El Programa de Equidad Impositiva (PEI), del Ministerio de Finanzas de Córdoba, busca aumentar la recaudación en base a reducir la mora y la evasión; trabaja con diez equipos de fiscalización integrados por un total de 50 inspectores. En lo que va del año 2016 se fiscalizaron 10.479 establecimientos que desarrollan actividades comerciales y/o realizan prestación de servicios y en el 90% se detectaron irregularidades.
Según datos de Finanzas, las irregularidades más frecuentes son la existencia de saldos adeudados en el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos (25% del total de irregularidades detectadas); evasión del pago del impuesto de Sellos en el contrato de locación (19%); realización de una actividad no declarada (12%); falta de presentación de la declaración jurada de Ingresos Brutos (10%); o bien cuestiones formales en la facturación o conformación de comprobantes de venta (12%).
En los próximos meses Finanzas prevé la extensión de los operativos a contribuyentes que se dediquen a otras actividades, como es el caso de la industria.
A través de la visitas se busca verificar si el contribuyente cumple con las normas tributarias, especialmente las referidas a ingresos brutos y sellos. Se verifica si el establecimiento está inscripto correctamente para realizar su actividad; si emiten facturas y presentan las declaraciones juradas correspondientes, entre otras obligaciones fiscales. Además, si existen deudas impositivas se refuerza sobre el contribuyente la presión para que salga de la situación de mora.
Del total de contribuyentes fiscalizados la mitad está en la ciudad capital, en tanto que un 18% pertenece a la zona de Río Cuarto; 15% a San Francisco; 12% a Villa María y el 6% restante a Villa Carlos Paz.
En la ciudad capital entre las zonas y rubros relevados se encuentran el microcentro; la zona comercial de los barrios Villa Belgrano, Cerro de las Rosas, Alta Córdoba; la zona gastronómica de Barrio Güemes y la venta de repuestos para automotores del Boulevard Las Heras.
En el interior se visitaron 51 localidades, entre las que se destacan, Villa Allende, Laboulaye, Sampacho, Berrotarán, Marcos Juárez, Bell Ville, Luque, Alta Gracia, La Falda, Cosquín, Cruz del Eje, Las Varillas, Morteros, Brinkmann, Balnearia, Freyre, La Cumbre, Laguna Larga, entre otras.
En la última década la presión tributaria en el país creció 66%: los impuestos pasaron del 25,6 al 42,5 por ciento del PBI entre 2005 y 2015. En ese contexto, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, plantea que no hay espacio para crear o subir impuestos por lo que la mejora de los ingresos tiene que llegar vía una mejora en la administración tributaria.
El PEI incluye mejores servicios (simplificar relación entre contribuyentes y Estado), gestión ágil de deudas, intensificación de controles y manejo rápido de juicios. La intención es que el contribuyente sepa que lo esperan sanciones si no cumple. Por ejemplo, el juicio promedio para cobrar tributos era de casi tres años y se espera reducir ese lapso a uno.
Entre los modelos de fiscalización que se usan para los 82 mil contribuyentes que pagan un monto fijo en Ingresos Brutos (alrededor del 40% del total) se instrumentó un cruce de datos de ventas con tarjeta de crédito mayores a 250 mil pesos y compras de mercadería mayores a 200 mil pesos; así hace unos meses aparecieron 15 mil casos incompatibles con la categoría declarada.
En la última década en la provincia se iniciaron 1,2 millones de juicios tributarios, de los cuales todavía el 47,6% está en marcha. De los terminados, el 24,1% fueron cobrados.
En lo que va del año, como adelantó Diario Alfil, la recaudación cordobesa quedó 0,2% por debajo de la inflación; el promedio país que -según un estudio del Iaraf- alcanza el 0,3%. La caída es consecuencia de la combinación entre la baja de la actividad, que afecta la recaudación propia y los fondos coparticipados, y de la inflación.
