Se esperaba que esta semana el juez Miguel Vaca Narvaja definiera alguna situación en el marco de la causa CBI, virtualmente estancada en los tribunales Federales.
Cabe recordar que luego de más de dos años de investigación y con un expediente de unas 20 mil fojas, la paralización de las actuaciones se agudizó a fines de agosto, cuando la Cámara de Apelaciones declaró la nulidad del embargo millonario ordenado por el magistrado en contra de los 37 imputados.
Con el decisorio de la Alzada -que revocó la medida que solicitó en su momento el fiscal Enrique Senestrari- también “cayeron” las inhibiciones de bienes y las prohibiciones para salir del país dispuestas.Pese a los rumores de insuficiencia probatoria y de fallas en la descripción de los hechos, a horas de que comenzara la feria de invierno Senestrari le pidió a Vaca Narvaja el procesamiento de los imputados. Si bien el fiscal sostuvo que hay elementos de cargo suficientes y que el caso podría elevarse a juicio “en breve”, es poco probable que haya una decisión al respecto, en vista de los planteos que Vaca Narvaja tiene en la columna del “debe”.
En los próximos días, debería plasmar los fundamentos en base a los cuales embargó a los encartados, una medida que, según la Alzada, concedió sin cumplir “exigencia legales mínimas”.
El tribunal subrayó que la resolución sólo contenía “afirmaciones genéricas” y que carecía de “un mínimo razonamiento autónomo”; es decir, estimó que el sentenciante siguió, sin mayores consideraciones, el paso procesal que le propuso el fiscal.
El último planteo que hizo Senestrari en la causa y que aún debe definirse involucra al ex intendente del Villa María y ex candidato a gobernador por el kirchnerismo, Eduardo Accastello. El representante del Ministerio Público sostiene que no tiene competencia en el tramo de la pesquisa en la que se investiga el origen de los 290 mil dólares que el ex mandatario de Laguna Larga, Fernando Boldú (Córdoba Podemos), tenía en una caja de seguridad de la financiera.
Cuando se detectó esa titularidad, el hecho de que Accastello tuviera acceso a los fondos generó controversia y, entre otras cosas, causó la “migración” de legisladores del bloque de Córdoba Podemos.
La conexión de Accastello con la instrucción; las versiones que lo vincularon a la quiebra del diario La Mañana de Córdoba y las denuncias en su contra por la difusión de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que señaló que el Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder), que administró durante años, cobró sobreprecios de hasta un 148 por ciento, tuvieron su costo político y frustraron las expectativas del político de volver al peronismo local. La situación de Accastello se complicó el miércoles, cuando trascendió que figura en la causa en la cual el diputado por el Frente para la Victoria (FpV) y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue imputado como partícipe en una maniobra de desvío de fondos públicos en la remodelación del anfiteatro de Villa María.
El fiscal Ramiro González interviene en la pesquisa que se instruye a raíz de la denuncia presentada en el fuero Federal por el ex integrante del Tribual de Cuentas de Villa María, José Naselli (Democracia Cristiana), quien aseguró que durante el mandato de Accastello se sustituyó el convenio original que se firmó en el 2009 para los trabajos en el anfiteatro comunal, con el fin de “justificar” el desvío de fondos.
Traspaso
Para Senestrari, si bien no hay elementos de prueba que determinen la existencia de un delito en el ámbito federal, está “latente” la posibilidad de que haya habido un enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública y, por eso, solicitó el traspaso de las actuaciones a los tribunales cordobeses, un movimiento improbable.
La situación tiene mar de fondo político. Cabe recordar que recién en marzo trascendió que Accastello figuraba en el expediente, pese a que la intervención de las cajas de la empresa se produjo mucho tiempo antes.
El desempeño de Vaca Narvaja quedó bajo la lupa cuando se anularon los embargos que dictó, pero no es la primera vez que el tribunal hace llamados de atención en el proceso. Hace un año, cuando apartó a Ricardo Bustos Fierro, le reclamó a Senestrari que procediera con “agilidad y precisión”.
Para el tribunal, pese a la “actividad procesal importante” que generó la causa, no se le daba a la sociedad “una respuesta categórica” en relación a qué hechos con relevancia jurídico-penal investigados. “La mera cita de artículos del Código Penal no satisface ese deber, porque los hechos son relatados de manera muy general”, consignó, propiciando una valoración de las pruebas “en forma precisa, clara y circunstanciada”.
