El plazo que los intendentes radicales y del PRO le dieron al gobierno provincial para que resuelva administrativamente su reclamo por los fondos que no han sido coparticipados vence hoy. Ahora, podría abrirse la vía judicial.
Los intendentes opositores aseguran que la Provincia le adeuda a los municipios y las comunas más de 2 mil millones de pesos (hasta ahora eran 1.600 millones pero actualizaron el número al agregarse un mes más), por la creación de fondos no coparticipables y por la fracción del dinero que la Nación aceptó dejar de recortarle a Córdoba para cubrir el déficit del Anses, entre otros conceptos.
La decisión que tomen hoy los intendentes de los entes de la UCR y del Comupro (PRO y Frente Cívico) podrá endurecer todavía más las relaciones con el gobierno de Juan Schiaretti, al que acusan de tener con ellos el mismo comportamiento discrecional que la administración kirchnerista tenía con la provincia de Córdoba.
El jefe de los intendentes (de la UCR, pero en general de todos los que realizan este reclamo), el radical Ramón Mestre, encabezó ayer en Tanti una reunión para ratificar sus pretensiones.
Los intendentes actualizaron el monto de su reclamo y lo llevaron exactamente a 2.058.000.087 pesos.
En el documento final del encuentro aseguraron que su planteo es “equivalente al que en algún momento la propia provincia de Córdoba más Santa Fe y San Luis le iniciaron a la Nación”. “Reclamo que contó con nuestra solidaridad ante la instancia de la Corte Suprema de Justicia”, recordaron.
Los intendentes sostuvieron que “no queremos confrontación ni un espectáculo que la ciudadanía tampoco necesita. Pero sí queremos respuestas y por eso iniciamos esta acción hace un mes, y ante la negativa al diálogo, seguiremos profundizando el reclamo en base a los montos de Coparticipación injusta e indebidamente retenidos a los municipios de nuestra Provincia”.
Asimismo, puntualizaron que “acaba de salir un nuevo informe de Latinobarómetro donde vuelve a caer la aprobación de la democracia en la región, y dentro de los hechos centrales que explican ese fenómeno, aparece con mucha fuerza la insatisfacción ciudadana con los servicios públicos. Por eso, lo que se pone en juego en Córdoba es la calidad de la democracia misma. Asimismo, desde la autonomía modelo que Córdoba ha establecido para todo el país, no puede pensarse ni consolidarse el federalismo como una mera técnica de organización constitucional que luego se traduce en letra muerta.
“También lo que está en juego es el verdadero federalismo”, recalcaron. “Y ese federalismo –sigue el documento- no fue un producto teórico de gabinete. Los argentinos sufrimos años de guerras civiles para consagrar el sistema federal y Córdoba fue una abanderada en ese sentido. Asistimos a un juego delicado de responsabilidades y uso de potestades. Ni democráticas ni federales.
Ahogo fiscal
En uno de los párrafos más duros del documento, afirman que “el ahogo fiscal es una práctica hegemónica que persigue subordinar la voluntad de quien se encuentra en otro lugar diferente al poder central. No es esta la Córdoba que queremos”.
Finalmente, consideraron que “trabajamos -y queremos seguir haciéndolo- en el marco respetuoso de una relación política con la provincia, pero así como la provincia tiene serios problemas para poder responder a temas que son de su competencia (por ejemplo la seguridad que es un reclamo que nunca acaba), nosotros también tenemos que responder a un montón de justos reclamos ciudadanos con un dinero que nunca llega. Y estamos en una realidad agobiante que no es solamente nuestra, es de cada vecino”.
