Nación avanza a la eliminación de Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta

Un informe privado indica que la desaparición de estos dos impuestos nacionales debería inducir a las provincias y municipios a actualizar sus catastros y modernizar sus sistemas tributarios.

Prat-Gay-alf325-CopyDesde el Gobierno nacional se anunciaron subas de las bases imponibles primero y, más adelante, la eliminación de los impuestos a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. Son tributos de muy baja recaudación que se superponen con los que cobran las provincias y los municipios y, además, generan complejidad administrativa a los contribuyentes.
Uno de los temas que aborda el proyecto de ley de “blanqueo” propuesto por el Gobierno nacional es, precisamente, la eliminación de los impuestos a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. Ambos gravan los activos de las personas.
En el caso del primero, para los contribuyentes que no se acojan al “blanqueo”, la eliminación se aplica de manera inmediata en reconocimiento al pago oportuno de los impuestos. Los que adhieran, lo pagarán de manera decreciente hasta el 2018 inclusive, desapareciendo a partir del 2019.
En el caso de Ganancia Mínima Presunta, el impuesto deja de operar a partir del 2019. La eliminación y el proceso con el que se instrumenta son inéditos y constituyen una innovación positiva respecto de “blanqueos” anteriores.
Un informe de la consultora Idesa analiza cómo afectan estos impuestos a la recaudación total. Según datos de la Afip correspondientes al 2015, Bienes Personales representa el 1,2% del total de la recaudación nacional y el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta equivale al 0,2% de la recaudación. Esto implica que el impacto total de la medida será una disminución de 1,4% de la recaudación total nacional.
Estos datos muestran que la contribución de ambos impuestos a las arcas fiscales es muy baja. Entre los factores que explican su reducida eficacia, está que las provincias son inducidas a mantener subvaluados los inmuebles de sus ciudadanos a los fines de moderar la presión impositiva.
En este sentido, Idesa plantea que la eliminación de estos dos impuestos nacionales debería inducir a las provincias y municipios a actualizar sus catastros y modernizar sus sistemas tributarios. Un desafío similar, pero mucho más complejo e importante, es revisar otras superposiciones como la del IVA nacional con el impuesto a los Ingresos Brutos provinciales y con las tasas municipales sobre el comercio e industria.
Sin subestimar la importancia de avanzar en la transformación del sistema tributario, la principal tarea pendiente es la reforma previsional. El pago de jubilaciones representa el 40% del gasto público nacional y esto aumentará de manera inmediata con la corrección de la movilidad. A esto se suma la devolución del 15% de coparticipación a las provincias y el impacto del continuo envejecimiento poblacional.
“Como ocurrió hace dos décadas, cuando se cancelaron pasivos previsionales con las privatizaciones, ahora se decide consumir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el “blanqueo” con la misma finalidad. Pero rápidamente se presentará otra crisis previsional si se mantienen promesas incumplibles, es decir, reglas de beneficios actuarialmente inconsistentes y regímenes especiales que atentan contra la sustentabilidad financiera y son fuente de irritantes inequidades. Entre los puntos más importantes y sensibles aparecen la necesidad de revisar varias de las cajas provinciales no transferidas y los regímenes de ‘privilegio’ que otorgan haberes superiores y/o requerimientos de aportes y edad menores al régimen general”, agrega.
Esa tarea –que el reporte califica de “colosal”- es delegada por el proyecto a una comisión ad hoc denominada “Consejo de Sustentabilidad Previsional” a la que se le otorgan tres años para elaborar un proyecto de ley con un nuevo diseño de régimen previsional universal, integral, solidario y sustentable. “No sólo el futuro del sistema previsional sino la sustentabilidad de todo el Estado nacional dependen de que esta comisión sea dotada de los insumos técnicos y políticos acordes a la complejidad e importancia del tema”, indica.
Para Idesa “la reducción de los impuestos a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta va en el sentido correcto. Pero el paso decisivo y crucial es darle operatividad al Consejo que tiene la responsabilidad de elaborar la reforma previsional”.