la bicameral se aprobó el junio, pero la tensión política que generó la negativa de Alejandra Gils Carbó a dejar su cargo postergó las reuniones.
No obstante, Cambiemos logró avanzar en su plan para removerla. Ahora, con la comisión en marcha, el Poder Ejecutivo deberá presentar una propuesta ante el Parlamento. La idea podría funcionar, ya que pese a que es minoría en la Cámara Alta habría una negociación en marcha con el peronismo.
Para el macrismo, el reemplazo de Gils Carbó –la fundadora de Justicia Legítima- es un paso vital para intentar desmantelar la red de militancia que tendió el kirchnerismo en los tribunales, en donde nombró a cerca del 80 por ciento de los funcionarios; casi todos, abiertamente “K”. Ya en retirada, el anterior Gobierno se encargó de “colocar” jueces, conjueces, defensores y fiscales leales a sus intereses en casi todas las provincias.
La llegada de Donato a la presidencia del Consejo de la Magistratura también es fruto de un concierto. La letrada ingresó al cuerpo en el 2014, en la lista “Gente de Derecho”. En esa oportunidad, compitió en alianza con el PRO y como consejero suplente figuraba Germán Garavano, el actual ministro de Justicia de la Nación.
Hay un acuerdo entre los estamentos con el fin de excluir al kirchnerismo de los puestos críticos. Por su buena relación con Garavano, Donato liderará el organismo con el visto bueno del Gobierno y de sus aliados
Para el Gobierno, el funcionamiento del consejo es clave; en especial, por la gran cantidad de expedientes en trámite por actos de corrupción cometidos durante la gestión del kirchnerismo.
De hecho, en julio puso en marcha auditorías en los tribunales Federales con competencia en materia Penal de todo el país, con el foco puesto en las causas en las que están involucrados funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, para intentar determinar eventuales desmanejos o arbitrariedades durante los últimos 20 años. Es previsible el resultado de la pesquisa defina la continuidad de muchos funcionarios.
La medida fue solicitada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y fue aprobada por todos los consejeros presentes. Héctor Recalde y Victoria García, del Frente para la Victoria, se retiraron antes de la votación, tras expresar su oposición a la propuesta.
En los juzgados dependientes de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la tarea quedó a cargo del ex vicegobernador radical Luis Molinari Romero, quien forma parte del cuerpo de auditores de Poder Judicial. Luego de la feria comenzaron a llegar a la sede de la ciudad los primeros oficios con los requerimientos de información.
Cabe recordar que el año pasado el kirchnerismo intentó desplazarlo de su cargo, sin éxito. También trató de remover a otros auditores relacionados al radicalismo, presentando denuncias en el consejo que, finalmente, no tuvieron efecto.
Los sectores judiciales vinculados a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima aducen que con la auditoría el macrismo, a través del consejo, “busca condicionar a los jueces”. Ante ello, Miguel Piedecasas, actual titular del organismo, minimizó ese punto de vista y destacó que, por su amplitud, la tarea de los auditores es inidónea para presionar a los magistrados. Además, señaló que, en general, los actores de la Justicia mostraron predisposición para colaborar.
La semana pasada, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal informó que ya terminó la auditoría. El documento final surgió de la labor conjunta de los auditores y de los jueces del Máximo Tribunal Penal e incluye un detalle de 363 causas vinculadas a delitos de funcionarios públicos tramitadas hasta su finalización.
Integración
El Consejo de la Magistratura está integrado por dos abogados, tres jueces, tres senadores y tres diputados nacionales (dos por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Poder Ejecutivo y otro de las universidades nacionales.
Hasta diciembre del año pasado la mayoría estuvo en manos del kirchnerismo, pero con el cambio de gobierno el número favorece al macrismo, que está a un voto de lograr la mayoría especial para aprobar cualquier tema.
Si suma a sus aliados, tiene las siete voluntades que se necesitan para aprobar a las nuevas autoridades del Consejo.
