Judiciales y TSJ no acuerdan y mediará el Ministerio de Trabajo

Luego del paro de ayer y la toma del Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Tribunales, la Proincia convocó a las partes a reanudar el diálogo. Los empleados insisten en su condición de “resagados salariales”, mientras el Alto Cuerpo afirma que carece de competencia para disponer cambios en el sistema retributivo.

crdoba-los-trabajadores_466557Tras concretar el tercer paro en lo que va del año, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) siguen sin llegar a un entendimiento en el plano salarial.
La tensión motivó que el Mnisterio de Trabajo los convocara a dialogar, tal como pidió el sindicato, y ambas partes aceptaron la “mediación voluntaria” ofrecida por la Provincia.
El sector comenzó la semana con asambleas y adelantó que no descartaba otra huelga, que finalmete se dio ayer, con acatamiento dispar.
La medida incluyó la toma del Salón de los Pasos Pedidos del Palacio del Palacio de Tribunales, una metodología que los dependientes ya usaron en el 2013, cuando el conflicto derivó en la vitual paralización de la Justicia local durante seis meses, durante el mandato de Irina Santesteban.
Federico Cortelletti, actual titular del gremino, justificó el accionar de la entidad y aseguró que el Tribunal Superior es “absolutamente renuente” a tratar el principal interés de los empleados, relacionado a los ingresos.
Por su parte, Carlos García Alloco, vocal del Alto Cuerpo, declaró que si bien el órgano respeta las decisiones de la Agepj, los empleados judiciales ya están recibiendo un aumento. También señaló que el personal que ascendió recientemente obtuvo mejoras en su retribución.
Para el funcionario, la protesta no tiene tanto que ver con una cuestión salarial, sino con una “vieja aspiración”; es decir, “un cambio de sistema”, algo que -según aseveró- excede la competencia de TSJ.
Cabe recordar que la Agepj critica lo que califica como una “doble política salarial” entre funcionarios y empleados; es decir, que los ingresos de los primeros estén “atados” por ley a la Corte Suprema y que los sueldos de los segundos hayan quedado “encadenados” a la pauta salarial de la Provincia.
En concreto, piden desde hace años que sus ingresos suban “enganchados”, mediante un porcentual, a los de los funcionarios. Paralelamente, reclaman que se les devuelva el 1% de la bonificación por antigüedad fue recortada durante la emergencia económica de 1995 y que comenzó a ser recuperada en las paritarias del 2015 por todos los empleados públicos, salvo ellos.
García Alloco dijo que modificar la actual coexistencia de sistemas salariales (que implica que los sueldos de magistrados y funcionarios equivalgan al 90% de los salarios que establece la Corte, y que el que rige para los dependientes no esté “enganchado” a esas sumas) es un paso “más profundo” que disponer un mero aumento.
“Todos aspiramos a que hay un sistema salarial único en el país, pero eso está presupuestariamente fuera de nuestro alcance”, argumentó el juez.
Hace dos meses, el gremio organizó una marcha hacia el Ministerio de Trabajo, solicitando la intervención de la cartera, con el fin de que el Poder Ejecutivo participe en la negociación.
Si bien no obtuvo respuestas, ante la posibilidad de que se repita la crisis judicial del 2013, el ministro de Trabajo provincial, Omar Sereno, llamó a la conducción de la asociación y al Tribunal Superior de Justicia a moderarse y a negociar.
Hasta ahora, los judiciales tuvieron un aumento del 10 % y se prevé que la Corte otorgue otra mejora en junio, pero el gremio subraya subraya su condición de “resagadado”.
Luego de que la Agepj endureciera el plan de lucha que lanzó a principios de abril, el TSJ la convocó a fines una reunión, a fines de mayo. El encuentro estaba pendiente desde el 23 de febrero, cuando las partes se acercaron por última vez.
Atendiendo a uno de los reclamos, el TSJ dispuso mil ascensos dentro de la planta de personal, de 5.500 plazas, en forma inmediata. Pese a que eso implicó promociones para el 18 % de los dependientes, la propuesta no sirvió para mitigar el enfrentamiento.
Tras el encuentro, consultado por Alfil, Germán Viani, representante del fuero Laboral, indicó que el diálogo no fue satisfactorio porque el TSJ no abordó el tópico de los ingresos y que no se habló de aumentos ni a corto, mediano o largo plazo. Además, detalló que el ofrecimiento se basó en una sugerencia que se le hizo hace meses, consistente en “reconvertir cargos”, tal como permite la legislación sobre presupuesto.
Así, la oferta limitada a la carrera judicial complicó su valoración por parte de los empleados y todo derivó en la profundización de las diferencias.
El primer paro del año fue el 28 de abril. En Córdoba consistió en la suspensión de actividades desde el mediodía y en el interior los dependientes no trabajaron. En ese momento, el gremio cumplió su objetivo de “provincializar” el conflicto.
La segunda medida de fuerza se concretó el jueves 26 de mayo y la tercera fue la de ayer.
En septiembre de 2014, Corteletti se impuso en las elecciones gremiales encabezando la lista “Confluencia” y reemplazó a la combativa Santesteban. La imagen de la dirigente se desgastó por el endurecimiento del pleito con el TSJ, en el segundo semestre de 2013, un lapso durante el cual se concretaron siete medidas de fuerza y el servicio de Justicia fue interrumpido constantemente por asambleas que no dieron resultaron.