Primer reparto de poder en la UNC tras el 19-M

El Consejo Superior fue ayer el escenario del primer reacomodamiento de los grupos políticos universitarios tras la Asamblea Universitaria que eligió a Hugo Juri como nuevo rector. El cuerpo designó los miembros de la Junta de Apelaciones, plasmando los nuevos equilibrios y proporciones.

Pabellon-Argentina UNCApenas finalizado el intenso proceso electoral que tuvo como resultado la elección del médico Hugo Juri como nuevo rector de la UNC, en la Asamblea Universitaria del pasado 19 de marzo, los universitarios cordobeses dieron el primer paso para zambullirse en las aguas comiciales otra vez.
En este caso, se trata de las elecciones que determinarán la representación de cada uno de los cuatro claustros en los cuerpos colegiados de la UNC: cada uno de los Consejos Directivos (uno por cada Facultad) y el Consejo Superior.
Como disparo de largada, el Consejo Superior designó anoche a los miembros de la Junta de Apelaciones, tribunal de alzada para disputas electorales que no se resuelvan en las juntas electorales existentes en cada unidad académica y a nivel rectoral.
Tras poco más de 15 días de la última elección universitaria, la composición de la Junta de Apelaciones intenta reflejar el nuevo esquema de poder vigente en la UNC.

Elección tácita
El reglamento electoral de la UNC estipula que será la Junta de Apelaciones, conformada por cinco miembros con mandato por dos años, el órgano que deberá resolver las eventuales observaciones o impugnaciones al proceso electoral en calidad de tribunal de alzada con respecto a las juntas electorales de la Universidad o de cada Facultad.
La misma normativa estipula un proceso particular para designar sus miembros, en el que los miembros del Consejo Superior deberían presentar listas de candidatos a conformar la Junta de Apelaciones y votar por ellas, para luego repartir los cinco puestos disponibles a través del método proporcional D’Hont.
Sin embargo, ya es uso y costumbre en la UNC que dicha elección no se realice en los hechos, pero en cambio darla por consumada de manera tácita. Así, los eventuales oficialismos y oposiciones del momento en que deben ser designada la Junta acuerdan las proporciones en que se repartirán los cinco miembros.
En el 2014, cuando el Consejo Superior conformó la Junta de Apelaciones ahora reemplazada, el oficialismo tamaritista acordó ceder dos miembros a la oposición, la cual tan solo un año antes había perdido la Asamblea Universitaria con Alfredo Blanco como candidato a rector.
En aquel momento, el rector Francisco Tamarit decidió compartir la porción oficialista en partes iguales con sus entonces socios Gustavo Irico y Pedro Yanzi Ferreira, quienes designaron respectivamente al médico Pablo Argüello y al abogado Lorenzo Barone. El físico Omar Osenda completaba el trío oficial. Por parte de la oposición, el arquitecto Sebastián Dobis y el contador Facundo Quiroga Martínez conformaban la representación de la minoría.
Las fluctuaciones de poder que suelen protagonizar los universitarios produjo la paradoja de que, si se tuviese en cuenta el realineamiento de Facultades que se produjo tras el anuncio de la candidatura de Juri, cuatro de esos cinco miembros de la Junta formarían parte del actual oficialismo.

Nueva composición
En su sesión de ayer, el Consejo Superior modificó la composición de la Junta de Apelaciones para un nuevo período de dos años. Sin embargo, dos de los miembros titulares continuarán desempeñándose en el tribunal de alzada, en representación del oficialismo. Se trata de Barone, actual vicedecano de Derecho, y Quiroga Martínez, quien se desempeña como secretario técnico en Ciencias Económicas.
Además, formará parte del esquema la vicedecana de Lenguas, Belén Oliva, en representación de una Facultad que pasó de aportar la vicerrectora Silvia Barei a la fórmula de Tamarit a apoyar con contundencia la candidatura de Juri.
La Junta de Apelaciones se completará con la tamaritista Marisa Velasco, quien se desempeñó como prosecretaria general de la UNC durante los dos mandatos de Carolina Scotto, y el abogado Francisco Junyent Bas, quien ha mantenido en los últimos años contundentes posiciones en contra de los gobiernos kirchneristas.