“Gestión” de Gato Romero provoca primer roce Provincia-Nación

El intendente de Villa Allende logró que Gendarmería patrulle las calles de la ciudad que comanda el macrismo. El ministro Carlos Massei cuestionó a la responsable de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, por no coordinar acciones conjuntas para combatir el flagelo de la inseguridad.

ilustra-el-gato-con-gendarmeriaEl intendente de Villa Allende movió sus contactos. El exgolfista, Eduardo “El Gato” Romero, logró el patrullaje de las calles de la ciudad del cordón de Sierras Chicas por miembros de Gendarmería Nacional. Sus adláteres repiten el viejo refrán que dice que “el que avisa, no traiciona”, en referencia al presunto aumento de los delitos en la localidad que el macrista de pura cepa viene denunciando en todo micrófono que tiene por delante.
Sus pares, como el viceintendente capitalino Felipe Lábaque apañan la iniciativa. Para brindar seguridad, pareciera que cualquier mecanismo es válido. La “iniciativa” de Romero fue efectista: brindó una respuesta a los vecinos a los que representa valiéndose de su relación de amistad con el presidente Mauricio Macri. Ahora bien, desató un efecto dominó que terminó con la primera fisura en las relaciones entre Provincia y Nación.
El subjefe de Policía, Gustavo Folli Pedetta, defendió a la Policía. Aseguró que el índice de delito bajó en la localidad si se compara estadísticas de años anteriores. El responsable de la fuerza, el ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Massei, situó la polémica en los terrenos del diálogo político que, según las nuevas formas inauguradas en el recambio institucional y democrático de 2015, debería haber sido priorizado.
“Creo que Romero ha tratado de sacar provecho de una amistad con el presidente y en ese sentido quiere defender a su comunidad”, expresó la mano derecha del gobernador Juan Schiaretti a Cadena 3. Siguió el “pero” de rigor que condiciona la aseveración: “Pero, el gobierno Nacional y el de la Provincia deben defender una política de Estado en seguridad que debe prevalecer por cuestiones individuales de cada uno de los municipios. Si no hacen nada en Río Ceballos qué pueden pensar sus ciudadanos”, agregó Massei.
Cierto es que en varios municipios cuestionaron el “privilegio” de Romero y dejaron al desnudo los problemas de inseguridad que azotan sus municipios. En los festejos por la Revolución de Mayo, entre locro y empanadas, varios jefes comunales indicaron la cantidad de patrulleros asignados a sus comunas, acentuando la presunta insuficiencia.
“No es nada en contra del intendente. Él hizo lo que creyó conveniente, pero que no es conveniente para todos los ciudadanos de Córdoba”, concluyó Massei, dejando entrever que no cayó bien en la jurisdicción provincial que la problemática de la inseguridad ocupe nuevamente la escena. Más allá de la polémica mediática que disparó la gestión de Romero para Villa Allende, desde el Panal dejaron registros de la incomodidad generada.
Massei envió una carta a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, manifestando su sorpresa por la asignación de gendarmes para la protección de los vecinos de la localidad próxima a la Capital. Ahora bien, le recordó que el “trabajo mancomunado” forma parte de la nueva cultura política entre jurisdicciones.
“Sin entrar a evaluar esta decisión, veo sorprendido que la misma no haya sido coordinada con este Ministerio a los efectos de que los esfuerzos sean eficaces. Todos queremos que la gente esté más segura. Por eso de haber coordinado con usted esta medida, podríamos haber sumado más acciones de la fuerza de Gendarmería en zonas donde estamos luchando contra la venta de droga, el narco menudeo y el crimen organizado”, escribió Massei.
La exigencia de diálogo compone una imagen que se contrapone a la cumbre de gobernadores que se llevó adelante la semana pasada, con el desembarco de autoridades nacionales a la Casa del Gobierno. Allí la equidad y justicia fueron los conceptos que se buscaron ponderar con la devolución del 15% de la coparticipación retenida a las provincias desde la década del ’90.
El derrame de fondos llegó a la Municipalidad de Córdoba. El intendente Ramón Mestre recibirá fondos por la prestación de servicios de salud y educación, que hasta ahora nunca había cubierto pese a que la jurisdicción es su responsable. El responsable del Palacio 6 de Julio no quedó ajeno a la polémica, aunque buscó una salida que no comprometa su relación política con el macrismo y el fructífero trato con el Ejecutivo provincial. No negó su preocupación por la inseguridad, pero se mostró orgánico: “Mantengo diálogo con Provincia y Nación para coordinar esfuerzos”.