Por la falta de resultados de la mediación del Ministerio de Trabajo provincial entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), la entidad retomó las reuniones informativas y comenzó a prepararse para definir los pasos a seguir.
La mesa de negociación entre el TSJ, la Agepj y la cartera a cargo de Omar Sereno era para comenzar a darle marco a un nuevo sistema salarial, pero según fuentes del gremio en el último encuentro entre las partes no se dieron avances al respecto.
El malestar generado en el sector por el discontinuo desarrollo de la negociación que, en su momento, abrió la intervención de Sereno, ocasionó el fin de la tregua.
Si bien la “mediación voluntaria” ministerial cortó la racha de paros e interrupciones del servicio de Justicia que se dio durante el primer semestre del año, en el marco del histórico reclamo salarial del gremio, ante la ausencia de resultados es previsible que se genere una nueva crisis.
Cabe recordar que pese a haber llevado a cabo tres medidas de fuerza, los trabajadores de la Justicia se fueron de vacaciones sin novedades sobre la suerte de sus haberes, ya que la entidad aceptó la prórroga que le solicitó Sereno en las negociaciones.
Muchos empleados manifestaron su disconformidad con esa decisión, pero otros leyeron la actitud del gremio como una estrategia de “cedo ahora y pido después”, en sintonía con su estilo dialoguista.
Lo cierto es que las conversaciones se estancaron y los resultados no llegaron.
Las expectativas estaban puestas en las charlas que comenzaron en junio, cuando decidieron suspender las acciones directas y esperar los resultados de la gestión de Sereno.
Vencida la validez de la mediación a la que accedió, la Agepj levantó la guardia y ahora la nueva “élite gremial” afín al kirchnerismo -encabezada por Federico Corteletti, Belén Juárez y Adrián Valán- se enfrenta a una situación de incertidumbre, agravada por el complejo contexto económico.
El Gobierno provincial enfrenta un panorama de alta conflictividad gremial y el reclamo de los judiciales no está entre sus prioridades.
Por su parte, la posición del TSJ es que la pretensión de una modificación en el mecanismo de retribución excede su competencia. El vocal Carlos García Alloco declaró que reformar la actual coexistencia de sistemas salariales es un paso más profundo que disponer un mero aumento y que, por esa razón, está fuera del alcance del Alto Cuerpo a nivel presupuestario. De esa manera, una posible vía de solución sería una redefinición del presupuesto que recibe el TSJ, pero hasta ahora no se han dado pasos al respecto.
La Agepj critica lo que califica como una “doble política salarial” entre funcionarios y empleados; es decir, que los ingresos de los primeros estén “atados” por ley a la Corte y que los sueldos de los segundos hayan quedado “encadenados” a la pauta salarial de la Provincia.
En concreto, los empleados piden que sus ingresos suban “enganchados”, mediante un porcentual, a los de los funcionarios. También reclaman que se les devuelva el 1 por ciento de la bonificación por antigüedad fue recortada durante la emergencia económica de 1995 y que comenzó a ser recuperada en las paritarias del 2015 por todos los empleados públicos, salvo ellos.
De esa manera, sin “enganche” de sueldos y sin 1%, los judiciales insisten en su condición de “rezagados”.
Hasta ahora, la conducción logró avances en otro de los reclamos históricos: la carrera. El sindicato calificó como positivo el reciente anuncio de 136 efectivizaciones de contratados, que junto a las 70 que ya se dispusieron totalizan 206. A eso se suman los 3.500 ascensos que el TSJ ordenó en mayo.
