CBI: Senestrari despegó a Accastello

El fiscal pidió que el tramo de la pesquisa por los dólares a los que tenía acceso el ex candidato “K” en Córdoba pase a los tribunales provinciales. Dice que no tiene datos que le permitan inferir que se haya cometido un delito en el ámbito federal.

accastelloEn el marco de la causa CBI, virtualmente estancada en los tribunales Federales, el fiscal Enrique Senestrari sostiene que no tiene competencia en el tramo de la pesquisa en la que se investiga el origen de los 290 mil dólares que el ex intendente de Laguna Larga, Fernando Boldú (Córdoba Podemos), tenía en una caja de seguridad de la financiera.
Cuando se detectó esa titularidad, el hecho de que el ex intendente de Villa María y ex candidato “K” a la gobernación, Eduardo Accastello, tuviera acceso a los fondos generó controversia y, entre otras cosas, causó la “migración” de legisladores del bloque de Córdoba Podemos.
La conexión de Accastello con la instrucción del expediente generado hace dos años; las versiones que lo vincularon a la quiebra del diario La Mañana de Córdoba y las denuncias en su contra por la difusión de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que señaló que el Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder), que administró durante años, cobró sobreprecios de hasta un 148 por ciento, tuvieron su costo político y frustraron las expectativas del político de volver al peronismo local.
Senestrari le solicitó al juez Ricardo Bustos Fierro que declare su incompetencia para entender en las actuaciones en contra de los ex mandatarios comunales, ya que –según aseveró- no hay elementos de prueba que determinen la existencia de un delito en el ámbito federal.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público estima que está “latente” la posibilidad de que haya habido un enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública y solicitó el traspaso de las actuaciones a los tribunales cordobeses; ello así, porque aseguró que pese a que no cuenta con datos que le permitan sostener la hipótesis de lavado de activos o evasión de impuesto, ni el origen del dinero ni legitimidad de posesión están certificados.
Ahora, Bustos Fierro deberá resolver una situación con mar de fondo político. Cabe recordar que recién en marzo trascendió que Accastello figuraba en el expediente, pese a que la intervención de las cajas de la empresa se produjo mucho tiempo antes.
La “megacausa CBI” se perfilaba como la oportunidad para que la Justicia esclareciera, entre otras cosas, cómo se financia la política en Córdoba, pero no se han dado avances.
Luego de más de dos años de investigación y con un expediente de unas 20 mil fojas, la paralización de las actuaciones se agudizó cuando la Cámara Federal de Apelaciones declaró la nulidad del embargo millonario dictado en contra de los 37 imputados, vinculados a las maniobras irregulares efectuadas por la financiera.
Con el decisorio de la Alzada -que revocó la medida que solicitó en su momento Senestrari y concedió el juez Miguel Vaca Narvaja- también “cayeron” las inhibiciones de bienes y las prohibiciones para salir del país dispuestas en contra de los sospechosos.
La instrucción comenzó a principios del 2014, tras el suicidio del vicepresidente de la compañía, Jorge Suau, que destapó una defraudación millonraria.
Hasta ahora, la investigación criminal no ha dado mayores resultados, pese a que se especulaba que con el cambio de Gobierno Senestrari –confeso militante kirchnerista- iba a tener más “margen de maniobra”.
Pese a los rumores de insuficiencia probatoria y de fallas en la descripción de los hechos que le enrostra a los encartados, a horas de que comenzara la feria de invierno Senestrari le pidió a Vaca Narvaja el procesamiento de los imputados.
En los próximos días, Vaca Narvaja debería plasmar los fundamentos en base a los cuales embargó a los imputados, una medida que, según la Alzada, concedió sin cumplir “exigencia legales mínimas”.
El tribunal no se quedó ahí y subrayó que la resolución “sólo contiene afirmaciones genéricas” y que “carece de un mínimo razonamiento autónomo”; es decir, estimó que Vaca Narvaja siguió, sin mayores consideraciones, el paso procesal que le propuso el fiscal.
No sólo el desempeño del juez Vaca Narvaja está bajo la lupa. En septiembre del año pasado, cuando la Cámara apartó al magistrado Ricardo Bustos Fierro, le reclamó a Senestrari que procediera con “agilidad y precisión”.
Para el tribunal, pese a la “actividad procesal importante” que generó la causa, no se le daba a la sociedad “una respuesta categórica” en relación a qué hechos con relevancia jurídico-penal estaban siendo investigados.
“La mera cita de artículos del Código Penal no satisface ese deber, porque los hechos son relatados de manera muy general”, consignó también.
En esa tesitura, propició “una valoración de las pruebas producidas en forma precisa, clara y circunstanciada” e instó a Senestrari a ahondar “con agilidad y precisión” en la pesquisa. En vista de la marcha del proceso, el fiscal sigue sin rumbo.