Drogas: pese a críticas, para Fiscal General “provincialización” es positiva

Alejandro Moyano expuso ante legisladores de la región centro sobre “narcomenudeo”. Si bien funcionarios y abogados tienen reparos sobre el funcionamiento de las nuevas competencias, el funcionario reiteró su convicción de que el esquema funciona.

Alejandro Moyano fiscal general de Córdoba.
Alejandro Moyano fiscal general de Córdoba.

El fiscal General de la Provincia, Alejando Moyano, expuso en Córdoba sobre el delito de narcomenudeo, ante legisladores de la región centro.
También se refirió al funcionamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), creada en mayo del 2015, la primera unidad de su tipo en el país que, como novedad, está a cargo del Ministerio Público Fiscal y no del jefe de Policía.
Cabe recordar que uno de los factores que contribuyeron a la creación de esa estructura fue el denominado “narcoescándalo”, que involucró al comisario mayor Rafael Sosa. El ex uniformado –actualmente detenido- dirigía el área de Drogas Peligrosas -el “brazo ejecutor” de la Justicia Federal cuando la totalidad de las causas por estupefacientes estaban bajo su órbita. La dependencia dejó de funcionar en abril del año pasado.
Si bien los letrados que litigan en el fuero Penal coinciden al valorar que hay desafíos en lo atinente a la coordinación de las tareas que llevan adelante “las justicias”, Moyano reiteró su convicción de que la “provincialización” es positiva.
Pero no sólo los abogados tienen reparos. El camarista Federal Abel Sánchez Torres declaró recientemente que carecía de “elementos objetivos” para analizar la bondad de la provincialización del narcomenudeo. En ese sentido, dijo que a veces un procedimiento en el que se secuestra poca droga “perjudica investigaciones más profundas”.
Córdoba dejó el narcomenudeo bajo órbita de la Justicia local. Lo hizo en junio del 2012, cuando creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, que tiene dos fiscalías en la ciudad.
La Provincia adhirió a la Ley de Estupefacientes (26.052), que permite que cada jurisdicción combata los delitos que se cometen en el “último eslabón de la cadena de comercialización” de drogas.
Así, asumió competencia en la persecución, investigación, juzgamiento y represión de las figuras de tenencia simple, para consumo personal y con fines de comercialización; comercialización; suministro a título oneroso o gratuito; cultivo de estupefacientes para consumo personal; confabulación para cometer delitos de tráfico desfederalizado y facilitación de un lugar para el consumo. Además, entiende en ilícitos relacionados con el suministro, producción y venta indebida de sustancias medicinales.
En tanto, quedaron a cargo del fuero Federal las causas por narcotráfico. Ya sin Drogas Peligrosas en el mapa, cuenta con la Gendarmería Nacional y con la Policía Federal para llevar adelante las investigaciones.
Sin embargo, no se han dado grandes avances en la materia. La mayoría de los procedimientos los lleva adelante el Poder Judicial de la Provincia y, por lo general, involucran a meros usuarios o a personas que son detenidas con escasas cantidades de estupefacientes, que los venden para subsistir o para solventar sus propias adicciones.
Podría decirse que los “peces gordos” siguen operando cómodamente: Hace años que no llegan ante la Justicia los narcotraficantes que, muchas veces, en la práctica, son “empleadores” de los presos por narcomenudeo.
Hay reparos ante las políticas de “desfederalización”. Un informe del 2014 de la Procuraduría Narcocriminal (Procunar) remarcó que “hay menos posibilidades de realizar investigaciones complejas sobre narcotráfico en las provincias en las que la Justicia local se hace cargo de perseguir la venta al menudeo o microtráfico”.
Según el organismo, al no investigar el narcomenudeo, la Justicia Federal ya no accede a información que le permitiría conocer la existencia del contrabando o narcotráfico de mayor porte.
Los abogados consultados sobre el tema señalan que una de las ventajas que tenía la concentración de los casos en la órbita Federal era que se seguían los lineamientos que fijó la Corte Suprema de Justicia; en especial, en el fallo “Arriola”. En agosto del 2009, el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad del castigo de la tenencia de drogas para consumo personal y trazó pautas de política criminal para abordar el uso.
Así, refirieron que “los federales ni hablaban con los consumidores” y que ahora, tras la provincialización del narcomenudeo, los integrantes de la FPA los llaman “compulsivamente” a declarar.
También opinaron que si bien las fiscalías especiales de la ciudad “se están adaptando lentamente a Arriola”, el perfil es “más punitivista” y que “se reprime al eslabón más débil”; en especial, en el interior provincial.
Mientras el narcotráfico prospera en el país y en la Provincia, quienes “ascienden en la escala social” gracias a los grandes negocios no son detectados por el fuero Federal local y el foco, al parecer, está puesto en los ciudadanos de menores recursos.
No obstante, tras la declaración de la emergencia en Seguridad, en enero, trascendió que el gobierno de Mauricio Macri analizaba implementar el “esquema Córdoba”, que se focaliza en el combate del narcomenudeo. De hecho, el Ministerio de Justicia, Germán Garavano, trabajó como asesor en la elaboración de ese “modelo” y en el diseño de la FPA.