Réplicas políticas en casos por violencia

Los homicidios de mujeres que se dieron las últimas semanas generaron movilizaciones, declaraciones y anuncios varios.

driganiLa investigación por la muerte de la kinesióloga Carina Drigani sigue generando confusión.
El abogado del único detenido, Daniel Baretta, volvió a reclamar la excarcelación de su representado y vinculó a la última pareja de la mujer, Hugo Salas, con el hecho.
Cabe recordar que luego de que Salas denunciara la desaparición de su novia, Baretta –con quien Drigani tuvo dos hijos- fue detenido en la sede del Sindicato de Empleados Públicos, donde trabaja, por amenazas, daño y violación de la restricción de contacto que se había dispuesto a raíz de las denuncias que presentó la mujer.
Desde entonces, pese a no estar imputado, permanece privado de su libertad.
Aunque aún no se esclarecieron las causas del deceso de la fisioterapeuta de 44 años, el defensor de Baretta, Gustavo Núñez, declaró ante medios periodísticos que “el asesino está en libertad”.Carlos Nayi, el patrocinarte de las hijas mayores de la víctima (que fueron admitidas como querellantes particulares en la causa) también apuntó contra Salas, la última persona que vio con vida a Drigani.
Nayi advirtió que Salas les pidió a las jóvenes que cremaran los restos de su madre y denunció que recibieron amenazas.
La Justica ya dispuso que las hermanas sean custodiadas por la policía y se les suministró un botón antipánico.
La mujer desapareció el martes 3 de mayo y encontraron su cuerpo el jueves 5, en el arroyo La Aguada, en la localidad de Icho Cruz.
Desde el primer momento se sostuvo que Drigani fue asesinada, pero con el correr de los días los investigadores comenzaron a barajar la hipótesis de un posible suicidio; en especial, luego de que un testigo declarara que la vio en la zona de Icho Cruz, deambulando cerca del río, el miércoles 4.
Además, no se detectaron signos de violencia en la autopsia, ya que el cuerpo sólo presentada raspaduras en las rodillas. Ahora, el informe toxicológico será clave para determinar las circunstancias del deceso.
Junto con el caso de Lis Funes, la abogada y profesora de música asesinada por su ex pareja mientras dormía, en el barrio cerrado La Estanzuela, la desaparición y posterior hallazgo de Drigani conmocionó a la opinión púbica cordobesa.
Funes y Drigani son dos de las cuatro mujeres asesinadas en Córdoba durante las últimas semanas y la situación propició una manifestación de la sociedad civil en contra de la violencia de género, en la cual los presentes le reclamaron al Estado local que tome medidas para paliar la problemática.
A punto de cumplirse un año de la promocionada y masiva marcha “Ni una menos”, que monopolizó la atención de los medios y fue un éxito de convocatoria en todo el país, el tema se instaló nuevamente en la agenda.
En ese contexto, luego de que se conociera la noticia del crimen de Funes, la ex jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, María Ester Cafure de Battistelli, opinó que la prevención no funciona porque “la manejan varones”.
Los dichos de la actual directora académica de la Oficina de la Mujer del Alto Cuerpo, posicionados en la línea de discurso anti-hombre que sostienen muchas organizaciones y reparticiones estatales y que no conducen más que a generar tensiones innecesarias, causó malestar entre sus colegas de las instancias inferiores, que luchan en una trinchera que Cafure de Battistelli abandonó hace muchísimo tiempo.
Aparentemente, tantos años en la esfera más importante de la Justicia local llevaron a la jueza a olvidar que sus colegas de primera instancia (hombres y mujeres) muchas veces quedan desbordados por la cantidad de trabajo que tienen y por las complicaciones inherentes a la materia que deben resolver.
Luego de la movilización, el Defensor del Pueblo de la Provincia, Mario Decara, insistió con la necesidad de que Córdoba adhiera a la legislación nacional de protección integral a las mujeres.
Decara reiteró el pedido que le hizo en marzo al vicegobernador Martín Llaryora y a los presidentes de los bloques de la Legislatura Unicameral, cuando presentó una iniciativa al respecto.
Córdoba es una de las pocas provincias que aún no adhirió a la ley 26.485 y según la explicó la directora del Consejo Nacional de Mujeres, Fabiana Tuñez, esa situación complicará el envío de fondos desde la Nación.
Con el tema nuevamente instalado en la agenda política, la Provincia creó una comisión interdisciplinaria para propiciar una reforma de la Ley de Violencia Familiar. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, sostuvo que es posible que analice la adhesión solicitada.
Por su parte, la legisladora del bloque de la Unión Cívica Radical, Elisa Caffaratti, pidió que se declarara la emergencia provincial en materia de violencia de género y opinó que no se producen avances legislativos “que permitan revertir las cifras de víctimas”.
La semana pasada trascendió que el Gobierno local analiza adquirir una tecnología más efectiva que los botones antipánico para prevenir ataques, al igual que la Administración nacional y otras jurisdicciones.
Se trata de un dispositivo “dual”, compuestos por pulseras que deben ponerse tanto a la presunta víctima como el supuesto agresor.
A través de un mecanismo de geolocalización, el sistema activa una alarma si detecta la proximidad de los elementos.
Cuando el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se reunió con sus pares provinciales en la presentación de la iniciativa “Justicia 2020”, oficializó que el Gobierno nacional analiza la implementación de las pulseras y Angulo, que participó del encuentro, le pidió una “gestión asociada” para avanzar en las pruebas del dispositivo.
Angulo detalló que es una tecnología de origen israelí que se emplea en otros países pero que aquí podría encontrar obstáculos jurídicos, ya que implica la colocación obligatoria de un artefacto que no se puede quitar a personas que pueden haber sido denunciadas (o imputadas), pero que aún no han recibido condenas.
Si bien aclaró que se discute si se puede obligar a quien técnicamente es inocente a colocarse una pulsera, Angulo valoró que “por encima de la cuestión garantista están las vidas de las mujeres”.
En ese sentido, declaró que él “no tendría inconvenientes” en que la Justicia “encuentre un mecanismo para imponer esta obligación a un imputado”.