Por Reforma Política, Córdoba podría tener 6 diputados más

El dictamen que se debate en la cámara baja podría incluir la actualización del cálculo poblacional para la asignación de diputados nacionales por provincia, como establece la Constitución Nacional.

Por Marcos Duarte

2016-08-23_ABACO reformaLa discusión sobre el proyecto de reforma política elevado por el ejecutivo nacional tuvo un giro inesperado en los últimos días. En las comisiones en las que se trata la iniciativa, crece el consenso para cumplir con un mandato constitucional largamente postergado: el ajuste de la representación de cada provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.
El impulso de esta idea se basa en una realidad incontrovertible, la distribución de los diputados nacionales por provincia nada tiene que ver con el desarrollo poblacional de cada una de ellas. Esta es la razón por la que Córdoba, segundo distrito en cantidad de electores, elige menos representantes que Santa Fe, que le sigue en el tercer puesto, y muchos menos que la Ciudad de Buenos Aires que se encuentra en el cuarto lugar.
La Constitución Nacional establece en su artículo 45 “La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”. A pesar de la claridad del mandato, nunca pudo reunirse el consenso necesario para hacerlo efectivo.
La causa de estas distorsiones viene de lejos. La llamada Ley Bignone (por el último presidente de facto) afectó gravemente la proporción constitucional. Elevó de 3 a 5 el piso mínimo de diputados por provincia. Además, al número de diputados que les corresponde conforme con la relación habitantes-diputados, se les suman tres por cada distrito. A partir de esto, las provincias con menos electores se encuentran beneficiadas en desmedro de las más populosas. Por otro lado, se estableció que ninguna provincia podría tener menos representantes que los que ostentaban al 23 de marzo de 1976.
El reclamo de los representantes de las provincias subrepresentadas es histórico en la cámara baja. En varias oportunidades hubo iniciativas de distintos sectores con el objeto de actualizar el cálculo, todas ellas sin éxito.
Lo extraño, o no tanto, es que una iniciativa tan postergada encuentre consenso en el momento de mayor fragmentación política en diputados. Como hacía tiempo no ocurría, hoy ningún espacio político ostenta la mayoría absoluta y se hace necesaria la negociación interpartidaria. Según trascendió, maduraría un consenso mayoritario entre distintos bloques para hacer operativo el mandato constitucional.
Un arco partidario que se extendería desde el bloque de Cambiemos hasta la bancada del FIT, pasando por los representantes de UNA (Massa-De la Sota) y legisladores del Partido Socialista, estaría dispuesto a avanzar con la aprobación. Esto garantizaría la aprobación en la cámara baja.
En la cámara de senadores, el trámite sería más dificultoso. El bloque del Frente para la Victoria ostenta la mayoría absoluta y no tendría una posición única. Los miembros provenientes de las provincias menos populosas se resistirían a perder peso relativo, mientras que quienes representan a las provincias grandes, en especial la de Buenos Aires, estarían a favor del recalculo.
Las disidencias son lógicas. En un cálculo estimativo, manteniendo los pisos y las cuotas asignadas por ley, la cámara baja incoproraría 50 miembros más. La provincia de Buenos Aires crecería en 30 diputados (llegando a 100); la de Córdoba pasaría de 18 a 24; Santa fe crecería de 19 a 23; mientras que la Ciudad de Buenos Aires, que debería perder 4 bancas, mantendría sus 25 solo en el caso de que se mantenga vigente la norma que evita que las provincias tengan menos representantes que en 1976.
De esta manera, el debate de la reforma política podría tomar un rumbo no previsto hasta el momento y saldar una deuda histórica con la Constitución Nacional.