La reforma política es una idea que gozó de un consenso casi unánime durante la campaña presidencial del 2015, no hubo candidato ni espacio político que no reservara su asiento en el tren transformador. Como era esperable, cuando los slogans se trasladaron al texto surgieron los conflictos de intereses.
La causa de los desacuerdos no es complicada: el sistema electoral neutro simplemente no existe. Cualquiera sea el modelo de que se implemente tiene consecuencias políticas y, en consecuencia, sectores afectados. Esto es absolutamente lógico y lo deseable es que los actores en disputa alcancen el mayor acuerdo posible sobre las reglas del juego.
El gobierno nacional tomó el tema como una prioridad política. Luego de un semestre de consultas con distintos sectores involucrados, el proyecto fue ingresado al Congreso. El encargado de la redacción fue Adrián Pérez, titular del área específica que actúa bajo la órbita del influyente ministro del interior, Rogelio Frigerio.
Precisamente, Frigerio será el encargado de intentar avanzar en acuerdos con los mandatarios provinciales a fin de facilitar la aprobación rápida de la iniciativa. El contexto de la negociación favorece las aspiraciones del ejecutivo, el tema será planteado en el encuentro que mantendrá hoy con los gobernadores y que tiene como principal punto la distribución de fondos federales. La apuesta es que las concesiones presupuestarias favorezcan el trámite parlamentario.
Apenas terminada la reunión con los mandatarios provinciales, el ministro del interior dará el primer paso del trámite legislativo. Mañana, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, comenzará la discusión entre los diputados y Frigerio, quien acudirá acompañado del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.
El bloque de UNA, que responde a Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, ha sido uno de los aliados tácticos de los que el gobierno nacional se valió para obtener la mayoría necesaria en la cámara baja. La posición de los representantes del justicialismo cordobés será clave para la aprobación del proyecto.
El ejecutivo necesita un tratamiento ágil. El diputado nacional de Cambiemos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli,sostuvo que la intención del gobierno es obtener la media sanción “a fines de agosto o principios de setiembre” para luego enviarlo al Senado para su sanción definitiva antes de fin de año. La razón del apuro es el tiempo de implementación que requieren los cambios.
Los primeros signos hacen pensar en una negociación dura. El justicialismo cordobés arrancó el año promoviendo una reforma provincial en consonancia con la propuesta por Mauricio Macri: Luego, giró rotundamente y descartó implementar la Boleta Única Electrónica, elemento central de la propuesta del gobierno nacional.
En este sentido, el diputado nacional de UNA Juan Brügge cuestionó algunos de los puntos centrales de la iniciativa macrista. “En lo que respecta al voto electrónico, entendemos que no se puede aplicar en todo el país para el año que viene, porque son muchas máquinas, es una sola empresa la que maneja este servicio, creemos que tiene que ser un software nacional, es decir de las universidades, tenemos 51 universidades que estarían hoy en condiciones de hacer su propio software y creemos que se tiene que ir a un sistema de votación electrónica como sucede en Brasil, que es mucho más ágil y rápido. Allí votan 110 millones de habitantes y los resultados se conocen a las pocas horas de cerrados los comicios”, sostuvo en una visita a la provincia de Jujuy.
Además, puso dudas sobre la modificación de las Primarias Abiertas y Simultáneas. El gobierno postula que el elector deba optar por una agrupación política y luego seleccionar las opciones contenidas por ella en cada categoría. Con este cambio, eliminaría la posibilidad de “cortar boleta” entre varios partidos en las PASO. Otro punto cuestionado por Brügge fue que, en el proyecto oficial, el ejecutivo mantiene la organización de las elecciones.
De todos modos, las opiniones son preliminares. Seguramente la negociación será encarada por los jefes políticos de Unión por Córdoba y luego el bloque se disciplinará. El principal interesado es José Manuel de la Sota, quien mantiene sus aspiraciones nacionales y seguramente será quien haga valer su opinión.
