Mediación de Trabajo alivió crisis judicial

La nueva conducción de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial mantiene su perfil orientado al diálogo.

p08-1 Omar serenoLos actores involucrados en el conflicto salarial que puso nuevamente en crisis la actividad del Poder Judicial de Córdoba llegaron a un acuerdo, tras la intervención del Ministerio de Trabajo, que actuó como mediador voluntario.
Hubo amplio consenso entre los empleados judiciales en cuanto a levantar las medidas de fuerza y negociar con el TSJ, en una mesa de diálogo de la cual participará el titular de la cartera, Omar Sereno.
El presidente de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), Federico Cortelletti, anunció que el sector aceptó retomar las conversaciones con el Alto Cuerpo bajo las pautas que estableció Sereno.
Fue la tercera vez que las partes se reunieron en lo que va del 2016. El primer intento de negociación fue en febrero y el TSJ se comprometió a llamar a la entidad para reanudar las charlas, lo que no sucedió hasta fines de mayo, luego de que la Agepj endureciera el plan de lucha que lanzó a principios de abril.
Si bien en esa oportunidad el tribunal dispuso mil ascensos dentro de la planta de personal, de 5.500 plazas, la propuesta no mitigó el enfrentamiento. La tensión generada por el desentendimiento en el plano salarial, con huelga y toma del Palacio de Tribunales incluidas, motivó que el Ministerio de Trabajo convocara a las partes a retomar la comunicación. Ambas aceptaron la “mediación voluntaria” de la repartición, una intervención que el gremio pidió expresamente, hace dos meses.
El encuentro del jueves pasado, posterior al tercer paro del año, fue calificado como “fructífero” por el presidente del tribunal, Domingo Sesín. Lo propio hizo Cortelletti, que lo evaluó positivamente.
La conducción de la Agepj hizo asambleas informativas el viernes, en Córdoba y en algunas sedes del interior, y los dependientes, en general, le dieron su voto de confianza a las tratativas.
Consultado por Alfil, Germán Viani, representarte del fuero del Trabajo, afirmó que los empleados tienen expectativas respecto a los resultados de la “mesa con el Ministerio”, lo cual -según valoró- “implica para todos los actores un fuerte compromiso con el dialogo” . Además, dijo que es imperativo que se hagan esfuerzos conducente a obtener resultados en el mediano y largo plazo.
No obstante, la palabra final surgió de la asamblea extraordinaria que se llevó a cabo ayer, que receptó los mandatos de las delegaciones y decidió ingresar a una nueva etapa de diálogo con el TSJ, con la intervención del Gobierno local, y la suspensión de las medidas de acción directa durante un plazo similar al de una conciliación obligatoria.
El mecanismo ofrecido por la Provincia –una mesa de diálogo y negociación- se perfila como la vía para evitar que el conflicto pase a mayores y que se repita la crisis del 2013, que derivó en la virtual paralización de la actividad judicial durante el segundo semestre del año, mientras Irina Santesteban dirigía el gremio. En ese lapso se concretaron siete medidas de fuerza y el servicio de Justicia fue interrumpido constantemente por asambleas. Pese a todo, la dirigente no logró resultados, lo que selló el triunfo de Cortelletti, encabezando la lista Confluencia, en septiembre del 2014.
Los empleados critican lo que califican como una “doble política salarial” entre funcionarios y empleados; es decir, que los ingresos de los primeros estén “atados” por ley a la Corte Suprema y que los sueldos de los segundos hayan quedado “encadenados” a la pauta salarial de la Provincia.
Hasta ahora, tuvieron una suba del 10 % y se prevé que la Corte otorgue otra en junio, pero ellos resaltan su condición de “rezagados” y recuerdan que integran el único sector de trabajadores que afrontó lo que va del año con una mejora tan acotada.
Liderada por Cortelletti, afín al kirchnerismo, la Agepj, lanzó un plan de lucha y se posicionó de cara al 2016 reeditando sus reclamos históricos y anunció medidas en reclamo de la “porcentualidad”. También reiteraron su pedido por un convenio colectivo que rija su actividad; que se les devuelva el 1% de la bonificación por antigüedad que fue recortada durante la emergencia económica de 1995, durante la gestión del gobernador Ramón Bautista Mestre, y que se establezca la bonificación por título, entre otros planteos.
Quizá por haber sido un año con intensa actividad electoral, en el cual todos los sectores gremiales, si bien mantuvieron sus agendas, se moderaron a la espera de los resultados de los comicios, o tal vez por el perfil más dialoguista del actual secretario del gremio, la Agepj se condujo con relativa tranquilidad el año pasado.
Sin embargo, a principios de octubre de 2015 los delegados se desperezaron y reclamaron 250 puestos para la reestructuración de la carrera, con el fin de darle más movilidad a la planta.
En septiembre de 2014, Corteletti se impuso en las elecciones de la asociación y venció a la lista encabezada por Santesteban, quien comandó la entidad durante dos períodos consecutivos, a partir del 2008.
Si bien simpatizó con la administración de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández después, Santesteban se autodefinía como “militante de izquierda”.
Cortelletti fue parte de la conducción gremial anterior, pero manifestó sus discrepancias, al igual que muchos afiliados, que le cuestionaron a la dirigente la falta de resultados, pese a las muchas medidas y acciones que propuso.
Aunque muchos vaticinaban que el cambio de dirigentes y sus características (más jóvenes y más k) acentuaría el conflicto con el TSJ, el perfil de Cortelletti es menos intenso que el de su antecesora. De hecho, muchos empleados lo definen como “moderado”.
Al parecer, el joven cumplió con lo que declaró cuando fue electo, en el sentido de que estaba en contra de “partidizar el gremio” y su “posicionamiento K” no tuvo mayores repercusiones en la relación de la Agepj con los vocales del Máximo Tribunal.
Pese al alivio de la crisis, el gremio informó que los empleados que trabajaron a código presentarán recursos administrativos por los descuentos del 50 por ciento a los empleados que adhirieron a esa modalidad.